En nuestra actividad empresarial, nos preocupamos de las ventas, los márgenes, los beneficios, los gastos, el marketing, etc. Sin embargo, nos olvidamos de algo fundamental: la confidencialidad de nuestros documentos más importantes.

¿Qué haríamos si se hiciera público nuestro plan de negocio, de marketing o la estrategia a seguir en los próximos años? Y más allá ¿qué haríamos si acabara en manos de nuestra competencia?

Para proteger la privacidad de nuestra empresa, es necesario apostar por la destrucción confidencial de documentos, una destrucción de documentos segura y fiable que evite que dicha información acabe en la basura. De esta manera, protegeremos nuestra empresa y, además, cumpliremos con la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La LOPD nace con el propósito de proteger la información de carácter personal de las personas, a nivel público, físico y jurídico. Por ello, las empresas tienen la obligación de proteger y destruir toda aquella documentación de carácter personal concerniente a clientes, proveedores, trabajadores, etc, que pueda atentar con los derechos protegidos en dicha legislación.

Por otro lado, evitaremos cuantiosas multas; BBVA deberá hacer frente a una multa de 60.101,21 euros por el abandono de cientos de documentos confidenciales en un descampado anexo al polígono industrial de San Cristóbal, hecho que fue revelado por EL MUNDO.

Más de dos años después, la Agencia de Protección de Datos sanciona al banco por una “clara conducta negligente” en su obligación de custodiar información privada de los clientes, pero le impone la menor cuantía establecida para este tipo de infracciones (consideradas graves y que pueden acarrear multas de hasta 300.000 euros) al no percibir intencionalidad por parte de la entidad.

Entre la información abandonada, contenida en bolsas de basura esparcidas en un montículo lleno de escombros, se encontraban numerosos documentos, desde extractos de cuentas bancarias hasta contratos de apertura de cartillas, solicitudes de créditos y productos financieros, declaraciones de la renta, fotocopias de DNI y correos electrónicos remitidos entre empleados.