En estos momentos especiales suele ser típico que las empresas y/o profesionales realicemos envíos de felicitaciones navideñas, las cuales nos ayudan a dar una imagen mucho más humana y cercana para con clientes.
Sin embargo, no debemos olvidar que la dirección de correo electrónico es un dato de carácter personal, que se encuentra protegido por la siguiente normativa:

-Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).

-La reciente Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, LO 3/2018 (LOPD).

-Así como la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y comercio electrónico (LSSI), la cual tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, objeto que podemos encontrar reflejado en su propio artículo 1, a lo que debemos dejar claro que las comunicaciones comerciales por correo electrónico son un servicio de la sociedad de la información.

La LSSI prohíbe las comunicaciones comerciales no solicitadas o expresamente autorizadas, par-tiendo de un concepto de comunicación comercial que se califica como servicio de la sociedad de la información y que se define en su Anexo de la siguiente manera:
1. f) "Comunicación comercial: toda forma de comunicación dirigida a la promoción, direc-ta o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional."


De aquí podemos deducir que el envío por parte de una empresa o profesional de una felicitación navideña no podría escapar de esta definición, puesto que se considera como un evidente acto de promoción de la imagen. Pero pasemos a desarrollarlo:
En primer lugar, aclararemos por qué el correo electrónico se considera como un dato de carácter personal, esto es así dado que en la mayoría de los casos el correo electrónico tiene información acerca de su titular, o permite proceder a la identificación de este.


Por lo tanto, una vez que tenemos conocimiento de esto, deberemos estar muy atentos y contar con la solicitud previa o el consentimiento expreso del destinatario (artículo 21.1 LSSI):
1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo elec-trónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.”
Debemos de aplicar esto, a pesar de que resulte algo muy tentador y a la vez muy cómodo a la hora de enviar, ya que su coste es muy bajo y además con solo un “clic” estaremos enviando a toda nuestra lista de contactos.


Debemos de tener siempre en mente que sólo podremos utilizar el correo electrónico como medio para el envío de felicitaciones de Navidad a aquellos usuarios de los que dispon-gamos de un previo consentimiento para la recepción de comunicaciones comerciales.

Un punto para destacar de la LSSI en este ámbito es el siguiente:

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Ya es oficial. Tras dos años de intensos trabajos de elaboración y meses de espera para la aprobación del texto definitivo, el Boletín Oficial del Estado publicó, el pasado 6 de diciembre (BOE núm. 294), la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD), en vigor y con plenos efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín, esto es, desde el viernes 7 de diciembre.

¿Y ahora qué?

Este hecho implica, consecuentemente, y tal y como recoge la disposición derogatoria única de la nueva Ley, la derogación de la LOPD 15/1999, a excepción de sus artículos 22, 23 y 24, que siguen vigentes en tanto en cuanto no sean expresamente modificados, sustituidos o derogados; así como la derogación del Real Decreto Legislativo 5/2018 de medidas urgentes que el Ministerio de Justicia convalidó en el Parlamento, el pasado 27 de julio, para evitar un vacío legislativo hasta que esta nueva Ley se aprobara.

No son pocas las ocasiones en las que hemos indicado que la, ya, Ley Orgánica tiene como finalidad principal la adaptación a la legislación española en materia de protección de datos, de las premisas recogidas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (en adelante, RGPD). Sin embargo, las disposiciones que conforman el nuevo texto normativo van más allá, ya que amplían las obligaciones digitales de las entidades que recojan y lleven a cabo tratamientos de datos de carácter personal con un fin profesional.

¿Por qué motivo se dota de tal importancia a las obligaciones digitales de las entidades?

A día de hoy, es incuestionable el impacto que las nuevas tecnologías tienen en nuestra sociedad en general, y en el ámbito empresarial y educativo en particular, de tal manera que una gran parte de nuestra actividad profesional y privada se desarrolla en la Red. Por ello, y dando respuesta a la imperiosa necesidad de regular, unos derechos digitales, que sean acordes al modelo de vida de la sociedad actual, se crea el Título X denominado “garantía de los Derechos Digitales”.

Conscientes de su importancia, mediante el presente artículo, continuaremos con el análisis, ya comenzado hace unas semanas (post, posty post), de este novedoso Titulo, centrándonos, en esta ocasión, en el desarrollo de los derechos a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (artículo 86) y al olvido digital (artículos 93 y 94).

