En nuestros últimos posts (aquí y aquí) hemos analizado los cambios que ha sufrido el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante Proyecto) durante su proceso de aprobación, hasta el momento no finalizado, encontrándose actualmente en la fase constitutiva del Procedimiento legislativo ordinario. Todo parece indicar que esta redacción del texto legislativo será la definitiva, pero hasta entonces, seguiremos estudiando el contenido del novedoso Título X que el Proyecto dedica a los Derechos Digitales.

Si hace unas semanas centrábamos la atención en los preceptos que el texto dedica a la protección de los menores, el derecho a la educación digital, y el impacto en las relaciones laborales, en esta publicación trataremos cómo el Proyecto regula el derecho de rectificación en Internet.

Como ya hemos venido indicando en recientes artículos, y la propia Exposición de Motivos del Proyecto pone de manifiesto, mediante la inclusión de estas disposiciones se cumple con la tarea de reconocer y garantizar ciertos derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución Española (en adelante CE). En definitiva, derechos que ya se disfrutan en la realidad offline y que hasta ahora planteaban dudas en el entorno online.

¿Qué supone esta premisa en lo que al derecho de rectificación se refiere?

Todos tienen derecho a la libertad de expresión en internet”. Así comienza el artículo 85 del Proyecto dedicado al derecho de rectificación en Internet, aludiendo al derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, reconocido en el artículo 20.1 de la CE.

Ahora bien, es por todos conocido que el derecho fundamental a la libertad de expresión ya sea aplicado o no al ámbito digital, no es un derecho absoluto e ilimitado, toda vez que atendiendo al caso concreto, es posible que prevalezcan otros derechos fundamentales también garantizados en nuestro texto constitucional, tales como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE).

Una de las limitaciones a este derecho fundamental aplicado a Internet viene ahora dada por el derecho de rectificación regulado en el Proyecto. Si bien el derecho de rectificación en el ámbito de los medios de comunicación social ya se regularizó en La Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación (en adelante Ley 2/1984), y esta norma ha sido aplicada en alguna ocasión a informaciones publicadas en medios de comunicación digitales (como por ejemplo en el asunto analizado en la STS 1615/2018), el Proyecto trata de agilizar y explicitar este derecho de rectificación para los contenidos en redes sociales y servicios equivalentes.

Pero ¿cómo lo hace?

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Miércoles, 24 Diciembre 2014 10:29

Algunas peculiaridades del derecho de acceso

El derecho de acceso, es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. De esta forma se describe en el artículo 27 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Además, en el apartado 2 del mismo artículo, se establece que en virtud del derecho de acceso, el afectado podrá obtener del responsable del tratamiento información relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento.

Por otro lado, el artículo 28 del Real Decreto 1720/2007 indica que, el afectado podrá optar por recibir la información a través de uno o varios sistemas de consulta del fichero, como son la visualización en pantalla, escrito, copia o fotocopia remitida por correo, certificado o no, telecopia, correo electrónico u otros sistemas de comunicaciones electrónicas.

De la lectura de los mencionados artículos, a priori, se podría entender que el legislador establece en términos absolutos el derecho de los afectados a acceder a cuanta información de ellos se esté tratando por parte de un responsable del fichero.

En la práctica, el derecho de acceso no es absoluto, y por tanto tienen sus limitaciones, vamos a verlo a través de dos situaciones en las que ya sea como titulares de datos o como responsables de ficheros nos podemos encontrar:

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