Más cerca de la LOPD: Los nuevos derechos digitales. Parte I
El pasado 9 de octubre se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados el Informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Dicho informe incorpora cambios significativos respecto del Proyecto de Ley inicial. Consideramos relevante analizar dichos cambios y para ello dedicaremos varias publicaciones.
Se trata de un texto definitivo que partía de un Proyecto de ley presentado por el Partido Popular y cuya segunda versión ha tenido un apoyo unánime por todos los grupos parlamentarios.
La primera novedad significativa nos la encontramos en la propia denominación de la futura Ley Orgánica pasando a denominarse “Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales”. Esto es así porque, como analizaremos más adelante, además de perseguirse como objetivo la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento general de protección de datos (RGPD), se persigue ahora también reconocer y garantizar una serie de derechos y libertades digitales a los ciudadanos. Por ello, se ha añadido respecto del texto anterior, un Título más: Título X Garantías de los derechos digitales.
En segundo lugar, llama la atención la cantidad de leyes que se ven modificadas por este texto. Mientras que con la primera versión se modificaban únicamente la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y la Ley 29/198 reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, ahora se introducen modificaciones relevantes en otras diez leyes más: la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información política y buen Gobierno, la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, la Ley 14/1986, General de Sanidad, la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Finalmente vamos a analizar qué otras novedades que aporta la nueva versión del Proyecto en comparación con lo que recogía el texto inicial: