Dada la gran relevancia que ha supuesto el cambio jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH), con la sentencia de la Gran Sala, dictada el pasado 17 de octubre de 2019 en el caso de López Ribalda y otros c. España (solicitudes nos 1874/13 y 8567/13), vemos necesario abordar en el presente artículo los fundamentos que han llevado a la Gran Sala del TEDH a sentenciar, en contraposición a lo dispuesto previamente en la Sentencia dictada por la Sección Tercera del TEDH, a favor de los derechos del empleador de una conocida cadena de supermercados española, determinando así la validez, ante determinados supuestos, de los controles a los trabajadores mediante sistemas de videovigilancia, sin haber sido éstos informados previamente al respecto.

La Sentencia declara no haber violación de los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 6.1 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, CEDH), tal y como solicitaban los empleados demandantes.

Los hechos objeto de la presente sentencia se desarrollaron en julio del año 2009, cuando la cadena de supermercados empezó a detectar notorias irregularidades entre la cantidad de existencias y las cifras de ventas, por lo que se procedió así a la instalación de sistemas de videovigilancia tanto visibles como ocultos, con el fin de comprobar sus sospechas de robo. Los trabajadores fueron conocedores de la instalación de videovigilancia que enfocaban a las puertas de entrada, pero no de aquellas que enfocaban de manera directa a las cajas registradoras.

Tras proceder al despido disciplinario de los empleados en base a las grabaciones realizadas por medio de los sistemas de videovigilancia, cinco fueron las demandantes que iniciaron procedimiento ante el Tribunal de lo Social y posteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia, quienes consideraron que la medida de videovigilancia encubierta fue justificada, necesaria y proporcional con el fin perseguido, de conformidad con el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, donde se establece que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales (…)”.

Ahora bien, ¿en qué difieren la Sentencia dictada por la Sección Tercera del TEDH y la dictada tras la remisión del Gobierno ante la Gran Sala del propio TEDH, y por qué ésta última supone un cambio jurisprudencial tan notorio? Además de ello, ¿en qué medida se han visto afectados en este supuesto los derechos en materia de protección de datos?

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Recientemente hemos conocido una noticia polémica que ha avivado el debate sobre el uso de nuevas tecnologías en la privacidad de la población. Y no es para menos, ya que China a comienzos de este mes ha asentado un precedente peligroso a nivel mundial.

A partir de ahora, los ciudadanos chinos deben acceder a registrar los parámetros biométricos faciales si desean adquirir un teléfono móvil nuevo. Desde Pekín se argumenta que han adoptado estas medidas con la finalidad de “proteger los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos en el ciberespacio” pero las alarmas se han disparado, pues entendemos que lo que persiguen las autoridades es verificar las identidades de todos los usuarios en Internet, suponiendo una restricción para todas las personas que sólo buscan comunicarse libremente.

Actualmente China cuenta con una tecnología poco fiable, generalizada e innecesaria para llevar a cabo este “control” de la sociedad china. No olvidemos que ya existe una política de registro de la tarjeta SIM, por lo que el Estado ya es conocedor de la identidad del propietario de una SIM mediante identificación oficial, pasaporte o comprobante de domicilio. De esta manera, el registro obligatorio de la tarjeta SIM erradica el potencial problema del anonimato de las comunicaciones, pues permite el seguimiento de la ubicación y la vigilancia e intercepción de las comunicaciones. Numerosos estudios han afirmado que esta medida atenta contra el derecho a la privacidad y representa una amenaza para grupos vulnerables, siendo además una medida ineficaz para reducir el abuso de los servicios de telecomunicaciones para actividades criminales y fraudulentas. De hecho, han aumentado los delitos de suplantación de identidad, fomentando así el crecimiento del mercado negro para todos aquellos que desean permanecer en el anonimato, así como la compra de SIM extranjeras o el uso de teléfonos satélites para evitar completar los requisitos del registro de la tarjeta. David Kaye, profesor de derecho en la Universidad de California y relator especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión ya señaló “el registro obligatorio de la tarjeta SIM puede proporcionar a los gobiernos la capacidad de monitorear a los individuos y periodistas mucho más allá de cualquier interés legítimo del gobierno”.

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