Fuente: El Comercio

Pirar Matemáticas se ha vuelto mucho más complicado de un tiempo a esta parte. Hacer gamberradas en el pasillo, también. Y, de realizarlas, los alumnos saben que todo, como si del Gran Hermano orwelliano se tratara, quedará registrado en imágenes.

La razón es que cada vez más centros educativos asturianos deciden instalar cámaras de vigilancia para evitar actos vandálicos en sus instalaciones, una decisión de las direcciones de los centros de común acuerdo con claustros, consejos escolares y familias. Y que, para convertirse en realidad, debe cumplir varios requisitos, obligados por la Ley de Protección de Datos, por la que deben solicitar primero la creación de un fichero de videovigilancia a la Consejería de Educación y Universidades.

Una vez concedida la autorización, ese fichero se publica en el BOPA y también ha de ser inscrito en el Registro General de Protección de Datos, el órgano de la Agencia de Protección de Datos que vela por la publicidad de la existencia de los ficheros y los tratamientos de datos de carácter personal.

Así, el centro educativo no podrá comenzar a almacenar imágenes hasta que el fichero que le corresponde esté inscrito en la Agencia. Y todo ese proceso trata de garantizar que los vídeos sirvan para mejorar la seguridad interior y exterior de las instalaciones de los centros, para evitar casos de vandalismo o robos, y nunca para el seguimiento y control de alumnos o profesores no, además de para evitar que puedan ser cedidas a terceros y para asegurar que sólo puedan ser visualizadas por la dirección de los centros (que disponen de unas claves privadas) y, en su caso, por la las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal de la Administración de Justicia si de lo que se habla es de la comisión de delito.

Cinco centros educativos asturianos ya cuentan con esas cámaras de vigilancia: tres institutos gijoneses (el Jovellanos, el IES nº 1 de Gijón y el Fernández Vallín), el Centro Integral de Formación Profesional de Langreo y el Colegio Manuel Álvarez Iglesias de Salinas, Castrillón. Y a ellos se sumarán en breve el IES La Corredoria, en Oviedo, aún pendiente de inscribir en la Agencia de Protección de Datos, y el IES de Noreña, que, con las cámaras ya instaladas, aguarda luz verde del Principado.

Y lo más importante: los directores de los centros aseguran que «funcionan» a pesar de que sus detractores critican que el método no resulta demasiado pedagógico.

Uno de los ejemplos más claros de este «balance positivo» es el del IES Fernández Vallín, con «863 alumnos de veinte nacionalidades diferentes y entre doce y cincuenta y pico años, porque hay mucha gente haciendo ciclos formativos después de quedarse en paro», cuenta su directora, Mercedes Morán, que explica también que uno de los problemas de fondo es que «los directores son responsables, por ejemplo, de que los menores abandonen el centro sin autorización, algo por lo que los padres siempre acaban pidiendo explicaciones».

Así que, en el instituto gijonés las cámaras instaladas este mismo curso «han conseguido que los alumnos no salten un muro por el que antes se escapaban, lanzando además la mochila por los aires, con el consiguiente peligro para los viandantes». O minimizar «los conflictos que, a veces, se originaban en la puerta del instituto con gente ajena al centro educativo».

En los padres y las madres radica otra de las claves, asegura el director del IES nº 1 de Gijón, Julián Dizy, que apunta también que «no es que los problemas de disciplina se hayan disparado de forma grave», sino que «la diferencia es que antes, cuando pillaban a un alumno haciendo una gamberrada lo castigaban y prefería que el profesor ni siquiera se lo contase a su familia, mientras que ahora muchas veces son los propios padres los que dudan de la palabra del docente».