Hoy, acceder a Internet se ha convertido en una parte esencial de nuestra vida diaria. Desde una edad temprana, los niños viven en un entorno digital y crecen utilizando una amplia gama de dispositivos interconectados para diversas actividades (aprendizaje, entretenimiento, comunicación con familiares y amigos, pasatiempos, etc.). A pesar de los beneficios que nos está aportando a día de hoy la conectividad a internet, desde que comenzamos el confinamiento ha aumentado considerablemente el tiempo que los menores pasan conectados y en muchos casos sin la supervisión de un adulto.

Debemos ser conscientes de que existen una serie de riesgos que no podemos olvidar, especialmente en los colectivos más vulnerables como es el caso de los menores, y no es casual que en estos tiempos que corren, hayan aumentado considerablemente los delitos que se cometen vía Internet y redes sociales, precisamente por esa mayor dedicación a las nuevas tecnologías durante este confinamiento. 

Uno de los riesgos más importantes es la exposición de los menores a contenido inapropiado como imágenes de índole sexual, violentas, sobre juego y apuestas, etc. Esta exposición puede producir importantes efectos negativos sobre los menores, que van desde daños emocionales o psicológicos hasta el establecimiento de conductas peligrosas y socialmente inapropiadas o daños para su salud física.

Por lo tanto, si bien el acceso a Internet debe ser tomado como una gran oportunidad para el desarrollo de los menores, no sólo los padres o tutores deben tomar medidas para protegerlos de las amenazas del entorno digital al igual que se hace en el mundo físico, la industria también ha de proporcionar en este sentido herramientas para ayudar a salvaguardar su intimidad y bienestar.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha elaborado recientemente una nota técnica sobre protección del menor en Internet, que tiene como objetivo poner de manifiesto el daño que puede producirse a un menor cuando accede a contenido no adecuado para su edad.

Si bien es cierto que esta nota técnica está dirigida principalmente a padres y tutores de menores que desean fomentar un uso seguro de la tecnología, en este post nos vamos a centrar especialmente en las recomendaciones dirigidas a entidades y desarrolladores de herramientas de protección del menor. Dichas entidades deben aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger los derechos y libertades de los menores, así como las implicaciones de privacidad de las mismas y consejos en cuanto a su uso responsable.

Entre las distintas opciones que pone el mercado a disposición de padres y tutores, para controlar y limitar la exposición de los menores a contenido inapropiado, nos encontramos las aplicaciones de control parental, que ofrecen los propios desarrolladores de sistemas operativos, operadores de telefonía y otras empresas. Adicionalmente al final de este post incluimos una tabla de análisis comparativo de las principales herramientas de control parental que existen actualmente en la industria.

¿Qué entendemos por controles parentales?

Los controles parentales son herramientas que permiten a los padres o tutores poner límites a la actividad en línea de un menor y por lo tanto mitigar los riesgos de que el menor puede estar expuesto.

¿Por qué son importantes?

Son importantes porque pueden ser utilizados para apoyar a los padres en la protección y promoción de los mejores intereses de sus hijos, un papel reconocido en la propia Convención de los derechos del niño firmado en 1989 (en adelante CDN). Sin embargo, debemos valorar también el impacto sobre el derecho del menor a su propia privacidad tal y como se reconoce en el artículo 16 de la CDN. El hecho de que los menores estén sujetos a un bloqueo excesivo puede resultar contraproducente -por lo que es importante mantener abierta la posibilidad de desbloquear contenido a petición del menor- y estar abierto a acordar con ellos los filtros y restricciones, entre otras medidas.

Estas herramientas de control parental resultan muy útiles para vigilar y controlar la actividad de nuestros menores en Internet, pero deben ser utilizadas como medidas de seguridad complementarias y no como herramientas de reemplazo a las labores de formación y concienciación que debemos mantener con nuestros hijos en materia de ciberseguridad consideradas fundamentales para educarles, guiarles y apoyarles en el uso seguro de Internet.

¿Qué funcionalidades ofrecen las herramientas de control parental?

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A raíz de la situación actual de nuestro país surgen distintas controversias en lo que respecta a la protección de datos. Tras la aprobación de la Orden ministerial SND/297/2020, de 27 de marzo (en adelante Orden ministerial u Orden), se han hecho virales noticias en las que se ha hablado de dos polémicas principalmente: en primer lugar, qué dicha Orden derogaba la normativa en materia de protección de datos durante el estado de alarma y, en segundo lugar, que la APP ASISTENCIACOVID-19 tendría geolocalizados y controlados en todo momento a los ciudadanos españoles. Es por este motivo por lo que hemos considerado necesario dedicar un artículo en nuestro Blog para realizar determinadas aclaraciones al respecto.

¿Qué finalidad tiene la Orden ministerial?

Nos encontramos ante una norma de rango reglamentario que puede emanar de cualquiera de los ministros del Gobierno de España, en este caso en concreto del Ministerio de Sanidad. Tal y como podemos encontrar en la exposición de motivos de la mencionada Orden, su principal finalidad es «proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública».

