Muchas veces “lo barato sale caro”. Y sino, que se lo digan al dueño de un locutorio donde se ofrecía tanto el servicio de realización de llamadas telefónicas, como el de utilización de ordenadores con acceso a Internet. Dicho locutorio fue intervenido en una inspección realizada por los agentes de la Guardia Civil, al detectarse que los ordenadores que allí se encontraban para prestar sus servicios a los clientes, tenían instalado el sistema operativo Windows XP e incluso alguno de ellos tenía instalada la aplicación ofimática Office, la cual permite el uso de programas como, por ejemplo, Word y Excel; y, que sin embargo, ninguno contaba ni con licencia de explotación comercial ni de uso profesional, habiéndose, en consecuencia, obtenido éstos de forma fraudulenta (“piratas”).

Debemos de partir de la base de que una licencia es el instrumento legal por el cual, el proveedor del servicio concede a los usuarios los derechos de uso o explotación del software, incluyendo una serie de prohibiciones y limitaciones, que tienen como objeto impedir la comercialización del mayor número de copias del software.

En nuestro país es la Ley 1/1996 de la Propiedad Intelectual (LPI), la que reconoce, en los artículos 17 y ss., que corresponde al autor, esto es en este caso al proveedor del software, el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos que prevé la propia LPI.

Además de los derechos anteriormente descritos, que la LPI reconoce al proveedor del software, en su Título VII se determina el régimen jurídico en relación con los derechos de autor sobre los programas de ordenador.

En aplicación de lo expuesto anteriormente y volviendo al hecho concreto que estamos analizando, sobre este caso resolvía el Juzgado de lo Penal nº1 de Cuenca, en noviembre de 2019, condenando al titular de la entidad como autor de un delito contra la propiedad intelectual tipificado en el artículo 270.1 del Código Penal (C.P.) a la pena de seis meses de prisión y una multa de 1800 euros, al entender que se necesita por cada ordenador y cada programa instalado, una licencia de explotación comercial y una licencia de uso profesional.

Así, el artículo 270.1 establece que: Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

El acusado, por su parte, interpuso recurso de apelación contra la mencionada sentencia, sosteniendo un pretendido error en la valoración de la prueba practicada, puesto que, si bien admitía la presencia de ordenadores dotados de programas informáticos no obtenidos de forma lícita, consideraba, a su vez, que faltaban algunos de los elementos que configuran la conducta tipificada en artículo del C.P. anteriormente mencionado, como: no haber sido los programas instalados por él, ya que adquirió el locutorio mediante traspaso y los ordenadores ya formaban parte del anterior negocio, desconocer que esos programas carecían de cobertura legal y mucho menos que fueran destinados al uso comercial por terceros, mediando el ánimo de lucro con su actividad.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Cuenca (APCU), órgano competente para resolver el recurso en segunda instancia, se ha pronunciado recientemente (ver aquí la sentencia), desestimando el recurso y considerando inadmisible el desconocimiento que alega el acusado respecto a la obligatoriedad de solicitar las licencias, cuando se ha demostrado que fue asesorado por un gestor durante el traspaso del locutorio en relación a la idoneidad de comprar las licencias de las que es titular la conocida multinacional Microsoft, y más aún cuando se trata de la adquisición un negocio del que forman parte unos ordenadores puestos a disposición del público, dándoles un aprovechamiento lucrativo.

En este sentido, cabe analizar los elementos objetivos y subjetivos que integran la figura delictiva del artículo 270.1 CP:

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Nuestro abogado asociado senior Francisco González-Calero ha participado en la elaboración del Código de buenas prácticas en protección de datos para proyectos de Big Data elaborado conjuntamente por la Agencia Española de Protección de Datos y la Asociación española para el fomento de la seguridad de la información, ISMS Forum Spain. Entre los participantes en su elaboración cabe destacar a Abertis Autopistas, CaixaBank, FCC, Huawei, Mapfre, Orange, Telefónica y UPM.

El Código, que puede ser consultado aqui, está orientado a asesorar a todas aquellas organizaciones que estén pensando en llevar a cabo un proyecto de Big Data y tomando como referencia el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.

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El pasado mes de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante el TJUE) resolvía una cuestión prejudicial relativa a la puesta a disposición de datos de abonados de empresas de telecomunicaciones (como Tele 2, Vodafone partes en el litigio), a otras entidades de prestación de servicios de información sobre números de abonados y el suministro de guías de abonados accesibles al público, sin importar el Estado Miembro en el que radiquen.

Es decir se le pedía al TJUE que interpretará el artículo 25, apartado 2, de la conocida Directiva 2002/22/CE Servicio Universal, titulado “Servicios de asistencia mediante operador e información sobre números de abonados”

Se plantea, por tanto, la siguiente cuestión de fondo:

¿Pueden ceder las compañías teleoperadoras radicadas en un Estado Miembro de la Unión Europea datos de carácter personal de sus clientes a compañías de servicios de información que se encuentren en otros países miembros?

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