El 31 de enero del 2020 ha pasado a ser un día histórico para la Unión Europea y el Reino Unido. Desde las 23h, Reino Unido ha dejado de formar parte oficialmente de la Unión Europea. Sin embargo, esta fecha tiene más valor simbólico que efectivo, en tanto que Reino Unido sigue unida a la legislación europea hasta, al menos, el 1 de enero del 2021.

Durante este periodo transitorio, las dos partes tienen la oportunidad de negociar un nuevo tratado internacional que deberá marcar la nueva relación entre la UE y el Reino Unido a partir del final de este periodo transitorio. Cabe decir que existe la posibilidad de que este periodo transitorio se extienda hasta dos años, siempre y cuando se solicite antes de julio, lo que podría suponer alargar el periodo transitorio hasta 2023.

Durante el periodo transitorio, por tanto, el Reino Unido se convierte en un tercer estado al que se le aplica el derecho europeo.

¿Cómo afecta esta nueva situación al Reglamento General de Protección de Datos?

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Una semana más seguimos con el análisis de algo tan importante como son los derechos de los interesados recogidos en el RGPD.

Semanas atrás hemos hablado del derecho de transparencia y del derecho de información donde el RGPD introduce importantes novedades.

En el artículo de hoy nos centraremos en el derecho de acceso, un derecho que no es nuevo para nosotros pues ya se regula en nuestro derecho interno.

A pesar de lo antedicho el RGPD introduce cuestiones interesantes, como por ejemplo respecto del acceso a los datos relativos a la salud. En el considerando 63 se indica “Los interesados deben tener derecho a acceder a los datos personales recogidos que le conciernan y a ejercer dicho derecho con facilidad y a intervalos razonables (...). Ello incluye el derecho de los interesados a acceder a datos relativos a la salud, por ejemplo los datos de sus historias clínicas que contengan información como diagnósticos, resultados de exámenes, evaluaciones de facultativos y cualesquiera tratamientos o intervenciones practicadas.”

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La semana pasada hacíamos un análisis detallado de las novedades que respecto del derecho de información introduce el Reglamento General de Protección de Datos. Centrábamos nuestro análisis, asumiendo que los datos personales habían sido obtenidos directamente del interesado.

Hoy nos centramos en el análisis de qué información y cómo se debe proporcionar cuando los datos personales no se hayan obtenido directamente del interesado.

Para ello acudimos al artículo 14 del RGPD, donde además de indicar que cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado se debe proporcionar la misma información ya analizada en el anterior post de este mismo blog, el mencionado artículo exige al responsable del tratamiento que facilite al interesado la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:

1. la categoría de los datos de que se trate.

2. la fuente de la que proceden los datos personales, y en su caso, si proceden de fuentes de acceso público.

Por otro lado, el aparatado 3 del artículo 14 indica que el responsable del tratamiento facilitará la información indicada hasta ahora:

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Nada más comenzamos la lectura del RGDP nos encontramos con el considerando 8, en el que se dice que “En los casos en que el presente Reglamento establece que sus normas sean especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros, estos, en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y para que las disposiciones nacionales sean comprensibles para sus destinatarios, pueden incorporar a su Derecho nacional elementos del presente Reglamento”.

Es decir, que a pesar de estar ante una norma de directa aplicación para todos los Estados miembros, el Reglamento nos habilita la facultad para mantener o adoptar disposiciones nacionales a fin de especificar en mayor grado la aplicación de las normas que el mismo recoge.

Además, el RGPD reconoce un margen de maniobra para que los Estados miembros especifiquen sus normas, inclusive para el tratamiento de categorías especiales de datos personales, es decir, datos sensibles. Por lo tanto la aplicación del RGPD no excluye el Derecho de los Estados miembros que determina las circunstancias relativas a situaciones específicas de tratamiento, incluida la indicación pormenorizada de las condiciones para que el tratamiento de datos personales se considere lícito (lo veremos cuando hablemos de los principios recogidos en el RGPD).

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