DERECHO A LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES.

Este derecho, se desarrolla en consonancia con el derecho de rectificación en Internet (artículo 85) ya analizado en el presente blog; concretamente con el apartado tercero de dicho artículo que establece que la atención a la solicitud de rectificación dirigida contra un medio de comunicación digital deberá ir acompañada de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo.

En consecuencia, es el artículo 86, el que articula ese derecho personalísimo que tienen los interesados a solicitar, motivadamente, de los medios de comunicación digitales, la inclusión de ese aviso aclaratorio junto a las noticias que le conciernan y siempre que la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual por el acaecimiento de circunstancias posteriores a la fecha de la publicación.

Como bien sabemos, la publicación de una noticia en los medios de prensa, se encuentra amparado en la libertad de expresión regulada en el artículo 20 de la Constitución Española. Sin embargo, es necesario que la información facilitada a través de dichas noticias sea una información veraz. Si a esto le sumamos que en el caso de que dichas informaciones se publiquen en portales web indudablemente conlleva un mayor efecto divulgativo, con su consecuente repercusión en la protección de datos del afectado; el derecho de actualización cobra una importancia todavía mayor.

Para la atención de este derecho, será necesario, tal y como recoge el precepto objeto del presente análisis, que la información reflejada en los medios de comunicación digital, y sobre la que se solicita una aclaración, cause al interesado un perjuicio para su persona.

¿Cuándo tiene especial relevancia la atención de este derecho de actualización?

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Martes, 27 Noviembre 2018 17:49

La nueva LOPD llega con polémica incluida

 

Tras el rechazo en el Pleno del Congreso de los Diputados a las 32 enmiendas planteadas en el Senado al Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales (PLOPD), el pasado 20 de noviembre el Pleno del Senado aprobó por mayoría absoluta la que pasará a ser nuestra nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales (LOPD), que sustituirá a la ya desfasada LOPD 15/1999.

La nueva LOPD se prevé que entre en vigor en los próximos días y muchas han sido las modificaciones que ha sufrido el Proyecto desde su publicación en el BOE en noviembre del pasado año hasta su actual redacción, siendo la más sugerente el propio encabezado de la Ley, reconociendo y vinculando la Garantía de los Derechos Digitales a la Protección de Datos de Carácter Personal.

La configuración final del articulado de la nueva LOPD es el mismo que se preveía en el informe de la ponencia del PLOPD y Garantía de los Derechos Digitales publicado en el BOE el 9 de octubre del presente año, al no haber sido aceptada ninguna de las enmiendas planteadas en el Senado. La estructura de nuestra nueva LOPD, por tanto, va a ser la siguiente:

- Un total de 96 artículos, divididos en 10 títulos, 22 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias y 16 disposiciones finales.

Ya hemos comentado en otras publicaciones de nuestro Blog las principales diferencias entre la primera versión del PLOPD publicado en noviembre del año pasado respecto a la última versión definitiva publicada el 9 de octubre, que será la que finalmente entre en vigor en los próximos días.

Una de las principales novedades que introduce la nueva LOPD es su Título X, donde se reconocen una serie de derechos digitales, que tampoco se han visto exentos de enmiendas por el Senado, así como de críticas por parte de expertos en la materia, quienes no consideran del todo acertado el incorporar los derechos digitales relativos al ámbito laboral en una ley de protección de datos, y no así en legislaciones que regulen de manera específica las relaciones laborales de los trabajadores, como en la negociación colectiva, o en los propios procedimientos internos de las empresas. Entre dichos artículos se reconocen el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, el derecho a la desconexión digital, derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia, grabación en el lugar de trabajo y el uso de sistemas de geolocalización. Aún es pronto para que podamos prever los efectos jurídicos derivados de la incorporación de estos derechos en una normativa de protección de datos, pero lo que sí debemos tener claro es que todos ellos deberán tenerse en consideración en el resto de los ámbitos de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Para finalizar, debemos hacer referencia a la disposición final tercera de la nueva LOPD que no ha dejado indiferente a nadie. El pasado 18 de abril el Grupo Parlamentario Socialista realizó una enmienda de adición a la nueva LOPD del artículo 58 bis a la L.O 15/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), que contempla el uso de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales.

