Ante el retraso en la tramitación parlamentaria del Proyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, el 27/7/2018 el consejo de ministros aprobó un Real Decreto-Ley que deroga el régimen sancionador de la Ley Orgánica 15/1999, adaptando la legislación española al régimen sancionador del RGPD.

El Real Decreto-ley ha sido publicado en el BOE el 30/7/2018, con entrada en vigor al día siguiente. En todo caso, el RDL establece que los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor se regirán por la normativa anterior, salvo aquellas disposiciones más favorables para el interesado.

El RDL regula aspectos como el funcionamiento de los procedimientos de la Agencia Española de Protección de Datos, la tramitación de las reclamaciones, y la remisión de la reclamación a otra Autoridad de control si la Agencia Española considerara que no tiene la condición de autoridad de control principal.

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Una semana más, continuamos analizando la regulación del régimen sancionador en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) y el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos (Anteproyecto). En esta ocasión, nos centraremos en la figura del apercibimiento y la aplicación del régimen sancionador respecto de los organismos públicos.

Comenzando por la figura del apercibimiento, como es sabido, no nos encontramos ante una figura novedosa, puesto que ya aparece contemplada en la actual Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en su artículo 45.6, en el que se establece que el apercibimiento sólo podrá tener lugar cuando las infracciones cometidas sean de carácter leve y grave, nunca muy grave, y siempre que el infractor no haya sido sancionado o apercibido con carácter previo.

Por su parte el RGPD mantiene esta importante figura indicando para ello en su considerando 148 que, si la infracción cometida fuese leve, o si la multa que probablemente se impusiera constituyese una carga desproporcionada para una persona física, las autoridades de control podrán imponer un apercibimiento en lugar de sanción mediante multa.

Además, el artículo 58 en sus letras a y b dice “Cada autoridad de control dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados a continuación: a) sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con una advertencia cuando las operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en el presente Reglamento; b) sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con apercibimiento cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente Reglamento”.

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Tal y como adelantábamos en nuestro anterior artículo, hoy analizaremos las sanciones a imponer, a responsables y encargados de tratamiento, por la comisión de infracciones tipificadas y la regulación que de las mismas hace el Reglamento Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), y el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, Anteproyecto) con respecto a la actual Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante, LOPD)

Las sanciones deberán ser individuales, efectivas, proporcionadas y disuasorias, así lo establece el RGPD en su artículo 83.1. Será la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) a quién corresponderá su imposición (art.48 Anteproyecto en relación con art.58 RGPD), teniendo en cuenta los criterios de graduación (atenuantes y agravantes) que el RGPD recoge en su artículo 83.2:

a. La naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción cometida.
b. La intencionalidad o negligencia a la hora de cometer la infracción.
c. Las medidas tomadas por el responsable para paliar los efectos de la infracción.
d. El grado de responsabilidad del responsable o encargado del tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas y organizativas aplicadas a los tratamientos.
e. Las infracciones anteriormente cometidas por el responsable o encargado del tratamiento.
f. El grado de cooperación con la autoridad de control para poner remedio a la infracción así como para mitigar sus efectos.
g. Las categorías de datos afectados con la infracción.
h. La forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción.
i. El cumplimiento de las medidas establecidas en el artículo 58, apartado 2, del RGPD siempre que estas hayan sido previamente ordenadas contra el responsable o encargado de que se trate en relación con el asunto.
j. La adhesión a Códigos de conducta o mecanismos de certificación aprobados por el RGPD.
k. Demás factores atenuantes o agravantes aplicables a las circunstancias del caso concreto.

Haciendo uso de lo indicado en este último apartado k referido, el legislador español ha incluido otros factores que podrán tenerse en cuenta para graduar las sanciones (art.76.2), esto es:

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Siguiendo con nuestro estudio y análisis del Reglamento Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), en esta ocasión, nos centraremos en el desarrollo del Régimen Sancionador.

¿Cómo se encuentra regulado en el RGPD?, ¿Qué novedades introduce el RGPD respecto de la actual Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante, LOPD)? Y el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, ¿qué indica al respecto?

En el Capítulo VIII del RGPD, que reza “Recursos, responsabilidades y sanciones” se introducen las principales novedades respecto del régimen sancionador, representado los derechos y deberes de las partes y estableciendo condiciones generales y límites a la imposición de multas de carácter administrativo.

Comenzando por la tipificación de las infracciones, en el RGPD no encontramos un artículo como el 44 de nuestra actual LOPD, con una clasificación clara de infracciones en leves, graves y muy graves. El RGPD, en este sentido, podemos decir que es bastante genérico recogiendo en su considerando 148 que con el fin de reforzar la aplicación de las normas del RGPD, cualquier infracción de este debe ser castigada con sanciones, incluidas multas administrativas, con carácter adicional a medidas adecuadas impuestas por la autoridad de control en virtud del RGPD, o en sustitución de estas medidas.

Sin embargo, en España, el Anteproyecto mantiene la clasificación que conocemos, a lo largo de sus artículos 72 a 74, es decir, efectúa una relación detallada de las conductas recogidas en el RGPD donde su incumplimiento será considerado como :

1. Infracciones muy graves, de entre las 17 conductas tipificadas como muy graves por el legislador español, destacamos:

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