Vivimos en la era de las redes sociales. Es un hecho constatado que, cada vez más, la evolución de las nuevas tecnologías, y más concretamente, de las redes sociales, amenazan los derechos personales que, las diferentes normas que conforman el ordenamiento jurídico español nos reconocen. Conscientes de la importancia que esta injerencia supone para nuestra esfera privada e íntima, así como por las constantes noticias que inundan nuestro panorama actual, desde nuestro Blog, ya nos hemos pronunciado en ocasiones anteriores (aquí y aquí) acerca de una problemática, desgraciadamente, cada vez más extendida.

Y es que en una sociedad como la actual, pensamos que en el espacio social de Internet podemos hacer y decir lo que queramos sin que esto tenga repercusión alguna; al fin y al cabo, actuamos dentro de nuestro ámbito privado, o ¿no? Realmente, ¿somos conscientes del impacto y del daño que nuestros actos pueden producir en terceros? O ¿pensamos acerca de las consecuencias de la viralidad de nuestras publicaciones? No olvidemos que nuestros actos pueden desembocar, en ocasiones, en la comisión de un ilícito penal.

Precisamente, una aparente vulneración del derecho al honor, derecho fundamental reconocido y desarrollado en el artículo 18 de la Constitución Española, (en adelante CE), fue lo que aconteció cuando, una empleada de la entidad Arenal Perfumerías S.L, emitió una serie de insultos a la que, por aquel entonces, era su encargada. ¿Cuál es la peculiaridad del presente ilícito? Que dichos insultos fueron publicados en la red social que la entidad tenía en abierto, lo que permitió su difusión entre todos los contactos que la misma tenía.

Estos hechos fueron denunciados, al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y la propia imagen (en adelante, LO 1/1982) por considerar que los insultos proferidos constituían una intromisión y vulneración al derecho al imagen y honor de la demandante. Recordemos, en este punto, que la LO 1/1982 otorga una protección civil al derecho al honor frente a las injerencias o intromisiones que se produzcan contra este derecho en la realidad offline y online.

Y así lo consideró el Juzgado número 6 de Primera Instancia de Burgos quién, tras analizar los hechos, emitió sentencia condenatoria contra la demandada por entender que, con sus actos, había incurrido en una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la propia imagen y al honor de la actora al considerar, los insultos, como una lesión a la dignidad y estima y a un menoscabo de la fama de la demandante.

Esta sentencia fue confirmada, en segunda instancia, por la sala segunda de la Audiencia Provincial de Burgos (en adelante AP), en su STC 327/2019, de 30 de septiembre de 2019 y cuya fundamentación resulta objeto de análisis en el presente artículo.

A la hora de analizar por qué estos órganos judiciales han considerado la existencia de una vulneración del derecho al honor, debemos tener en cuenta que:

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¿Conflicto? Probablemente a nadie le resulte novedoso pues, no en pocas ocasiones, se ha puesto en duda cuál de los dos derechos ha de prevalecer sobre el otro en caso de confrontación. Y lo cierto es que no existe un pronunciamiento absoluto pues, con el paso de los años, la respuesta jurisprudencial que hemos obtenido a esta pregunta no siempre ha sido la misma.

Pues bien, el Tribunal Supremo (en adelante, el TS) se ha vuelto a pronunciar, con su sentencia 429/2019 del pasado 16 de julio, sobre qué derecho tiene una posición preferente respecto del otro, poniendo así, de nuevo, sobre la mesa este histórico conflicto.

Pero antes de entrar en el análisis de la fundamentación esgrimida por el alto tribunal en su sentencia, consideramos necesario recordar:

- Que ambos derechos tienen un carácter fundamental y, cómo tales, se encuentran reconocidos en la Constitución Española (en adelante CE), en los artículos 18.1 (derecho al honor) y 20.1 letras a y d (libertad de expresión).
- Que la libertad de expresión tiene su límite en el respeto al resto de derechos reconocidos en el Título I de la CE, y en los preceptos de las leyes que lo desarrollen, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen (…) (artículo 20.4 CE).