La enmienda, que ha sido adherida el texto definitivo de la nueva LOPD y contaba en un principio con la aprobación de todos los grupos parlamentarios al no haberse realizado ninguna enmienda al respecto, parece contar ahora con más detractores que defensores.

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En nuestros últimos posts (aquí y aquí) hemos analizado los cambios que ha sufrido el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante Proyecto) durante su proceso de aprobación, hasta el momento no finalizado, encontrándose actualmente en la fase constitutiva del Procedimiento legislativo ordinario. Todo parece indicar que esta redacción del texto legislativo será la definitiva, pero hasta entonces, seguiremos estudiando el contenido del novedoso Título X que el Proyecto dedica a los Derechos Digitales.

Si hace unas semanas centrábamos la atención en los preceptos que el texto dedica a la protección de los menores, el derecho a la educación digital, y el impacto en las relaciones laborales, en esta publicación trataremos cómo el Proyecto regula el derecho de rectificación en Internet.

Como ya hemos venido indicando en recientes artículos, y la propia Exposición de Motivos del Proyecto pone de manifiesto, mediante la inclusión de estas disposiciones se cumple con la tarea de reconocer y garantizar ciertos derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución Española (en adelante CE). En definitiva, derechos que ya se disfrutan en la realidad offline y que hasta ahora planteaban dudas en el entorno online.

¿Qué supone esta premisa en lo que al derecho de rectificación se refiere?

Todos tienen derecho a la libertad de expresión en internet”. Así comienza el artículo 85 del Proyecto dedicado al derecho de rectificación en Internet, aludiendo al derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, reconocido en el artículo 20.1 de la CE.

Ahora bien, es por todos conocido que el derecho fundamental a la libertad de expresión ya sea aplicado o no al ámbito digital, no es un derecho absoluto e ilimitado, toda vez que atendiendo al caso concreto, es posible que prevalezcan otros derechos fundamentales también garantizados en nuestro texto constitucional, tales como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE).

Una de las limitaciones a este derecho fundamental aplicado a Internet viene ahora dada por el derecho de rectificación regulado en el Proyecto. Si bien el derecho de rectificación en el ámbito de los medios de comunicación social ya se regularizó en La Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación (en adelante Ley 2/1984), y esta norma ha sido aplicada en alguna ocasión a informaciones publicadas en medios de comunicación digitales (como por ejemplo en el asunto analizado en la STS 1615/2018), el Proyecto trata de agilizar y explicitar este derecho de rectificación para los contenidos en redes sociales y servicios equivalentes.

Pero ¿cómo lo hace?

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"España, cada vez más cerca de aprobar su nueva LOPD". Esta noticia, ha sido, a lo largo de estas últimas semanas, una de las cuestiones más comentadas, a nivel nacional, en el ámbito de la protección de datos.

Cómo ya mencionamos en nuestro post de la semana anterior, el pasado 9 de octubre, se alcanzó, por parte de los distintos grupos parlamentarios, un consenso político para la aprobación de la nueva versión de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante, Proyecto) que, actualmente, y siguiendo el orden de las etapas que integran el procedimiento legislativo, se encuentra en fase de tramitación en el Senado, desde que el pasado 18 de octubre el Pleno del Congreso de los Diputados aprobase, por unanimidad, la nueva versión de este Proyecto de Ley.

Por todos es sabido que el Proyecto tiene como finalidad principal la adaptación de la normativa española de protección de datos personales al marco desarrollado por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, clarificando algunos de los puntos más relevantes desarrollados en el mismo. Sin embargo, no hemos de perder de vista, que la protección de datos y el tratamiento de la información personal va evolucionando y modificándose conforme las nuevas tecnologías avanzan. En aras de poder ajustarnos a esa evolución y garantizar la máxima protección a los interesados, este Proyecto busca ampliar a Internet, la exigencia y aplicación de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española y en los Tratados Internacionales tal y como el propio Proyecto recoge en su artículo 79.

¿Cómo lleva a efecto la nueva versión del Proyecto este propósito?

A través de la creación del Título X, denominado “Garantías de los derechos digitales”. Un título, conformado por un total de 19 artículos, que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de este texto normativo, y cuyo objeto principal es reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos.

Parte, este articulado, de la búsqueda de una garantía de acceso universal a Internet para todos los ciudadanos, con independencia de la condición personal, social, económica o geográfica de los mismos y con el fin último de luchar contra las brechas de género, residenciales, generacionales o por razón de la discapacidad (artículo 81).

