Vivimos en la era de las redes sociales. Es un hecho constatado que, cada vez más, la evolución de las nuevas tecnologías, y más concretamente, de las redes sociales, amenazan los derechos personales que, las diferentes normas que conforman el ordenamiento jurídico español nos reconocen. Conscientes de la importancia que esta injerencia supone para nuestra esfera privada e íntima, así como por las constantes noticias que inundan nuestro panorama actual, desde nuestro Blog, ya nos hemos pronunciado en ocasiones anteriores (aquí y aquí) acerca de una problemática, desgraciadamente, cada vez más extendida.

Y es que en una sociedad como la actual, pensamos que en el espacio social de Internet podemos hacer y decir lo que queramos sin que esto tenga repercusión alguna; al fin y al cabo, actuamos dentro de nuestro ámbito privado, o ¿no? Realmente, ¿somos conscientes del impacto y del daño que nuestros actos pueden producir en terceros? O ¿pensamos acerca de las consecuencias de la viralidad de nuestras publicaciones? No olvidemos que nuestros actos pueden desembocar, en ocasiones, en la comisión de un ilícito penal.

Precisamente, una aparente vulneración del derecho al honor, derecho fundamental reconocido y desarrollado en el artículo 18 de la Constitución Española, (en adelante CE), fue lo que aconteció cuando, una empleada de la entidad Arenal Perfumerías S.L, emitió una serie de insultos a la que, por aquel entonces, era su encargada. ¿Cuál es la peculiaridad del presente ilícito? Que dichos insultos fueron publicados en la red social que la entidad tenía en abierto, lo que permitió su difusión entre todos los contactos que la misma tenía.

Estos hechos fueron denunciados, al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y la propia imagen (en adelante, LO 1/1982) por considerar que los insultos proferidos constituían una intromisión y vulneración al derecho al imagen y honor de la demandante. Recordemos, en este punto, que la LO 1/1982 otorga una protección civil al derecho al honor frente a las injerencias o intromisiones que se produzcan contra este derecho en la realidad offline y online.

Y así lo consideró el Juzgado número 6 de Primera Instancia de Burgos quién, tras analizar los hechos, emitió sentencia condenatoria contra la demandada por entender que, con sus actos, había incurrido en una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la propia imagen y al honor de la actora al considerar, los insultos, como una lesión a la dignidad y estima y a un menoscabo de la fama de la demandante.

Esta sentencia fue confirmada, en segunda instancia, por la sala segunda de la Audiencia Provincial de Burgos (en adelante AP), en su STC 327/2019, de 30 de septiembre de 2019 y cuya fundamentación resulta objeto de análisis en el presente artículo.

A la hora de analizar por qué estos órganos judiciales han considerado la existencia de una vulneración del derecho al honor, debemos tener en cuenta que:

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En nuestros últimos posts (aquí y aquí) hemos analizado los cambios que ha sufrido el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante Proyecto) durante su proceso de aprobación, hasta el momento no finalizado, encontrándose actualmente en la fase constitutiva del Procedimiento legislativo ordinario. Todo parece indicar que esta redacción del texto legislativo será la definitiva, pero hasta entonces, seguiremos estudiando el contenido del novedoso Título X que el Proyecto dedica a los Derechos Digitales.

Si hace unas semanas centrábamos la atención en los preceptos que el texto dedica a la protección de los menores, el derecho a la educación digital, y el impacto en las relaciones laborales, en esta publicación trataremos cómo el Proyecto regula el derecho de rectificación en Internet.

Como ya hemos venido indicando en recientes artículos, y la propia Exposición de Motivos del Proyecto pone de manifiesto, mediante la inclusión de estas disposiciones se cumple con la tarea de reconocer y garantizar ciertos derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución Española (en adelante CE). En definitiva, derechos que ya se disfrutan en la realidad offline y que hasta ahora planteaban dudas en el entorno online.

¿Qué supone esta premisa en lo que al derecho de rectificación se refiere?

Todos tienen derecho a la libertad de expresión en internet”. Así comienza el artículo 85 del Proyecto dedicado al derecho de rectificación en Internet, aludiendo al derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, reconocido en el artículo 20.1 de la CE.

Ahora bien, es por todos conocido que el derecho fundamental a la libertad de expresión ya sea aplicado o no al ámbito digital, no es un derecho absoluto e ilimitado, toda vez que atendiendo al caso concreto, es posible que prevalezcan otros derechos fundamentales también garantizados en nuestro texto constitucional, tales como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE).

Una de las limitaciones a este derecho fundamental aplicado a Internet viene ahora dada por el derecho de rectificación regulado en el Proyecto. Si bien el derecho de rectificación en el ámbito de los medios de comunicación social ya se regularizó en La Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación (en adelante Ley 2/1984), y esta norma ha sido aplicada en alguna ocasión a informaciones publicadas en medios de comunicación digitales (como por ejemplo en el asunto analizado en la STS 1615/2018), el Proyecto trata de agilizar y explicitar este derecho de rectificación para los contenidos en redes sociales y servicios equivalentes.

Pero ¿cómo lo hace?

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"España, cada vez más cerca de aprobar su nueva LOPD". Esta noticia, ha sido, a lo largo de estas últimas semanas, una de las cuestiones más comentadas, a nivel nacional, en el ámbito de la protección de datos.

Cómo ya mencionamos en nuestro post de la semana anterior, el pasado 9 de octubre, se alcanzó, por parte de los distintos grupos parlamentarios, un consenso político para la aprobación de la nueva versión de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante, Proyecto) que, actualmente, y siguiendo el orden de las etapas que integran el procedimiento legislativo, se encuentra en fase de tramitación en el Senado, desde que el pasado 18 de octubre el Pleno del Congreso de los Diputados aprobase, por unanimidad, la nueva versión de este Proyecto de Ley.

Por todos es sabido que el Proyecto tiene como finalidad principal la adaptación de la normativa española de protección de datos personales al marco desarrollado por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, clarificando algunos de los puntos más relevantes desarrollados en el mismo. Sin embargo, no hemos de perder de vista, que la protección de datos y el tratamiento de la información personal va evolucionando y modificándose conforme las nuevas tecnologías avanzan. En aras de poder ajustarnos a esa evolución y garantizar la máxima protección a los interesados, este Proyecto busca ampliar a Internet, la exigencia y aplicación de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española y en los Tratados Internacionales tal y como el propio Proyecto recoge en su artículo 79.

¿Cómo lleva a efecto la nueva versión del Proyecto este propósito?

A través de la creación del Título X, denominado “Garantías de los derechos digitales”. Un título, conformado por un total de 19 artículos, que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de este texto normativo, y cuyo objeto principal es reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos.

Parte, este articulado, de la búsqueda de una garantía de acceso universal a Internet para todos los ciudadanos, con independencia de la condición personal, social, económica o geográfica de los mismos y con el fin último de luchar contra las brechas de género, residenciales, generacionales o por razón de la discapacidad (artículo 81).

Asimismo, se establecen obligaciones para los proveedores de servicios que deberán proporcionar una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos, así como informar a los usuarios de sus derechos en materia de seguridad de las comunicaciones (artículo 80).

¿En qué otros ámbitos centra su desarrollo este nuevo título?

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