El pasado 15 de junio el Tribunal Supremo dictaba sentencia que confirma la Resolución de La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el procedimiento PS/00290/2015, en el cual se interponía una multa de 40.001€ a la Mutua Madrileña, por incumplimiento de los preceptos recogidos en la normativa en materia de protección de datos, confirmando la no exoneración de la responsabilidad del responsable de tratamiento (en este caso, de la Mutua) al no haber atendido correctamente al derecho de oposición de envío de publicidad de uno de sus clientes ante una tercera empresa con la cual la Mutua había contratado la publicidad de sus productos.

La Mutua, por su parte, entiende que, en virtud del artículo 48 del vigente Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RDLOPD), no se verían obligados a facilitar a la empresa contratista los datos de aquellos clientes que hubiesen ejercitado su derecho de oposición al envío de publicidad ante la propia Mutua. El citado artículo indica que “los responsables a los que el afectado haya manifestado su negativa a recibir publicidad podrán conservar los mínimos datos imprescindibles para identificarlo y adoptar las medidas necesarias que eviten el envío de publicidad”.

Por consiguiente, la Mutua declara no haber lugar a infracción del artículo 44.3 e) de la derogada Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,  que actualmente se corresponde con el artículo 72.1 k) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que considera como infracción muy grave “el impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679” (RGPD).

Cabe recordar, que el RGPD recoge en su artículo 21 el derecho de oposición, pudiendo ser ejercido en cualquier momento por el interesado, siempre y cuando los datos objeto de tratamiento afecten a la licitud del mismo, en concreto en lo relativo al tratamiento en cumplimiento de una misión realizada en interés público o para satisfacer intereses legítimos perseguidos por el responsable o un tercero, conforme a lo dispuesto en los artículos 6.1 e) y f) RGPD.

El RDLOPD establece en su artículo 35.3, con relación a este ejercicio del derecho de oposición que, en todo caso y en el plazo máximo de 10 días a contar desde la recepción de la solicitud, “el responsable del fichero o tratamiento deberá excluir del tratamiento los datos relativos al afectado que ejercite su derecho de oposición o denegar motivadamente la solicitud del interesado en el plazo previsto”.

A tenor de lo expuesto, observamos que la principal cuestión que debe establecer el citado Tribunal es si la Mutua está o no obligada a hacer efectivo el derecho de oposición de su cliente, que así se lo solicitó expresamente, ante la entidad tercera contratante.

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Cuando hablamos de privacidad de un individuo hemos de partir de la base de estar ante un derecho reconocido en la Constitución Española (en adelante CE), concretamente en el artículo 18 y que le atribuye a este la potestad de mantener su intimidad fuera del control de terceros, asegurándose la no divulgación de aquellos aspectos privados e íntimos de su vida. A ojos del presente artículo no podemos dejar de lado la referencia a una de las esferas que configuran esta privacidad y que, con el avance de las nuevas tecnologías ha asumido una importancia exponencial: la privacidad digital. Y es que, desgraciadamente, la falta de la misma en el entorno web, es una realidad que ya está moldeando nuestras vidas.

Es un hecho. El usuario se ha convertido protagonista del llamado Internet Social, es él quién aporta sus contenidos, suministra información y decide qué comparte con terceros. Se configura así el llamado derecho a la intimidad digital, entendiendo, por tal, aquel del que disponen los interesados en lo que respecta a la salvaguarda de sus datos privados en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información, en especial, a la información que circula por Internet.

Pero ¿qué ocurre cuando este derecho es vulnerado por terceros como consecuencia de la publicación, sin nuestro consentimiento, de información que pertenece a nuestra esfera íntima y privada? Es en esta coyuntura en la que se encontró la joven víctima del conocido caso “La Manada” como consecuencia de la exposición web de datos de carácter personal vinculados a su persona.

Entrando en materia, los hechos objeto de análisis en el presente artículo, fueron puestos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) en mayo de 2018 mediante una reclamación en la que se indicaba la difusión de los posibles datos personales de la joven en foros abiertos de Internet. Ante tal información, la AEPD comienza las pertinentes labores de investigación que tienen como resultado, la incoación, contra el medio de prensa digital, “La Tribuna de Cartagena”, de un procedimiento sancionador (PS/00139/2019) como consecuencia de la publicación de un artículo en el que se detallaban el nombre, apellidos, edad y universidad en la que estudiaba la joven y al que acompañaba una fotografía de la misma.

Estos hechos supondrían una infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (en adelante, LOPD 15/99) que dispone que el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

Resulta necesario indicar que la AEPD fundamenta su decisión en la LOPD 15/99 porque los hechos acontecieron en un período en el que dicha normativa aún resultaba plenamente exigible. Aun así, a día de hoy, es por todos sabido que la LOPD 15/99 se encuentra ya derogada por la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 3/2018 (en adelante, LOPDGDD); motivo por el cual, en el presente artículo, trataremos de identificar los preceptos de la actual normativa, Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) y LOPDGDD, que se corresponden con el artículo de la LOPD 15/99 infringido a ojos de la AEPD.

