No hace mucho hemos analizado en este blog (ver aquí) qué ocurre con la intimidad, y más concretamente, con el derecho a la protección de los datos personales de los jugadores de fútbol en nuestro país.

En este caso, volvemos a adentrarnos en el mundo del fútbol español, refiriéndonos a una reciente resolución (ver aquí) de la  Sala de lo Contencioso – Administrativo de la Audiencia Nacional (AN), sobre el recurso interpuesto por un ex futbolista del F. C. Barcelona.

Dicho recurso está relacionado con un pronunciamiento previo por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en la Resolución N.º: R/01677/2018, a raíz de que el ex futbolista solicitase borrar de los resultados del buscador de Google varias noticias publicadas en dos periódicos de tirada nacional, en las que se informaba de que el exjugador fue en el año 2004 condenado a pagar una multa por una falta de amenazas a una joven estudiante de 23 años. 

La AEPD resolvió considerando que se trataba de unas informaciones relacionadas con la proyección pública del reclamante, amparadas por la libertad de prensa y que no se estaba acreditando que fueran inciertas. Además señaló que, si la pretensión del reclamante es la protección de su derecho al honor y a la propia imagen, la normativa aplicable en su caso no es la relativa a la protección de datos, sino la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

El demandante, por su parte, alegaba las siguientes cuestiones:

  1. Que se trataba de una información obsoleta al haber transcurrido catorce años desde la publicación de los hechos en las URL's, ya que, además, la infracción por la que fue condenado penalmente ya fue cumplida y está prescrita, no teniendo sentido que el nombre del afectado siga apareciendo vinculado en Google a dichos hechos, con la correspondiente estigmatización que conlleva y la obstaculización de una total reinserción.
  2. Que la naturaleza penal de los hechos, no podía ser un argumento para la denegación del derecho al olvido y que no existe un interés legítimo de los internautas en acceder a la información.
  3. Que ni se le puede considerar persona con notoriedad pública, ni con sus actos pretendía o pretende conseguir dicha notoriedad, ni los hechos tienen que ver con su actividad profesional.

Debemos de partir de que, tal y como analizamos en anteriores publicaciones de este blog (ver aquí), estamos ante el ejercicio por parte de un interesado de su derecho de supresión o “derecho al olvido”, recogido en el artículo 17 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD) y en virtud del cual, los interesados tienen derecho a pedir que sus datos personales se supriman y dejen tratarse cuando concurra entre otros supuestos recogidos en el mencionado artículo, la circunstancia de que ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados.

Además, el RGPD refuerza este derecho cuando nos encontremos ante tratamientos realizados en el entorno en línea (Internet), refiriéndose en el Considerando 66 a que el responsable del tratamiento que haya hecho públicos los datos está obligado a indicar a los responsables del tratamiento que estén tratando tales datos personales que supriman todo enlace a ellos, o las copias o réplicas de tales datos.

No obstante, el propio artículo 17.3 enumera las excepciones a la supresión de los datos personales en los términos anteriores, cuando la necesidad del tratamiento resida en:

  1. 1. Ejercer el derecho a la libertad de expresión e información.
  2. 2. El cumplimiento de una obligación legal que se aplique al responsable del tratamiento.
  3. 3. Tratamiento para el cumplimiento de una misión realizada por interés público o en el ejercicio de los poderes públicos.
  4. 4. Razones de interés público en el ámbito de la salud pública.
  5. 5. Fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos.
  6. 6. La formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Y es en este punto donde nos paramos a analizar si en este caso, prevalece el derecho a la libertad de expresión e información o el derecho a la protección de datos de carácter personal.

Para ello debemos acudir una vez más a la Sentencia de 13 de mayo de 2014 del TJUE, (en adelante, la Sentencia) la cual establece cómo deben interpretarse los derechos de acceso y oposición en el sentido de que, “para respetar estos derechos, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita”. 

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Ya es oficial. Tras dos años de intensos trabajos de elaboración y meses de espera para la aprobación del texto definitivo, el Boletín Oficial del Estado publicó, el pasado 6 de diciembre (BOE núm. 294), la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD), en vigor y con plenos efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín, esto es, desde el viernes 7 de diciembre.

¿Y ahora qué?

Este hecho implica, consecuentemente, y tal y como recoge la disposición derogatoria única de la nueva Ley, la derogación de la LOPD 15/1999, a excepción de sus artículos 22, 23 y 24, que siguen vigentes en tanto en cuanto no sean expresamente modificados, sustituidos o derogados; así como la derogación del Real Decreto Legislativo 5/2018 de medidas urgentes que el Ministerio de Justicia convalidó en el Parlamento, el pasado 27 de julio, para evitar un vacío legislativo hasta que esta nueva Ley se aprobara.

No son pocas las ocasiones en las que hemos indicado que la, ya, Ley Orgánica tiene como finalidad principal la adaptación a la legislación española en materia de protección de datos, de las premisas recogidas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (en adelante, RGPD). Sin embargo, las disposiciones que conforman el nuevo texto normativo van más allá, ya que amplían las obligaciones digitales de las entidades que recojan y lleven a cabo tratamientos de datos de carácter personal con un fin profesional.

¿Por qué motivo se dota de tal importancia a las obligaciones digitales de las entidades?

A día de hoy, es incuestionable el impacto que las nuevas tecnologías tienen en nuestra sociedad en general, y en el ámbito empresarial y educativo en particular, de tal manera que una gran parte de nuestra actividad profesional y privada se desarrolla en la Red. Por ello, y dando respuesta a la imperiosa necesidad de regular, unos derechos digitales, que sean acordes al modelo de vida de la sociedad actual, se crea el Título X denominado “garantía de los Derechos Digitales”.

Conscientes de su importancia, mediante el presente artículo, continuaremos con el análisis, ya comenzado hace unas semanas (post, posty post), de este novedoso Titulo, centrándonos, en esta ocasión, en el desarrollo de los derechos a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (artículo 86) y al olvido digital (artículos 93 y 94).

DERECHO A LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES.

Este derecho, se desarrolla en consonancia con el derecho de rectificación en Internet (artículo 85) ya analizado en el presente blog; concretamente con el apartado tercero de dicho artículo que establece que la atención a la solicitud de rectificación dirigida contra un medio de comunicación digital deberá ir acompañada de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo.

En consecuencia, es el artículo 86, el que articula ese derecho personalísimo que tienen los interesados a solicitar, motivadamente, de los medios de comunicación digitales, la inclusión de ese aviso aclaratorio junto a las noticias que le conciernan y siempre que la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual por el acaecimiento de circunstancias posteriores a la fecha de la publicación.

Como bien sabemos, la publicación de una noticia en los medios de prensa, se encuentra amparado en la libertad de expresión regulada en el artículo 20 de la Constitución Española. Sin embargo, es necesario que la información facilitada a través de dichas noticias sea una información veraz. Si a esto le sumamos que en el caso de que dichas informaciones se publiquen en portales web indudablemente conlleva un mayor efecto divulgativo, con su consecuente repercusión en la protección de datos del afectado; el derecho de actualización cobra una importancia todavía mayor.

Para la atención de este derecho, será necesario, tal y como recoge el precepto objeto del presente análisis, que la información reflejada en los medios de comunicación digital, y sobre la que se solicita una aclaración, cause al interesado un perjuicio para su persona.

¿Cuándo tiene especial relevancia la atención de este derecho de actualización?

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