Fuente: La Voz de Galicia

El ex delegado de Educación en Pontevedra, Cristóbal Fernández, tendrá que declarar como imputado a finales de este mes por la presunta comisión de un delito contra la intimidad, por haber revelado a los medios de comunicación datos confidenciales de una menor, como son los relativos a su estado de salud.

El caso saltó a la palestra a raíz de las denuncias de la familia de una joven de Catoira que sufre una discapacidad física y psíquica, y a la que la Consellería de Educación le denegó la escolarización en el colegio de su municipio. La Administración pretendía que la niña se escolarizara en el centro de educación especial de Vilagarcía, pero la familia no solo se opuso, sino que llevó su lucha a los juzgados, donde le dieron la razón a principios de este año.

Los padres de la joven, que ahora tiene 16 años, siguen con su batalla judicial y, ahora, un juzgado de instrucción de Pontevedra acaba de admitir a trámite la denuncia formulada contra el que fuera delegado de Educación en la etapa del bipartito. La denuncia se dirige, además, contra todas aquellas personas que de la instrucción de la causa puedan resultar responsables, según informan desde los servicios jurídicos del Defensor del Paciente. Según informan las mismas fuentes, sobre dichos hechos ya se pronunció hace un par de meses la Agencia de Protección de Datos, calificando la actitud de Educación como una «infracción muy grave por la revelación pública de datos estrictamente protegidos de una menor de edad».

Esta resolución es firme pero, ante el temor de que los presuntos culpables pudieran quedar indemnes, la madre de la niña, M. S., decidió acudir a la vía penal al considerar presuntamente delictiva la información facilitada a los medios de comunicación por parte del ex delegado provincial.