¿En qué fundamenta entonces la Agencia, la decisión emitida?

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La Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) ha procedido a sancionar a un médico por importe de 5.000€,sanción que deriva de la pérdida de un video se grabó el 14 de octubre de 2014, cuando la paciente afectada se sometió a una intervención quirúrgica en un hospital privado de Madrid, video que fue grabado con el fin de captar la técnica para futuros usos científicos y docentes.

En el momento en el que la paciente solicitó las imágenes grabadas al doctor, con la intención de poder contrastar opiniones de distintos facultativos sobre la operación que se le había realizado, fue cuando se encontró con una respuesta vía e-mail que ni mucho menos se esperaba, en la cual el médico le decía textualmente lo siguiente;

“Como te he comentado lamento no haber podido encontrar las imágenes de tu cirugía, pero los niños me perdieron varios pendrives y es posible que en ellos se fuera tu intervención”

Fue a partir de este momento cuando la afectada decidió denunciar al facultativo, entendiendo que este había actuado con una grave falta de diligencia y dejando en manos de la AEPD la valoración de la tipología de falta cometida, cabe en este punto traer a colación los tipos de infracciones que encontramos reguladas en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) , dedica en concreto en su artículo 44 la regulación de los Tipos de infracciones, refiriéndose en su punto 1º a que estas pueden ser de distintos tipos dependiendo de lo acaecido en cada caso concreto:

“Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves”

Respecto a esto, la AEPD determinó en el Acuerdo de Inicio del expediente sancionador que los hechos enjuiciados fueron calificados como una infracción del artículo 9.1 LOPD:

“El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.”

Se hace en relación con el artículo 102 del RLOPD 1720/2007, sobre las copias de respaldo y recuperación. Ampliándose con el artículo 106 del RLOPD sobre los criterios de archivo, que dice deberán, entre otras cosas, posibilitar el ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación.
Esto supone una infracción grave, como ya hemos adelantado anteriormente en referencia a la LOPD, y que trae aparejadas consigo multas que van de los 40.001 a los 300.000 euros.

Para intentar evitar esta sanción el médico formuló una serie de alegaciones, entre las cuales nos gustaría destacar las siguientes:

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Cada vez más, los gigantes tecnológicos como Google o Facebook, se convierten en el foco de atención, entre otras cuestiones, con motivo del tratamiento de datos que realizan respecto de sus millones de usuarios y la forma en que lo llevan a cabo.

A este respecto, ha tenido gran repercusión mediática la resolución del procedimiento sancionador iniciado de oficio en septiembre de 2017 por la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD), en la que la autoridad de control española impone a Whatsapp y a Facebook una multa de 300.000 € a cada una de las entidades: a Whatsapp por comunicar datos a Facebook sin haber obtenido un consentimiento válido de los usuarios y otra a Facebook por tratar esos datos para sus propios fines sin consentimiento.

Esta no es la primera vez que la AEPD analiza la comunicación de datos entre Whatsapp y Facebook, pues hemos de recordar que como analizamos en otro artículo de este Blog, en agosto de 2017 la AEPD archivó las actuaciones iniciadas a este respecto mediante expediente Nº E/04948/2016, entendiendo en aquel momento que no se vulneraba lo establecido en la normativa de protección de datos.

¿Por qué en esta ocasión la AEPD sí ha sancionado a ambas entidades?

Para poder analizar la resolución y las consideraciones de la AEPD, debemos comenzar recordando que en el año 2014 Whatsapp fue adquirida por Facebook Inc., y en agosto de 2016 la primera entidad actualizó los términos de su servicio y la política de privacidad, introduciendo cambios como el hecho de compartir información de los usuarios de Whatsapp con Facebook.

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Recientemente, una de las autoridades de control de protección de datos en España, la Autoridad Catalana de Protección de Datos (en adelante ACPD), se ha pronunciado, a través de una resolución a su procedimiento sancionador 22/2017, poniendo en jaque una práctica altamente extendida en nuestra sociedad: la anotación de contraseñas de acceso a nuestra información, en un soporte físico a la vista de terceros.

En una era de los medios digitales como la actual, en la cual las contraseñas de acceso a la información almacenada en nuestros ordenadores, correos electrónicos y otros servicios, configuran nuestro llavero virtual y cuando la confianza en nuestra memoria entra en juego, ¿quién no ha optado, en alguna ocasión, por un “cómodo” almacenamiento escrito de las contraseñas en aras de evitar hacer uso del molesto “¿Ha olvidado su contraseña?”.

Por todos es sabido que este método de almacenamiento de las contraseñas no es el más adecuado en lo que a seguridad de los datos de carácter personal se refiere. Sin embargo, la ACPD va un paso más allá, al considerar que esta práctica supone un acto de vulneración de una de las medidas de seguridad contempladas en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de datos (en adelante, RDLOPD y LOPD).

En concreto, supondría la vulneración de la medida de seguridad prevista en el capítulo III, artículo 93.3 del RDLOPD: “Identificación y autenticación” que se pronuncia en los siguientes términos: "3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas, debe haber un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e integridad

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