Ambos derechos, en el contexto que nos ocupa, entraron en conflicto en el año 2013, a raíz de unas acusaciones vertidas por un concejal del partido político de la oposición al, por aquel entonces, partido que gobernaba en la localidad malagueña de Torremolinos, y mediante las cuales, se ponía en duda el buen hacer del partido en la alcaldía. En aras de salir al paso de las informaciones publicadas, dicho partido emitió una nota de prensa, que fue publicada en la edición impresa de un periódico local y con una repercusión directa en el canal de televisión también local. Fue en dicha nota de prensa, a la que acompañaba una fotografía del concejal de la oposición ahora demandante, en la que se indicaba su carácter “mentiroso”, “rastrero” y “con desprecio por la verdad.

Estos hechos fueron denunciados en el curso de un procedimiento ordinario, con número 1396/2015,  instado al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por considerarse, los mismos, como constitutivos de una intromisión al derecho al honor del demandante. Vistos los hechos por el juzgado de primera instancia, se emitió sentencia considerando la existencia de una vulneración del derecho al honor del demandante como consecuencia de los insultos proferidos por la parte demandada por considerarlos “(…) innecesarios, excesivos, desproporcionados y, por tanto, no justificables ni siquiera en el contexto de contienda política sobre un asunto de interés general en el que se profirieron (…)”. Esta sentencia fue confirmada, en segunda instancia, por la Audiencia Provincial de Málaga (en adelante AP), en su STC 1224/2016, de 26 de octubre de 2016.

¿Qué dice, entonces, el TS?

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¿Alguna vez te han incluido en un fichero de morosos, o te has preguntado qué requisitos tienen que darse para que puedan hacerlo?

Este tipo de registros pueden ser un recurso asequible para las empresas a la hora de valorar la relación con un posible cliente, sin embargo, no siempre se sigue el procedimiento adecuado al incluir una deuda en estas listas, cuestión que puede generar consecuencias negativas para la intimidad y el honor de la persona señalada como deudor.

Precisamente en el caso presente, el TS dictó sentencia el pasado 23 de abril condenando a una empresa de recobro a indemnizar con una cuantía de 10.000 euros por daños morales causados a una exclienta de Vodafone, cuyos datos incluyó en dos registros de morosos de forma ilícita por una deuda de 200 euros (STS 174/2018).

La sentencia relata que Vodafone cedió a la empresa de recobro Sierra Capital 2012, S.L. (en adelante Sierra Capital), un crédito que afirmaba tener frente a su exclienta, parte demandante en este asunto. Posteriormente, Sierra Capital remitió comunicación a la afectada informando de la cesión de crédito y reclamando el pago de la cuantía indicada, con la advertencia de que en caso de impago, procedería a la inclusión de sus datos en un registro de morosos.

Ante esta comunicación, la demandante realizó el pago parcial de la cantidad reclamada por no estar conforme con las penalizaciones que se le pretendían cobrar, por lo que Sierra Capital comunicó los datos de la demandante a dos ficheros de datos de solvencia patrimonial, por una deuda de 200 euros. La afectada tuvo conocimiento de que la habían incluido en un fichero de morosos cuando al solicitar una tarjeta de crédito, esta le fue denegada.

Actualmente es la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) en su artículo 29, y los artículos 37 a 44 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante RLOPD) la normativa que regula el tratamiento de datos de carácter personal en los ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito.

En concreto, el artículo 38 del RLOPD establece algunos de los requisitos para que la inclusión de una deuda sea lícita:

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En su primera sentencia (nº 545/2015, de 15 de octubre) sobre el derecho al olvido el Tribunal Supremo determinó que "los periódicos digitales no podrán permitir que los motores de búsqueda indexen noticias pasadas, cuando los afectados se lo soliciten, estableciendo así una prevalencia del derecho al honor, a la intimidad y a la protección de datos sobre la libertad de información".

En los años 80 el diario El País publicó una noticia, con nombres y apellidos, de dos personas implicadas en un delito de tráfico y consumo de drogas. Años más tarde, y con la condena cumplida, los afectados pudieron comprobar que si introducían sus datos de carácter personal en los buscadores, aquella noticia aparecía en los primeros puestos de consulta. Esto era debido a que El País había llevado a cabo una proceso de digitalización de su hemeroteca.

Los afectados elevaron la cuestión a los Tribunales, donde la Audiencia Provincial de Barcelona les dio la razón, ordenando además al diario demandado a que también eliminase los nombres e incluso las iniciales de los afectados.

En la Sentencia el TS realiza una ponderación entre los derechos a la libertad de información frente al derecho al honor, intimidad y protección de datos, llegando a las siguientes conclusiones:

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