Asimismo, se establecen obligaciones para los proveedores de servicios que deberán proporcionar una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos, así como informar a los usuarios de sus derechos en materia de seguridad de las comunicaciones (artículo 80).

¿En qué otros ámbitos centra su desarrollo este nuevo título?

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El pasado 9 de octubre se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados el Informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Dicho informe incorpora cambios significativos respecto del Proyecto de Ley inicial. Consideramos relevante analizar dichos cambios y para ello dedicaremos varias publicaciones.

Se trata de un texto definitivo que partía de un Proyecto de ley presentado por el Partido Popular y cuya segunda versión ha tenido un apoyo unánime por todos los grupos parlamentarios.

La primera novedad significativa nos la encontramos en la propia denominación de la futura Ley Orgánica pasando a denominarse “Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales”. Esto es así porque, como analizaremos más adelante, además de perseguirse como objetivo la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento general de protección de datos (RGPD), se persigue ahora también reconocer y garantizar una serie de derechos y libertades digitales a los ciudadanos. Por ello, se ha añadido respecto del texto anterior, un Título más: Título X Garantías de los derechos digitales.

En segundo lugar, llama la atención la cantidad de leyes que se ven modificadas por este texto. Mientras que con la primera versión se modificaban únicamente la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y la Ley 29/198 reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, ahora se introducen modificaciones relevantes en otras diez leyes más: la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información política y buen Gobierno, la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, la Ley 14/1986, General de Sanidad, la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Finalmente vamos a analizar qué otras novedades que aporta la nueva versión del Proyecto en comparación con lo que recogía el texto inicial:  

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Lunes, 18 Noviembre 2013 07:23

RGPD y Nueva L.O.P.D.

Legislación

Enlaces a normativa

Reforma de 2018 de las normas de protección de datos de la UE

RGPD

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

 Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

 Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Ley

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (vigente en aquellos artículos que no contradigan el RGPD)

Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos

 

Sociedad de la información y telecomunicaciones

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

 

(Reglamento de desarrollo de la antigua LOPD)

Real Decreto1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (vigente en aquellos artículos que no contradigan el RGPD)

(*) Real Decreto 195/2000, de 11 de febrero, por el que se establece el plazo para implantar las medidas de seguridad de los ficheros automatizados.

(*) Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

Versión en inglés del Real Decreto 994/1999

Real Decreto 156/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos.

(*) Real Decreto 1332/94, de 20 de junio, por el que se desarrollan algunos preceptos de la Ley Orgánica.

Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos

(*) Normas derogadas a la entrada en vigor del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Normas de carácter reglamentario

 

Resoluciones:

Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se corrigen errores en las Resoluciones de 12 de julio de 2006, por las que se crea el Registro Telemático y se aprueban los formularios electrónicos para inscribir los ficheros en el Registro General de Protección de Datos.

Resolución de 1 de septiembre de 2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se determina la información que contiene el Catálogo de ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos.

Resolución de 12 de julio de 2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se crea el Registro Telemático de la Agencia Española de Protección de Datos.

Resolución de 12 de julio de 2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban los formularios electrónicos a través de los que deberán efectuarse las solicitudes de inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos, así como los formatos y requerimientos a los que deben ajustarse las notificaciones remitidas en soporte informático o telemático.

Resolución de 22 de junio de 2001, de la Subsecretaría de Justicia, que concreta el plazo para la implantación de medidas de seguridad de nivel alto.

Resolución de 30 de mayo de 2000, de la APD, por la que se aprueban los modelos normalizados en soporte papel, magnético y telemático, para la inscripción de los ficheros.

Instrucciones:

Instrucción 1/2006, de 12 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

Descarga de Modelos.

Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones.

Instrucción 1/2000, de 1 de diciembre, de la APD, relativa a las normas por las que se rigen los movimientos internacionales de datos.

Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la APD, relativa al ejercicio de los derechos de acceso rectificación y cancelación.

Instrucción 2/1996, de 1 de marzo, de la APD, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los casinos y salas de bingo.

Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la APD, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios.

Instrucción 2/1995, de 4 de mayo, de la APD, sobre garantía de los datos personales recabados en la contratación de seguro de vida de forma conjunta con un préstamo hipotecario o personal.

Instrucción 1/1995 de 1 de marzo de la APD relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito.

 

 

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