A raíz de la situación actual de nuestro país surgen distintas controversias en lo que respecta a la protección de datos. Tras la aprobación de la Orden ministerial SND/297/2020, de 27 de marzo (en adelante Orden ministerial u Orden), se han hecho virales noticias en las que se ha hablado de dos polémicas principalmente: en primer lugar, qué dicha Orden derogaba la normativa en materia de protección de datos durante el estado de alarma y, en segundo lugar, que la APP ASISTENCIACOVID-19 tendría geolocalizados y controlados en todo momento a los ciudadanos españoles. Es por este motivo por lo que hemos considerado necesario dedicar un artículo en nuestro Blog para realizar determinadas aclaraciones al respecto.

¿Qué finalidad tiene la Orden ministerial?

Nos encontramos ante una norma de rango reglamentario que puede emanar de cualquiera de los ministros del Gobierno de España, en este caso en concreto del Ministerio de Sanidad. Tal y como podemos encontrar en la exposición de motivos de la mencionada Orden, su principal finalidad es «proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública».

Para conseguir dicha finalidad lo que se va a intentar es contar con información real sobre la movilidad de las personas en los días de confinamiento que estamos atravesando en la actualidad:

  • El Instituto Nacional de Estadística (INE) está realizando un estudio impulsado por la Orden ministerial con DATAcovid. En relación con este estudio, el escollo a nivel protección de datos, podría surgir en definir cómo y  cuándo se van a tratar estos datos para conseguir información de los ciudadanos, pero en este caso concreto, en la orden se aclara que solamente: emplea datos de posicionamiento de los dispositivos móviles, anónimos y agregados, proporcionados directamente por los operadores y eliminando cualquier información personal, sin identificar ni realizar seguimientos de números de teléfono o titulares de forma individual”.A este respecto, merece la pena recordar que en octubre de 2019 el INE utilizó la misma técnica para realizar un estudio sobre cuántos ciudadanos se mueven de un municipio dormitorio a una ciudad; qué número de personas trabaja en el mismo barrio donde vive o en uno distinto; de dónde viene la gente que trabaja en una zona, o cómo fluctúa la población en un recuadro a lo largo del día. En esta ocasión también fue criticada la utilización del posicionamiento en los teléfonos móviles, pero a posteriori se pudo comprobar que se cumplía con todas las garantías normativas en materia de protección de datos por parte del INE.
  • Asimismo, el gobierno ha impulsado una App denominada AsistenciaCOVID-19, disponible por el momento en las siguientes Comunidades Autónomas: Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Principado de Asturias.Como hemos comentado en la introducción del presente artículo, esta aplicación ha sido muy criticada en los medios de por el uso de la geolocalización de los ciudadanos, diciéndose que el acceso al GPS de los teléfonos móviles sería “conditio sine qua non” para utilizar la App. Valoraremos más adelante este hecho.

¿Cómo puede afectar esto al derecho fundamental a la protección de datos?

Pues bien, a pesar de que como indicábamos anteriormente, ha habido noticias en las que se indicaba que esto podría afectar a la normativa en materia de protección de datos y por tanto a nuestro derecho fundamental reconocido en el artículo 18.4 de Constitución Española (CE), en la Orden no se establece ninguna excepción al derecho fundamental ni a la normativa. Tanto es así, que en la propia Orden se indica expresamente que será de aplicación:

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

El hecho de que se haya podido llegar a pensar que se derogaba la normativa en materia de protección de datos, puedehaber sido consecuencia de un error interpretativo/lectura, tanto por la propia denominacion del Reglamento (UE) 2016/679 que deroga la Directiva 95/46/CE, como el no haber un “punto y aparte” ha creado confusión en lecturas rápidas.

Además, el Ministerio de Sanidad ha comunicado que, para hacer cumplir dicha Orden, velará por llevar a cabo los criterios interpretativos dados por la Agencia Española de Protección de Datos. En este sentido, contamos con muchos comunicados en la página web de la AEPD tratando estas cuestiones, pero el más vinculado al tema actual es el Comunicado de la AEPD sobre apps y webs de autoevaluación del Coronavirus.

Deberemos distinguir el análisis del impacto en materia de protección de datos,como derecho fundamental ,en cada uno de los puntos indicados:

Publicado en Blog

¿Conflicto? Probablemente a nadie le resulte novedoso pues, no en pocas ocasiones, se ha puesto en duda cuál de los dos derechos ha de prevalecer sobre el otro en caso de confrontación. Y lo cierto es que no existe un pronunciamiento absoluto pues, con el paso de los años, la respuesta jurisprudencial que hemos obtenido a esta pregunta no siempre ha sido la misma.

