Se recibió en el registro de la AEPD una denuncia de D. R.R.R. (en lo sucesivo el denunciante) abogado en ejercicio, en la que manifiesta estar recibiendo ofertas publicitarias no deseadas en la línea de fax ######## instalada en su domicilio profesional.

Entre los documentos aportados se encuentra un Fax recibido conteniendo publicidad del GRUPO FINCREDIT MANAGEMENT, en cuyo pie consta como responsable de los datos utilizados para la promoción la entidad E-MADI MARKETING.

En el pie de página del citado fax se incluye una leyenda con el siguiente texto: “CONFORME A LA LEY VIGENTE UV. PUEDE SOLICITAR LA SUPRESIÓN DE SUS DATOS. Los datos utilizados para esta promoción están incluidos en un fichero cuyo responsable es E madi Marketing, procediendo éste de fuentes accesibles al público. Si por cualquier razón no quisiera seguir recibiendo información por fax, envíenos un fax al número #######2 o al número #######3, o una carta a la siguiente dirección haciendo constar su número de fax: E-madi marketing. (C/.........................)”

La empresa manifiesta en sus alegaciones que “El consentimiento previo e informado de los destinatarios se ha obtenido en enero de 2006 y en enero de 2007 mediante el envío de un Fax para esa finalidad, informando a los receptores que si en el plazo de 30 días no se ha recibido oposición, se entiende prestado el consentimiento.”

Con fecha 15 de abril de 2009 tuvo entrada en la Agencia escrito formulado por el denunciante en el que indicaba tanto que no había dado autorización de ninguna clase a ARISTA para la remisión de envíos publicitarios y comerciales de ninguna índole como que, con fecha 18 de enero de 2007, había recibido de E-MADI MARKETING el ejemplar de fax al que ARISTA se refería como enviado para solicitar el consentimiento previo e informado para recibir mensajes de fax con fines de venta directa, el cual fue devuelto con fecha 19/01/2007 al número de Fax ######## indicado en dicho ejemplar con la siguiente observación “No deseo recibir información y les ruego me den de baja de su base de datos”, conforme prueba mediante la aportación de la citada comunicación y del informe de transmisión de que el fax fue recibido correctamente.

Se considera infracción grave la conducta consistente en el envío masivo de mensajes de fax de venta directa a multitud de destinatarios sin estar amparado por la cobertura del consentimiento previo, expreso e informado de los destinatarios de los mismos en calidad de abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas.

La entidad denunciada ha cometido la infracción imputada, puesto que, para este tipo de comunicaciones comerciales vía fax no resulta válido el consentimiento tácito que ARISTA indica fue obtenido ante la falta de oposición a dicho tratamiento por parte de los destinatarios de las solicitudes de consentimiento enviadas vía Fax en enero de 2006 y 2007 en el plazo que se concedía a tal efecto (30 días). En este sentido, indicar que la falta de negativa de los destinatarios al tratamiento de los datos, incluso después de haberles sido concedido un periodo de tiempo prudencial para manifestar su oposición, no puede constituir, en ningún caso, una declaración de consentimiento expreso, independientemente de los términos en los cuales se les informe en la comunicación remitida, por lo que de producirse envíos con fines de venta directa a los abonados de los cuales se haya recabado el consentimiento tácito, esta conducta es constitutiva de infracción a la LGT, al no cumplirse con la obligación de contar con el consentimiento expreso recogida en el artículo 38.3.h) de la LSSI.

Por otra parte, el hecho de que los datos obrantes en el fichero “Empresas y Profesionales” de ARISTA se hayan obtenido de fuentes accesibles al público,- conforme reza en el Acta de Inspección, no habilita su tratamiento para los fines promocionales o publicitarios especificados, puesto que en todo caso resulta necesario contar con el consentimiento expreso de los destinatarios de las llamadas de fax, al no establecerse por los mencionados preceptos de la LGT ninguna excepción a la necesidad de contar por parte del remitente de los envíos con el consentimiento previo, informado y expreso de los destinatarios de los mensajes de fax con fines de venta directa.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a la entidad Arista Marketing, S.L., por la infracción del artículo 38.3 de la LGT, una multa de 30.001 €.