La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en su artículo 18, regula el derecho de acceso a la historia clínica del paciente, derecho que está conectado con el propio derecho de acceso del artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (a partir de ahora, RGPD).

Por lo tanto, además de la información que debe proporcionarse a los pacientes por el hecho de ejercitar su derecho de acceso conforme al RGPD (fines del tratamiento, categoría de datos, destinatarios o categoría de destinatarios a los que se comunican o comunicarán sus datos…), los pacientes tienen derecho a acceder a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella, pero el ejercicio de este derecho por parte de un paciente no implica que se le deba proporcionar íntegramente los documentos de la historia clínica ya que existe determinada información que deberá excluirse.
También sucede que, en determinados casos y para finalidades concretas, otras personas diferentes al paciente o los sanitarios que le asisten pueden tener acceso a la información que contiene la historia clínica.

¿QUÉ PUEDE O NO APARECER EN LA COPIA DE LA HISTORIA CLÍNICA QUE SE PROPORCIONA AL PACIENTE?

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La Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) ha procedido a sancionar a un médico por importe de 5.000€,sanción que deriva de la pérdida de un video se grabó el 14 de octubre de 2014, cuando la paciente afectada se sometió a una intervención quirúrgica en un hospital privado de Madrid, video que fue grabado con el fin de captar la técnica para futuros usos científicos y docentes.

En el momento en el que la paciente solicitó las imágenes grabadas al doctor, con la intención de poder contrastar opiniones de distintos facultativos sobre la operación que se le había realizado, fue cuando se encontró con una respuesta vía e-mail que ni mucho menos se esperaba, en la cual el médico le decía textualmente lo siguiente;

“Como te he comentado lamento no haber podido encontrar las imágenes de tu cirugía, pero los niños me perdieron varios pendrives y es posible que en ellos se fuera tu intervención”

Fue a partir de este momento cuando la afectada decidió denunciar al facultativo, entendiendo que este había actuado con una grave falta de diligencia y dejando en manos de la AEPD la valoración de la tipología de falta cometida, cabe en este punto traer a colación los tipos de infracciones que encontramos reguladas en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) , dedica en concreto en su artículo 44 la regulación de los Tipos de infracciones, refiriéndose en su punto 1º a que estas pueden ser de distintos tipos dependiendo de lo acaecido en cada caso concreto:

“Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves”

Respecto a esto, la AEPD determinó en el Acuerdo de Inicio del expediente sancionador que los hechos enjuiciados fueron calificados como una infracción del artículo 9.1 LOPD:

“El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.”

Se hace en relación con el artículo 102 del RLOPD 1720/2007, sobre las copias de respaldo y recuperación. Ampliándose con el artículo 106 del RLOPD sobre los criterios de archivo, que dice deberán, entre otras cosas, posibilitar el ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación.
Esto supone una infracción grave, como ya hemos adelantado anteriormente en referencia a la LOPD, y que trae aparejadas consigo multas que van de los 40.001 a los 300.000 euros.

Para intentar evitar esta sanción el médico formuló una serie de alegaciones, entre las cuales nos gustaría destacar las siguientes:

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