Todos, como titulares de nuestros datos de carácter personal gozamos de determinados derechos que nos otorga la normativa en materia de protección de datos personales, esto es, el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales. Hasta la llegada del RGPD teníamos claros los célebres y por todos conocidos derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), sus implicaciones y alcance en la práctica, cómo ejercitarlos y en qué sentido dar respuesta a los interesados. De hecho, lo más probable es que también como ciudadanos, en alguna ocasión, hayamos solicitado a algún responsable del tratamiento (como por ejemplo alguna compañía telefónica, empresas que nos envían publicidad entre otras muchas), que “dejase de utilizar y borrase todos nuestros datos”, amenazando incluso con interponer una denuncia ante la AEPD en caso de no atender a tal solicitud.

No obstante, desde la llegada del nuevo marco normativo europeo en esta materia, nos encontramos con nuevos derechos, que, aunque el RGPD explica y regula en sus artículos 15 a 23, como bien hemos analizado en este Blog (ver aquí, aquí, aquí, o aquí), todavía generan ciertas dudas, principalmente en lo que respecta a la interpretación de la norma y su aplicación práctica.

Entre los nuevos derechos introducidos por el RGPD se encuentran la limitación, oposición a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y la portabilidad.

Precisamente hemos podido comprobar a nivel práctico cómo se materializa uno de estos derechos, ya que hace unas semanas, la AEPD emitía una resolución acerca del derecho a la portabilidad, que ella misma considera como un precedente que amplía el derecho de portabilidad.

¿Sobre qué versa esta resolución exactamente?

Todo se inició con la presentación por parte de la reclamante, de un ejercicio del derecho de portabilidad de los datos, ante la conocida compañía Telefónica de España, S.A.U. (en adelante Telefónica). Ante tal solicitud, Telefónica proporcionó a la reclamante los datos que esta había facilitado de “forma activa” a la compañía: Nombre y apellidos, DNI, teléfono, dirección, correo electrónico y datos bancarios.

Sin embargo, de la revisión de la política de privacidad de la página web de Telefónica, la reclamante tuvo constancia de que se trataban e incluían otras categorías de datos personales que, en la respuesta a su ejercicio de derecho de portabilidad, no se incorporaban:

  • Datos de Productos o Servicios Movistar.
  • Datos de consumos en Movistar+.
  • Datos de tráfico.
  • Datos de visitas web.
  • Datos de localización.

Así, tras no haber considerado satisfecha su solicitud al no recibir la totalidad de la información personal que Telefónica almacena, la reclamante interpone ante la AEPD una reclamación.

En primera instancia, la AEPD no admite a trámite la reclamación mencionada, sino que es ante el recurso potestativo de reposición que la reclamante interpone, cuando la AEPD emite la resolución R/00552/2019, objeto de análisis en este artículo.

¿En qué sentido resuelve la AEPD?

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