No hace mucho hemos analizado en este blog (ver aquí) qué ocurre con la intimidad, y más concretamente, con el derecho a la protección de los datos personales de los jugadores de fútbol en nuestro país.

En este caso, volvemos a adentrarnos en el mundo del fútbol español, refiriéndonos a una reciente resolución (ver aquí) de la  Sala de lo Contencioso – Administrativo de la Audiencia Nacional (AN), sobre el recurso interpuesto por un ex futbolista del F. C. Barcelona.

Dicho recurso está relacionado con un pronunciamiento previo por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en la Resolución N.º: R/01677/2018, a raíz de que el ex futbolista solicitase borrar de los resultados del buscador de Google varias noticias publicadas en dos periódicos de tirada nacional, en las que se informaba de que el exjugador fue en el año 2004 condenado a pagar una multa por una falta de amenazas a una joven estudiante de 23 años. 

La AEPD resolvió considerando que se trataba de unas informaciones relacionadas con la proyección pública del reclamante, amparadas por la libertad de prensa y que no se estaba acreditando que fueran inciertas. Además señaló que, si la pretensión del reclamante es la protección de su derecho al honor y a la propia imagen, la normativa aplicable en su caso no es la relativa a la protección de datos, sino la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

El demandante, por su parte, alegaba las siguientes cuestiones:

  1. Que se trataba de una información obsoleta al haber transcurrido catorce años desde la publicación de los hechos en las URL's, ya que, además, la infracción por la que fue condenado penalmente ya fue cumplida y está prescrita, no teniendo sentido que el nombre del afectado siga apareciendo vinculado en Google a dichos hechos, con la correspondiente estigmatización que conlleva y la obstaculización de una total reinserción.
  2. Que la naturaleza penal de los hechos, no podía ser un argumento para la denegación del derecho al olvido y que no existe un interés legítimo de los internautas en acceder a la información.
  3. Que ni se le puede considerar persona con notoriedad pública, ni con sus actos pretendía o pretende conseguir dicha notoriedad, ni los hechos tienen que ver con su actividad profesional.

Debemos de partir de que, tal y como analizamos en anteriores publicaciones de este blog (ver aquí), estamos ante el ejercicio por parte de un interesado de su derecho de supresión o “derecho al olvido”, recogido en el artículo 17 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD) y en virtud del cual, los interesados tienen derecho a pedir que sus datos personales se supriman y dejen tratarse cuando concurra entre otros supuestos recogidos en el mencionado artículo, la circunstancia de que ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados.

Además, el RGPD refuerza este derecho cuando nos encontremos ante tratamientos realizados en el entorno en línea (Internet), refiriéndose en el Considerando 66 a que el responsable del tratamiento que haya hecho públicos los datos está obligado a indicar a los responsables del tratamiento que estén tratando tales datos personales que supriman todo enlace a ellos, o las copias o réplicas de tales datos.

No obstante, el propio artículo 17.3 enumera las excepciones a la supresión de los datos personales en los términos anteriores, cuando la necesidad del tratamiento resida en:

  1. 1. Ejercer el derecho a la libertad de expresión e información.
  2. 2. El cumplimiento de una obligación legal que se aplique al responsable del tratamiento.
  3. 3. Tratamiento para el cumplimiento de una misión realizada por interés público o en el ejercicio de los poderes públicos.
  4. 4. Razones de interés público en el ámbito de la salud pública.
  5. 5. Fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos.
  6. 6. La formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Y es en este punto donde nos paramos a analizar si en este caso, prevalece el derecho a la libertad de expresión e información o el derecho a la protección de datos de carácter personal.

Para ello debemos acudir una vez más a la Sentencia de 13 de mayo de 2014 del TJUE, (en adelante, la Sentencia) la cual establece cómo deben interpretarse los derechos de acceso y oposición en el sentido de que, “para respetar estos derechos, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita”. 

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Es muy probable que hayas oído hablar del derecho al olvido y te preguntarás, ¿Qué es exactamente? Pues bien, en este artículo nos vamos a centrar en explicar este derecho que todos los ciudadanos tenemos reconocido, como ya hemos hecho en otros artículos de nuestro blog pinchando aquí.

Para comenzar, nos gustaría recordar que el derecho al olvido es un concepto relacionado con el Habeas Data (derecho de control del individuo sobre sus datos o información personal, además de la exclusión de toda injerencia en su vida privada) y la protección de datos personales, el derecho al honor, intimidad e imagen, todos ellos Derechos Fundamentales reconocidos en nuestra Constitución (C.E).

Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):

El “derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano a impedir la difusión de información personal a través de Internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa”.

Además, indica la AEPD que este derecho incluye la posibilidad de limitar la difusión de datos personales, incluso cuando la publicación original sea legítima, cuando refiere que:

“La difusión universal e ilimitada de información que ya no tiene relevancia ni interés público a través de los buscadores causa una lesión a los derechos de las personas”.

Determinado el concepto del derecho al olvido, y si bien esta cuestión ya ha sido analizada en profundidad en nuestro blog (si te interesa este análisis pincha aquí), consideramos necesario mencionar que este derecho, se encuentra regulado por una parte en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de datos (RGPD), y por otra parte, exclusivamente en el ámbito de Internet, en el artículo 93 de la Ley Orgánica de Proteccion de Datos y de Garantías de los Derechos Digitales.

Una vez hemos recordado los conceptos y aspectos que rigen en el derecho al olvido, cabe destacar que la importancia de la reivindicación de este derecho viene ligado a grandes buscadores como puede ser Google, ya que basta con teclear el nombre de una persona, algo tan simple como un “click” para que podamos acceder a información relativa a la misma. Información que, aunque a simple vista parezca inofensiva, en muchos casos puede estar atentando contra los Derechos Fundamentales inherentes a esa persona y a su vez vulnerando los principios que rigen en el Derecho a la Protección de Datos.

A este respecto, consideramos necesario hacer referencia a la reciente Sentencia 12/2019 de 11 Enero, Rec. 5579/2017, del Tribunal Supremo, en la cual se viene a tratar lo siguiente:

La persona afectada por una supuesta lesión del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, está legitimada para fundamentar válidamente una acción de reclamación ante la entidad proveedora de los servicios del motor de búsqueda en internet, o ante la AEPD, cuando los resultados del motor de búsqueda ofrezcan datos sustancialmente erróneos o inexactos que supongan una desvalorización de la imagen reputacional que se revele injustificada por contradecir pronunciamientos formulados en una resolución firme.

En el caso que nos atañe, la persona afectada interpone su acción de reclamación ante Google, reconocida por la Audiencia Nacional mediante Sentencia, pero Google decide recurrir esta Sentencia ante el Tribunal Supremo. ¿Por qué? El gigante tecnológico considera que no está lesionando los derechos del interesado.

Sin embargo, en el fallo de la Sentencia, el Tribunal Supremo estima no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Google, reconociéndole a la persona afectada su Derecho al Olvido.

Este derecho al olvido de la persona afectada se fundamenta del siguiente modo:

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Ya es oficial. Tras dos años de intensos trabajos de elaboración y meses de espera para la aprobación del texto definitivo, el Boletín Oficial del Estado publicó, el pasado 6 de diciembre (BOE núm. 294), la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD), en vigor y con plenos efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín, esto es, desde el viernes 7 de diciembre.

¿Y ahora qué?

Este hecho implica, consecuentemente, y tal y como recoge la disposición derogatoria única de la nueva Ley, la derogación de la LOPD 15/1999, a excepción de sus artículos 22, 23 y 24, que siguen vigentes en tanto en cuanto no sean expresamente modificados, sustituidos o derogados; así como la derogación del Real Decreto Legislativo 5/2018 de medidas urgentes que el Ministerio de Justicia convalidó en el Parlamento, el pasado 27 de julio, para evitar un vacío legislativo hasta que esta nueva Ley se aprobara.

No son pocas las ocasiones en las que hemos indicado que la, ya, Ley Orgánica tiene como finalidad principal la adaptación a la legislación española en materia de protección de datos, de las premisas recogidas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (en adelante, RGPD). Sin embargo, las disposiciones que conforman el nuevo texto normativo van más allá, ya que amplían las obligaciones digitales de las entidades que recojan y lleven a cabo tratamientos de datos de carácter personal con un fin profesional.

¿Por qué motivo se dota de tal importancia a las obligaciones digitales de las entidades?

