Viernes, 12 Julio 2019 21:48

Absolución en el caso "SeriesYonkis"

El pasado 21 de junio, la Magistrada de la Sección 4ª del Juzgado de lo Penal de Murcia, dictó sentencia absolutoria en materia de propiedad intelectual para los fundadores de la conocida web de enlaces “SeriesYonkis”.

Muchas son las voces discordantes con dicha resolución, empezando por el Ministerio Fiscal, como acusación particular, quien considera a los cuatro acusados autores de un delito continuado contra la propiedad intelectual, acto previsto y penado en los artículos 270, 271 a) y 74 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante, CP)

Tras la reforma operada por LO 5/2010, de 22 de junio, el artículo 270.2 CP indica lo siguiente:

“La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios".

Queda acreditado, y así lo señala la propia Sentencia, que la página web "SeriesYonkis" objeto de este artículo, contenía enlaces o hipervínculos estructurados, ordenados y clasificados según diferentes criterios: orden alfabético, género, contenido, últimos estrenos, últimas incorporaciones, pudiendo contener asimismo una sinopsis de la obra y de su carátula correspondiente. 

Por lo tanto, la nueva reforma del CP prevé expresamente la tipicidad penal de la conducta realizada por los creadores de la web, consistente en ofrecer listados ordenados y clasificados de enlaces a obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin las autorizaciones pertinentes, obteniendo así un beneficio indirecto (derivado de la publicidad que aparecía en la propia página web, no así del número de descargas del contenido audiovisual), a pesar de no ser los creadores de la web quienes propiamente hubiesen facilitado los enlaces a los contenidos protegidos, sino los propios uploaders.

Asimismo, el artículo 271.a) establece que:

“Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando se cometa el delito del artículo anterior concurriendo alguna de las siguientes circunstancias: a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica”.

Por otra parte, la acusación particular ejercida por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productos Audiovisuales) entiende, además de los preceptos anteriormente citados, vulneración de los apartados b) y c) del propio artículo 271 CP:

  • Art. 271. b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente, el número de obras, o de la transformación, ejecución o interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.
  • Art. 271.c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual.

La Entidad reclama a los creadores de SeriesYonkis una sanción cuyo importe asciende a un total de 546.166.421€ por infracción del artículo 74CP.

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El 22 de marzo del 2017, la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), dicta Resolución R/00596/2017, mediante la cual sanciona a la Asociación de Técnicos de Informática (en adelante ATI) por incumplimiento de los preceptos contenidos en la ya derogada Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como en la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y comercio electrónico (LSSI), cuya cuantía asciende a un total de 50.000€.

En el presente artículo vamos a realizar un breve análisis de la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 30 de noviembre de 2018, la cual procede a desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación, confirmando así la resolución dictada por la AEPD en todos sus efectos.

Los hechos por los cuales la AEPD sanciona a ATI, son, en primer lugar, incumplimiento del artículo 33 de la LOPD, al haber estado realizando la Asociación transferencias internacionales de datos sin mediar la autorización necesaria del Director de la AEPD a tales efectosdurante los meses de octubre del año 2015 y marzo del 2016 a la empresa The Rocket Science Group  (TRS), entidad que se encuentra en los EEUU, y que presta el servicio de gestión de envíos de correos electrónicos MailChimp.

Una de las cuestiones que la Asociación plantea ante el Tribunal, solicitando que se interponga reenvío prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, y que nos parece interesante resaltar, es el hecho de considerar o no el correo electrónico de contacto de una asociación de profesionales como un dato de carácter personal. A este respecto debemos acudir a la propia definición del concepto de dato de carácter personal, que se encontraba recogido en el art. 3 a) de la ya derogada LOPD 15/1999, y que actualmente dispone el artículo 4 1) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como “toda información concerniente a una persona física identificada o identificable”.

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