Pues bien, el Tribunal Supremo (en adelante, el TS) se ha vuelto a pronunciar, con su sentencia 429/2019 del pasado 16 de julio, sobre qué derecho tiene una posición preferente respecto del otro, poniendo así, de nuevo, sobre la mesa este histórico conflicto.

Pero antes de entrar en el análisis de la fundamentación esgrimida por el alto tribunal en su sentencia, consideramos necesario recordar:

- Que ambos derechos tienen un carácter fundamental y, cómo tales, se encuentran reconocidos en la Constitución Española (en adelante CE), en los artículos 18.1 (derecho al honor) y 20.1 letras a y d (libertad de expresión).
- Que la libertad de expresión tiene su límite en el respeto al resto de derechos reconocidos en el Título I de la CE, y en los preceptos de las leyes que lo desarrollen, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen (…) (artículo 20.4 CE).

Ambos derechos, en el contexto que nos ocupa, entraron en conflicto en el año 2013, a raíz de unas acusaciones vertidas por un concejal del partido político de la oposición al, por aquel entonces, partido que gobernaba en la localidad malagueña de Torremolinos, y mediante las cuales, se ponía en duda el buen hacer del partido en la alcaldía. En aras de salir al paso de las informaciones publicadas, dicho partido emitió una nota de prensa, que fue publicada en la edición impresa de un periódico local y con una repercusión directa en el canal de televisión también local. Fue en dicha nota de prensa, a la que acompañaba una fotografía del concejal de la oposición ahora demandante, en la que se indicaba su carácter “mentiroso”, “rastrero” y “con desprecio por la verdad.

Estos hechos fueron denunciados en el curso de un procedimiento ordinario, con número 1396/2015,  instado al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por considerarse, los mismos, como constitutivos de una intromisión al derecho al honor del demandante. Vistos los hechos por el juzgado de primera instancia, se emitió sentencia considerando la existencia de una vulneración del derecho al honor del demandante como consecuencia de los insultos proferidos por la parte demandada por considerarlos “(…) innecesarios, excesivos, desproporcionados y, por tanto, no justificables ni siquiera en el contexto de contienda política sobre un asunto de interés general en el que se profirieron (…)”. Esta sentencia fue confirmada, en segunda instancia, por la Audiencia Provincial de Málaga (en adelante AP), en su STC 1224/2016, de 26 de octubre de 2016.

¿Qué dice, entonces, el TS?

Publicado en Blog

Nuestros Servicios

lopd

Protección de Datos

ver más +
Adec. web

Web, Apps, e-commerce

ver más +
compliance

Compliance

ver más +
mantenimiento

Seguridad de la información

ver más +
formacion

Formación

ver más +
play

prodat securityperson

DPD/DPO EXTERNALIZADO PRODAT EXTERNALIZACION DE LA FIGURA DEL DELEGADO DE PROTECIÓN DE DATOS

Prodat pone a su disposición el servicio de “DPO externalizado”. Prodat DPO realiza todas las funciones de obligado cumplimiento en algunas organizaciones públicas y privadas para que puedan concentrase en su negocio , con la tranquilidad de un servicio especializado...

prodatnou

NUEVA PLATAFORMA DE GESTION DE LA PRIVACIDAD PRODAT PRIVACY COREBOS

Como evolución natural de su anterior plataforma software de privacidad , surge para cumplir con las nuevas exigencias del RGPD Europeo
Con tecnología CoreBos y adaptada a las ventajas de los servicios en la nube. Esta herramienta constituye desde hace más de una década el corazón tecnológico de Prodat...

prodat securityformation

FORMACIÓN LA MEJOR HERRAMIENTA DE CUMPLIMIENTO RGPD

La finalidad esencial de la FORMACIÓN RGPD-PRODAT es difundir entre el personal de su organización la puesta en práctica de las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de lo establecido por la legislación vigente en materia de protección de datos principalmente adaptado a su sector de actividad...

Delegación  Galicia Delegación  Asturias Delegación Cantabria Delegación Euskadi Delegación Navarra Delegación  La Rioja Delegación Aragon Delegación Cataluña Delegación  Valencia Delegación Alicante Delegación Baleares Delegación Murcia Delegación  Castilla y León Delegación  Madrid Delegación  Castilla la Mancha Delegación  Extremadura Delegación Huelva Delegación  Cádiz Delegación Sevilla Delegación Málaga Delegación de Tenerife Delegación Las Palmas Delegación Portugal