A día de hoy, es incuestionable el impacto que las nuevas tecnologías tienen en nuestra sociedad en general, y en el ámbito empresarial y educativo en particular, de tal manera que una gran parte de nuestra actividad profesional y privada se desarrolla en la Red. Por ello, y dando respuesta a la imperiosa necesidad de regular, unos derechos digitales, que sean acordes al modelo de vida de la sociedad actual, se crea el Título X denominado “garantía de los Derechos Digitales”.

Conscientes de su importancia, mediante el presente artículo, continuaremos con el análisis, ya comenzado hace unas semanas (post, posty post), de este novedoso Titulo, centrándonos, en esta ocasión, en el desarrollo de los derechos a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (artículo 86) y al olvido digital (artículos 93 y 94).

DERECHO A LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES.

Este derecho, se desarrolla en consonancia con el derecho de rectificación en Internet (artículo 85) ya analizado en el presente blog; concretamente con el apartado tercero de dicho artículo que establece que la atención a la solicitud de rectificación dirigida contra un medio de comunicación digital deberá ir acompañada de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo.

En consecuencia, es el artículo 86, el que articula ese derecho personalísimo que tienen los interesados a solicitar, motivadamente, de los medios de comunicación digitales, la inclusión de ese aviso aclaratorio junto a las noticias que le conciernan y siempre que la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual por el acaecimiento de circunstancias posteriores a la fecha de la publicación.

Como bien sabemos, la publicación de una noticia en los medios de prensa, se encuentra amparado en la libertad de expresión regulada en el artículo 20 de la Constitución Española. Sin embargo, es necesario que la información facilitada a través de dichas noticias sea una información veraz. Si a esto le sumamos que en el caso de que dichas informaciones se publiquen en portales web indudablemente conlleva un mayor efecto divulgativo, con su consecuente repercusión en la protección de datos del afectado; el derecho de actualización cobra una importancia todavía mayor.

Para la atención de este derecho, será necesario, tal y como recoge el precepto objeto del presente análisis, que la información reflejada en los medios de comunicación digital, y sobre la que se solicita una aclaración, cause al interesado un perjuicio para su persona.

¿Cuándo tiene especial relevancia la atención de este derecho de actualización?

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Somos usuarios de la era digital” ¿Quién no ha oído, alguna vez, esa afirmación? Lo cierto es que, a día de hoy, y de manera constante navegamos a través de internet y de nuestros dispositivos tecnológicos, dejando un rastro continuo e inevitable de todo lo que hacemos y consultamos en la red. Un rastro que la memoria colectiva, que es la red, no olvida ¿o sí?

Tal y como recoge el Reglamento Europeo de Protección de datos (en adelante RGPD) en su artículo 17: El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan (…) siempre y cuando concurran una serie de circunstancias que el mismo artículo contempla en su apartado 1. Es acerca de este derecho sobre el que nos habla la Sentencia 1932/2018, que el pasado día 10 de mayo, publicó la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (en adelante, AN).

En el caso que nos ocupa, el denunciante ejercitó ante el motor de búsqueda Google su derecho de cancelación y eliminación de los datos que aparecían recogidos hasta en cinco URL’S distintas. En ellas, se hacía referencia a unas actividades efectuadas por él y consideradas en última instancia como una estafa. Una vez analizada la solicitud, el buscador denegó la eliminación de la información solicitada por entenderla relevante y de interés público.

El usuario, no conforme con la decisión adoptada por el explorador, solicitó la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) quien estimó, mediante resolución de 22 de abril de 2016, la reclamación del usuario, respecto de 4 de los 5 enlaces objeto de controversia por considerar que no se había acreditado, suficientemente, la acusación de estafa por lo que no cabía deducir la prevalencia del interés de la opinión pública en conocer la información incluida sobre el derecho a la protección de datos del afectado.

Dicha resolución de la AEPD fue recurrida en recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por el buscador, desembocando en el proceso objeto del presente artículo.

A este respecto, la AN establece en su fundamentación jurídica que, a la hora de valorar la concesión del derecho al olvido, se deberá llevar a cabo un juicio de ponderación de derechos para determinar si debe prevalecer el derecho a la protección de los datos personales, frente al derecho de información, a la libertad de expresión y el interés general del público en acceder a la información.

