Dada la gran relevancia que ha supuesto el cambio jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH), con la sentencia de la Gran Sala, dictada el pasado 17 de octubre de 2019 en el caso de López Ribalda y otros c. España (solicitudes nos 1874/13 y 8567/13), vemos necesario abordar en el presente artículo los fundamentos que han llevado a la Gran Sala del TEDH a sentenciar, en contraposición a lo dispuesto previamente en la Sentencia dictada por la Sección Tercera del TEDH, a favor de los derechos del empleador de una conocida cadena de supermercados española, determinando así la validez, ante determinados supuestos, de los controles a los trabajadores mediante sistemas de videovigilancia, sin haber sido éstos informados previamente al respecto.

La Sentencia declara no haber violación de los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 6.1 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, CEDH), tal y como solicitaban los empleados demandantes.

Los hechos objeto de la presente sentencia se desarrollaron en julio del año 2009, cuando la cadena de supermercados empezó a detectar notorias irregularidades entre la cantidad de existencias y las cifras de ventas, por lo que se procedió así a la instalación de sistemas de videovigilancia tanto visibles como ocultos, con el fin de comprobar sus sospechas de robo. Los trabajadores fueron conocedores de la instalación de videovigilancia que enfocaban a las puertas de entrada, pero no de aquellas que enfocaban de manera directa a las cajas registradoras.

Tras proceder al despido disciplinario de los empleados en base a las grabaciones realizadas por medio de los sistemas de videovigilancia, cinco fueron las demandantes que iniciaron procedimiento ante el Tribunal de lo Social y posteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia, quienes consideraron que la medida de videovigilancia encubierta fue justificada, necesaria y proporcional con el fin perseguido, de conformidad con el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, donde se establece que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales (…)”.

Ahora bien, ¿en qué difieren la Sentencia dictada por la Sección Tercera del TEDH y la dictada tras la remisión del Gobierno ante la Gran Sala del propio TEDH, y por qué ésta última supone un cambio jurisprudencial tan notorio? Además de ello, ¿en qué medida se han visto afectados en este supuesto los derechos en materia de protección de datos?

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Todo parecía indicar, y hasta la propia propuesta de Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (en adelante, Reglamento e-Privacy) lo recogía, que, a partir del archiconocido 25 de mayo de 2018, dicho Reglamento, que derogaba la directiva 2002/58/CE, pasaría a ser de plena aplicación, como así lo hizo el Reglamento Europeo de Protección de Datos (en adelante, RGPD).

En efecto, ambos Reglamentos tenían pensado entrar dados de la mano en nuestro ámbito jurídico europeo, pero como todos bien sabemos, ello aún no se ha producido.

El RGPD desplegó sus plenos efectos a partir del pasado 25 de mayo, sin embargo, la propuesta de Reglamento e-Privacy no fue aprobada, por lo que la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas continúa estando en vigor.

Como ya comentamos en anteriores publicaciones, el nuevo Reglamento e-Privacy incorpora numerosas novedades respecto de la Directiva 2002/58/CE, adaptando y actualizando la legislación en materia de privacidad a la nueva realidad digital en la que ya estamos completamente inmersos.

El objeto del Reglamento e-Privacy es la regulación de las cuestiones que afectan a las comunicaciones transmitidas a través de estos nuevos servicios basados en internet, a diferencia de la Directiva, que regula los servicios de comunicación tradicionales, con conceptos muy ambiguos que dificultan una correcta armonización.

La tecnología avanza con pasos de gigante, y nuevas técnicas como el rastreo de los comportamientos en línea de los usuarios finales, la interacciones y comunicaciones de máquina a máquina (el llamado” Internet de las cosas” o ”IOT” [Internet Of Things] en su traducción al inglés), la localización geográfica de los usuarios, de su fecha, hora y tipo de comunicación que están realizando mediante los dispositivos electrónicos, son una más que conocida realidad que se encuentra a la espera de una regulación adaptada a los tiempos que corren.  

Debemos hacer hincapié en uno de los pilares fundamentales del reglamento e-Privacy, que se centra en el consentimiento de los usuarios a la hora de elegir la configuración de la privacidad en sus dispositivos electrónicos.

En una de las encuestas realizadas por la Comisión Europea, se deduce claramente que este es un punto que preocupaba especialmente a los ciudadanos, siendo cerca de un 90% los encuestados que se encuentran a favor de que la configuración predeterminada de su navegador no siga compartiendo su información personal.

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