Para finalizar el estudio y análisis de la guía publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) el pasado mes de junio sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades, en el presente artículo vamos a proceder a comentar las dos últimas cuestiones que aborda la AEPD en relación al tratamiento de imágenes a través de las tecnologías emergentes, mediante las denominadas cámaras “on board” y mediante el uso de drones; así como aquellos supuestos donde, a pesar de producirse un tratamiento de imágenes, la normativa de protección de datos no sería de aplicación.

Respecto del tratamiento de imágenes a través de las tecnologías emergentes, se procede a un breve análisis de los tratamientos de las cámaras “On board” y del uso de drones, remitiendo la Guía a una serie de informes jurídicos que permiten ampliar la información de ambos supuestos.

  • Las llamadas cámaras on “board”, son aquellas que se encuentran instaladas en el interior de los vehículos, o bien en el casco del conductor, y cuya finalidad reside en ir grabando el recorrido realizado. Señala la guía una serie de supuestos a los que debemos atender:

    - Cuando éstas se utilizan con finalidades domésticas, se encontrarían excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD), salvo que tales grabaciones fueran difundidas en las redes sociales, supuesto donde el Reglamento pasaría a ser de plena aplicación.

    - La Guía hace una especial mención a las grabaciones y captaciones de imágenes en el exterior de los vehículos cuando la finalidad sea la obtención de algún tipo de prueba, a fin de denunciar alguna posible infracción de tráfico. El informe jurídico que se recoge en la Guía da respuesta a esta cuestión, planteando asimismo si tales tratamientos serían o no conformes al RGPD.
    Los sistemas de videovigilancia, al considerarse un tratamiento de datos personales en virtud de los artículos 1.1 y 1.2 del RGPD, han de contar con una fuente de legitimación que ampare dicho tratamiento, previa realización de un juicio de ponderación en aras de determinar qué derecho ha de prevalecer sobre el otro. El interés legítimo, recogido en el art. 6 apartado f) RGPD podría operar siempre y cuando traiga cobertura del derecho de la tutela judicial efectiva.
    Si bien es cierto que la LO 4/1994, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad en lugares públicos les atribuye competencia exclusiva para la instalación de videocámaras en lugares públicos, podría legitimarse dicho tratamiento de captación de imágenes siempre y cuando se garanticen los principios de limitación y minimización de datos, recogidos en el RGPD. en virtud del art. 5 RGPD .

A pesar de encontrarse dicho tratamiento amparado por el principio de la tutela judicial efectiva, debemos puntualizar que este derecho ha de concretarse de algún modo. El informe de la AEPD de 13 de abril de 2015 expone algunos supuestos :

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La sala de lo civil del Tribunal Supremo (en adelante TS) ratificó una sentencia de la Audiencia Provincial de Santander que consideró que no existía intromisión ilegítima del derecho a la propia imagen de una menor cuya fotografía fue publicada en la noticia de un periódico local.

La fotografía, que se encuadraba bajo el título “Alumnos cántabros empeoran levemente en los resultados del informe Pisa” mostraba a diversos jóvenes en actitud de estudio siendo la menor la que ocupa la imagen central de la fotografía al desenfocarse el resto de las alumnas.

La parte demandante basaba sus alegatos en que no hubo consentimiento alguno para la inclusión de la fotografía de la menor en la noticia publicada así como que en ningún momento se tuvo conocimiento de la finalidad o motivo de dicha fotografía.

Hemos de recordar que, en el presente caso, se trata de la fotografía de una menor de edad y que la protección de la propia imagen de los menores tiene una consideración especialmente protectora de tal manera que toda utilización de su imagen en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, incluso si consta consentimiento del menor o de sus representantes legales, será considerado como una intromisión ilegítima; tal y como establece el artículo 4 de la LO 1/1996 de la Protección Jurídica del Menor.

¿Estamos, por tanto, ante una vulneración del derecho a la propia imagen?

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En su primera sentencia (nº 545/2015, de 15 de octubre) sobre el derecho al olvido el Tribunal Supremo determinó que "los periódicos digitales no podrán permitir que los motores de búsqueda indexen noticias pasadas, cuando los afectados se lo soliciten, estableciendo así una prevalencia del derecho al honor, a la intimidad y a la protección de datos sobre la libertad de información".

En los años 80 el diario El País publicó una noticia, con nombres y apellidos, de dos personas implicadas en un delito de tráfico y consumo de drogas. Años más tarde, y con la condena cumplida, los afectados pudieron comprobar que si introducían sus datos de carácter personal en los buscadores, aquella noticia aparecía en los primeros puestos de consulta. Esto era debido a que El País había llevado a cabo una proceso de digitalización de su hemeroteca.

Los afectados elevaron la cuestión a los Tribunales, donde la Audiencia Provincial de Barcelona les dio la razón, ordenando además al diario demandado a que también eliminase los nombres e incluso las iniciales de los afectados.

En la Sentencia el TS realiza una ponderación entre los derechos a la libertad de información frente al derecho al honor, intimidad y protección de datos, llegando a las siguientes conclusiones:

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