Entonces, ¿cómo se han de ponderar los derechos en conflicto?

En su fundamento cuarto, la sentencia establece que se deberá buscar un justo equilibrio entre el interés legítimo de los internautas en tener acceso a la información en una búsqueda que verse sobre el nombre de una persona y los derechos fundamentales de la misma. Continúa indicando que “(…) no obstante, puede que, en ocasiones, la injerencia en el derecho de protección de datos esté justificada por el interés del público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate”.

La AN toma como base la doctrina general contenida en la importante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) de 13 de mayo de 2014. Esta sentencia, que resolvía una cuestión prejudicial planteada por la propia AN al TJUE, supuso un antes y un después para el derecho al olvido. Tras el pronunciamiento, en el que se establecía que el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda estaba sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea, los usuarios pudieron comenzar a solicitar a los buscadores, directamente y bajo ciertas condiciones, el borrado de los datos personales que aparecían indexados en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre.

Para destacar el carácter relevante de dicha Sentencia, hemos de indicar que desde que se hiciese pública, más de 400.000 ciudadanos europeos se han podido beneficiar del derecho al olvido.

¿Pero, que es realmente el Derecho al Olvido?

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Miércoles, 14 Septiembre 2016 15:41

Derechos del interesado. RGPD. Parte I.

Seguimos con nuestra serie de artículos dedicados al análisis del Reglamento General de Protección de Datos.

Empezamos hoy con una serie de post dedicados a los derechos del interesado, es decir ¿cuáles son los derechos que tenemos todos los que somos titulares de datos de carácter personal según el RGPD?: 

La transparencia como derecho.

En este mismo blog hablamos de transparencia pero como principio, pues el RGPD lo define de ambas formas. El derecho de transparencia supone, tal y como se indica en el artículo 12.1 del RGPD, la obligación del responsable de facilitar al interesado toda la información relativa al tratamiento de sus datos personales de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, en particular cuando esta información se dirija a un niño. Tal información será facilitada por escrito, por medios electrónicos e incluso verbalmente si así lo solicita el interesado y éste demuestra su identidad por un medio distinto

.El derecho de transparencia se posiciona como base que sustenta al resto de derechos recogidos en el RGPD. El mismo artículo 12.2 establece que: el responsable deberá facilitar al interesado el ejercicio de sus derechos, incluidos los mecanismos para solicitar y obtener de forma gratuita el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión y oposición.

Asimismo, el artículo 12.3 de RGPD marca un mes como plazo para que el responsable pueda facilitar al interesado la información relativa a sus actuaciones, tratamientos realizados, tras la recepción de una solicitud por parte del mismo. Es decir, la norma europea establece un mismo y único plazo para todos los derechos (artículos 15 al 22 del RGPD).

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Hace escasos unos días el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso Administrativo), determinó que: “el responsable del tratamiento de datos realizado en Google Search no es la filial Google Spain su matriz Google Inc”. Esta afirmación echa por tierra el criterio, hasta ahora seguido, de la corresponsabilidad por parte de Google Spain SL, en razón de la unidad de negocio que conforman ambas sociedades.

El TS así lo ha considerado, y ha fundamentado su decisión indicando que si bien es cierto en la Directiva 95/46/CE y en la LOPD se contempla la posibilidad de corresponsabilidad en el tratamiento de los datos, cuando emplean los términos “(...) sólo o conjuntamente con otros (...) puntualiza la Sala que ello supone una coparticipación de los fines y los medios del tratamiento de datos personales que es lo que caracteriza la condición de responsable, es decir, que en su opinión no valdría cualquier otro auxilio o colaboración que no tenga tal naturaleza, y añade un: “como puede ser el caso aquí contemplado”. El TS entiende que la actividad de promoción de productos o servicios publicitarios que realiza Google Spain en beneficio del responsable Google Inc, es una actividad ajena a la determinación de los fines y medios del tratamiento. Por tanto es la sociedad que gestiona el motor de búsqueda la que asume la responsabilidad del tratamiento de datos, con las obligaciones que de ello se deriva en orden al efectivo cumplimiento de la normativa.

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Los Estados de la UE acuerdan nuevas normas para reforzar la protección de datos en internet.

