Para finalizar el estudio y análisis de la guía publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) el pasado mes de junio sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades, en el presente artículo vamos a proceder a comentar las dos últimas cuestiones que aborda la AEPD en relación al tratamiento de imágenes a través de las tecnologías emergentes, mediante las denominadas cámaras “on board” y mediante el uso de drones; así como aquellos supuestos donde, a pesar de producirse un tratamiento de imágenes, la normativa de protección de datos no sería de aplicación.

Respecto del tratamiento de imágenes a través de las tecnologías emergentes, se procede a un breve análisis de los tratamientos de las cámaras “On board” y del uso de drones, remitiendo la Guía a una serie de informes jurídicos que permiten ampliar la información de ambos supuestos.

  • Las llamadas cámaras on “board”, son aquellas que se encuentran instaladas en el interior de los vehículos, o bien en el casco del conductor, y cuya finalidad reside en ir grabando el recorrido realizado. Señala la guía una serie de supuestos a los que debemos atender:

    - Cuando éstas se utilizan con finalidades domésticas, se encontrarían excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD), salvo que tales grabaciones fueran difundidas en las redes sociales, supuesto donde el Reglamento pasaría a ser de plena aplicación.

    - La Guía hace una especial mención a las grabaciones y captaciones de imágenes en el exterior de los vehículos cuando la finalidad sea la obtención de algún tipo de prueba, a fin de denunciar alguna posible infracción de tráfico. El informe jurídico que se recoge en la Guía da respuesta a esta cuestión, planteando asimismo si tales tratamientos serían o no conformes al RGPD.
    Los sistemas de videovigilancia, al considerarse un tratamiento de datos personales en virtud de los artículos 1.1 y 1.2 del RGPD, han de contar con una fuente de legitimación que ampare dicho tratamiento, previa realización de un juicio de ponderación en aras de determinar qué derecho ha de prevalecer sobre el otro. El interés legítimo, recogido en el art. 6 apartado f) RGPD podría operar siempre y cuando traiga cobertura del derecho de la tutela judicial efectiva.
    Si bien es cierto que la LO 4/1994, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad en lugares públicos les atribuye competencia exclusiva para la instalación de videocámaras en lugares públicos, podría legitimarse dicho tratamiento de captación de imágenes siempre y cuando se garanticen los principios de limitación y minimización de datos, recogidos en el RGPD. en virtud del art. 5 RGPD .

A pesar de encontrarse dicho tratamiento amparado por el principio de la tutela judicial efectiva, debemos puntualizar que este derecho ha de concretarse de algún modo. El informe de la AEPD de 13 de abril de 2015 expone algunos supuestos :

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Ante el retraso en la tramitación parlamentaria del Proyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, el 27/7/2018 el consejo de ministros aprobó un Real Decreto-Ley que deroga el régimen sancionador de la Ley Orgánica 15/1999, adaptando la legislación española al régimen sancionador del RGPD.

El Real Decreto-ley ha sido publicado en el BOE el 30/7/2018, con entrada en vigor al día siguiente. En todo caso, el RDL establece que los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor se regirán por la normativa anterior, salvo aquellas disposiciones más favorables para el interesado.

El RDL regula aspectos como el funcionamiento de los procedimientos de la Agencia Española de Protección de Datos, la tramitación de las reclamaciones, y la remisión de la reclamación a otra Autoridad de control si la Agencia Española considerara que no tiene la condición de autoridad de control principal.

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Una semana más, continuamos analizando la regulación del régimen sancionador en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) y el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos (Anteproyecto). En esta ocasión, nos centraremos en la figura del apercibimiento y la aplicación del régimen sancionador respecto de los organismos públicos.

Comenzando por la figura del apercibimiento, como es sabido, no nos encontramos ante una figura novedosa, puesto que ya aparece contemplada en la actual Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en su artículo 45.6, en el que se establece que el apercibimiento sólo podrá tener lugar cuando las infracciones cometidas sean de carácter leve y grave, nunca muy grave, y siempre que el infractor no haya sido sancionado o apercibido con carácter previo.

Por su parte el RGPD mantiene esta importante figura indicando para ello en su considerando 148 que, si la infracción cometida fuese leve, o si la multa que probablemente se impusiera constituyese una carga desproporcionada para una persona física, las autoridades de control podrán imponer un apercibimiento en lugar de sanción mediante multa.

Además, el artículo 58 en sus letras a y b dice “Cada autoridad de control dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados a continuación: a) sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con una advertencia cuando las operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en el presente Reglamento; b) sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con apercibimiento cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente Reglamento”.

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Siguiendo con nuestro estudio y análisis del Reglamento Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), en esta ocasión, nos centraremos en el desarrollo del Régimen Sancionador.

¿Cómo se encuentra regulado en el RGPD?, ¿Qué novedades introduce el RGPD respecto de la actual Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante, LOPD)? Y el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, ¿qué indica al respecto?

En el Capítulo VIII del RGPD, que reza “Recursos, responsabilidades y sanciones” se introducen las principales novedades respecto del régimen sancionador, representado los derechos y deberes de las partes y estableciendo condiciones generales y límites a la imposición de multas de carácter administrativo.

Comenzando por la tipificación de las infracciones, en el RGPD no encontramos un artículo como el 44 de nuestra actual LOPD, con una clasificación clara de infracciones en leves, graves y muy graves. El RGPD, en este sentido, podemos decir que es bastante genérico recogiendo en su considerando 148 que con el fin de reforzar la aplicación de las normas del RGPD, cualquier infracción de este debe ser castigada con sanciones, incluidas multas administrativas, con carácter adicional a medidas adecuadas impuestas por la autoridad de control en virtud del RGPD, o en sustitución de estas medidas.

Sin embargo, en España, el Anteproyecto mantiene la clasificación que conocemos, a lo largo de sus artículos 72 a 74, es decir, efectúa una relación detallada de las conductas recogidas en el RGPD donde su incumplimiento será considerado como :

1. Infracciones muy graves, de entre las 17 conductas tipificadas como muy graves por el legislador español, destacamos:

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Martes, 04 Julio 2017 11:22

La AEPD publica su Memoria anual 2016

La Agencia Española de Protección de Datos (en adelante la AEPD), hizo pública hace unos días su Memoria Anual 2016. A lo largo de la misma se desarrollan todas las actividades realizadas por la AEPD durante el año 2016, las decisiones y procedimientos más relevantes así como las tendencias más destacadas del año y análisis de los retos presentes y futuros en materia de protección de datos. 

Que el pasado año 2016 ha sido relevante en lo que a protección de datos se refiere es bien sabido por todos, y así lo indica la AEPD en su nota de prensa del pasado 29 de Junio¿Cuáles son los motivos?

1. La aprobación, en mayo de 2016, del Reglamento General de Protección de Datos, que será de plena aplicación en mayo de 2018.

2. El impulso y desarrollo de 113 actuaciones recogidas en el Plan Estratégico 2015-2019 de la AEPD. Esto supone la puesta en marcha el 88% de las iniciativas previstas en el Plan estratégico para 2016, entre las que destacan, la creación de la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos, el servicio de atención especializado en cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos de menores, los materiales y recursos para fomentar un uso seguro de internet...etcétera.

3. La publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró inválida la Decisión de Puerto Seguro y que afecta a las transferencias internacionales de datos. Esta decisión incrementó en un 475%, respecto de 2015, las solicitudes de autorización basadas en la aportación de garantías contractuales. Las autorizaciones concedidas también aumentaron, concretamente un 362% pasando de 108 en 2015 a 499 en 2016.

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