Los ministros europeos de justicia, tras tres años de negociaciones, han cerrado el pasado mes de junio de 2015 un acuerdo político sobre el reglamento europeo de protección de datos personales, que reconoce, por primera vez, el derecho de los ciudadanos a reclamar el borrado de información personal, perjudicial, y no pertinente en internet.

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En su primera sentencia (nº 545/2015, de 15 de octubre) sobre el derecho al olvido el Tribunal Supremo determinó que "los periódicos digitales no podrán permitir que los motores de búsqueda indexen noticias pasadas, cuando los afectados se lo soliciten, estableciendo así una prevalencia del derecho al honor, a la intimidad y a la protección de datos sobre la libertad de información".

En los años 80 el diario El País publicó una noticia, con nombres y apellidos, de dos personas implicadas en un delito de tráfico y consumo de drogas. Años más tarde, y con la condena cumplida, los afectados pudieron comprobar que si introducían sus datos de carácter personal en los buscadores, aquella noticia aparecía en los primeros puestos de consulta. Esto era debido a que El País había llevado a cabo una proceso de digitalización de su hemeroteca.

Los afectados elevaron la cuestión a los Tribunales, donde la Audiencia Provincial de Barcelona les dio la razón, ordenando además al diario demandado a que también eliminase los nombres e incluso las iniciales de los afectados.

En la Sentencia el TS realiza una ponderación entre los derechos a la libertad de información frente al derecho al honor, intimidad y protección de datos, llegando a las siguientes conclusiones:

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Esta semana, con motivo de la reunión del lunes 15 de junio del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (JAI), algunos medios de prensa o incluso la propia Moncloa, en su página web oficial, publicaban titulares como "Los ministros de Justicia de la UE aprueban el Reglamento Europeo para reforzar la protección de datos en internet" o titulares como "Bruselas aprueba la nueva norma de protección de datos que reconoce el 'derecho al olvido'".

Nos gustaría aclarar, que ni se ha aprobado el texto definitivo del futuro Reglamento Europeo de Protección de Datos, y mucho menos se ha creado una nueva norma en el seno de la Unión Europea para reconocer el "derecho al olvido". Recordemos que el famoso "derecho al olvido" viene siendo reconocido desde la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, cuando en la misma ya se determinó, que el gestor de un motor de búsqueda en internet es responsable del tratamiento que aplique a los datos de carácter personal que aparecen en las páginas web publicadas por tercero y, por tanto, debe respetar la directiva comunitaria sobre protección de datos, pese a que la publicación en dichas páginas hubiera sido en sí misma lícita.

Además, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, no se centrará sólo en regular el "derecho al olvido", será reconocido en uno de sus artículos, pero el Reglamento tiene un doble objetivo:.

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Si hace unas semanas, en este mismo blog, hablábamos de las peculiaridades del derecho de acceso, vamos hoy a analizar otro de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) y va a ser este último el objeto de nuestro análisis por sus características especiales.

Si bien es cierto que nos encontramos ante un derecho igual de importante que el resto de los derechos ARCO, la propia Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), sólo lo menciona en diferentes ocasiones, pero sin llegar a desarrollarlo:

- En el artículo 6.4: "En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable de fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado".
- En el artículo 30.4, donde se regula los tratamientos de datos con fines de publicidad y de prospección comercial: "Los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán dados de baja del tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos figuren en aquél, a su simple solicitud".
- En el artículo 17, cuando describe el procedimiento a llevar a cabo para la satisfacción de los derechos ARCO: "1.Los procedimientos para ejercitar el derecho de oposición, acceso, así como los de rectificación y cancelación serán establecidos reglamentariamente. 2. No se exigirá contra prestación alguna por el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación".
- En el artículo 18, cuando habla de la tutela de derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos: "(...)2. El interesado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos o, en su caso, del organismo competente de cada Comunidad Autónoma, que deberá asegurarse de la procedencia o improcedencia de la denegación (...)".

Debemos acudir al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante RDLOPD), donde en el Capítulo IV, del Título III se desarrolla el derecho de oposición.
El artículo 34 del RDLOPD, establece que: "El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo". Esta afirmación inicial, sólo será posible en los 3 siguientes supuestos, que analizaremos uno a uno:

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