Para conseguir dicha finalidad lo que se va a intentar es contar con información real sobre la movilidad de las personas en los días de confinamiento que estamos atravesando en la actualidad:

  • El Instituto Nacional de Estadística (INE) está realizando un estudio impulsado por la Orden ministerial con DATAcovid. En relación con este estudio, el escollo a nivel protección de datos, podría surgir en definir cómo y  cuándo se van a tratar estos datos para conseguir información de los ciudadanos, pero en este caso concreto, en la orden se aclara que solamente: emplea datos de posicionamiento de los dispositivos móviles, anónimos y agregados, proporcionados directamente por los operadores y eliminando cualquier información personal, sin identificar ni realizar seguimientos de números de teléfono o titulares de forma individual”.A este respecto, merece la pena recordar que en octubre de 2019 el INE utilizó la misma técnica para realizar un estudio sobre cuántos ciudadanos se mueven de un municipio dormitorio a una ciudad; qué número de personas trabaja en el mismo barrio donde vive o en uno distinto; de dónde viene la gente que trabaja en una zona, o cómo fluctúa la población en un recuadro a lo largo del día. En esta ocasión también fue criticada la utilización del posicionamiento en los teléfonos móviles, pero a posteriori se pudo comprobar que se cumplía con todas las garantías normativas en materia de protección de datos por parte del INE.
  • Asimismo, el gobierno ha impulsado una App denominada AsistenciaCOVID-19, disponible por el momento en las siguientes Comunidades Autónomas: Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Principado de Asturias.Como hemos comentado en la introducción del presente artículo, esta aplicación ha sido muy criticada en los medios de por el uso de la geolocalización de los ciudadanos, diciéndose que el acceso al GPS de los teléfonos móviles sería “conditio sine qua non” para utilizar la App. Valoraremos más adelante este hecho.

¿Cómo puede afectar esto al derecho fundamental a la protección de datos?

Pues bien, a pesar de que como indicábamos anteriormente, ha habido noticias en las que se indicaba que esto podría afectar a la normativa en materia de protección de datos y por tanto a nuestro derecho fundamental reconocido en el artículo 18.4 de Constitución Española (CE), en la Orden no se establece ninguna excepción al derecho fundamental ni a la normativa. Tanto es así, que en la propia Orden se indica expresamente que será de aplicación:

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

El hecho de que se haya podido llegar a pensar que se derogaba la normativa en materia de protección de datos, puedehaber sido consecuencia de un error interpretativo/lectura, tanto por la propia denominacion del Reglamento (UE) 2016/679 que deroga la Directiva 95/46/CE, como el no haber un “punto y aparte” ha creado confusión en lecturas rápidas.

Además, el Ministerio de Sanidad ha comunicado que, para hacer cumplir dicha Orden, velará por llevar a cabo los criterios interpretativos dados por la Agencia Española de Protección de Datos. En este sentido, contamos con muchos comunicados en la página web de la AEPD tratando estas cuestiones, pero el más vinculado al tema actual es el Comunicado de la AEPD sobre apps y webs de autoevaluación del Coronavirus.

Deberemos distinguir el análisis del impacto en materia de protección de datos,como derecho fundamental ,en cada uno de los puntos indicados:

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El ser humano es un ser social por naturaleza y, por tanto, tiene la necesidad de comunicarse, de ser escuchado y de interactuar con los demás.

La crisis sanitaria a la que nos enfrentamos en estos momentos nos ha obligado a vivir una situación excepcional sin precedentes en nuestros hábitos y, entre otras cosas, nos obliga a permanecer confinados en nuestros hogares.

Para podernos relacionar con las personas que se encuentran fuera de nuestro entorno, somos muchos los que recurrimos a las nuevas tecnologías y, concretamente, ha habido un notable despunte en el uso de aquellas que permiten que nos veamos y nos escuchemos en tiempo real: las videollamadas y, si se trata de reuniones con grupos de personas, las videoconferencias.

Además de la utilidad que se le está dando en el ámbito doméstico, se extiende el uso de las videollamadas o videoconferencias en el ámbito laboral, puesto que, como ya mencionamos en nuestra anterior publicación (ver aquí), dentro de las medidas excepcionales a adoptar por las empresas, que  se  establecen  en  el Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 , se  encuentra promover la modalidad del  trabajo  a  distancia o teletrabajo en aquellos sectores,  empresas  o  puestos  de  trabajo  en  las  que  no  estuviera aún  prevista.

Las videoconferencias en el marco laboral, sólo precisan de una perfecta coordinación en el tiempo de todos los asistentes, y permiten compartir de forma sencilla conocimientos y diferentes puntos de vista, sin importar la logística ni el lugar en el que se encuentren los trabajadores; permiten discutir los proyectos corporativos en curso, tomar decisiones en grupo, obtener un feedback instantáneo, compartir documentos de trabajo, disponer de herramientas tales como un chat o una pizarra virtual mediante la cual se pueden realizar presentaciones de la misma forma que si estuviésemos en una sala de exposiciones

Igualmente, no sólo sirven para establecer comunicaciones internas, sino que dependiendo del sector en el que nos encontremos, muchas veces se hace necesario contactar por esta vía con clientes, proveedores, socios, alumnos, etc.

En todas ellas, además de seguir las pautas y recomendaciones genéricas para teletrabajar que hemos ido aportando a lo largo de los anteriores capítulos, conviene extremar la seguridad para prevenir la intrusión y garantizar la confidencialidad de las conversaciones y de la información que tratamos en ellas, puesto que en estos días, debido al incremento de usuarios de estos servicios, la red de los hogares se ha convertido en un objetivo más atractivo que antes para los ciberdelincuentes, y, tanto el contenido de las conferencias como las grabaciones de las mismas o las herramientas de apoyo que se utilizan, podrían estar expuestas a las siguientes amenazas:

  • Aquellas que son inherentes a las redes inalámbricas e internet.
  • Aquellas que tienen como causa una configuración descuidada o errónea de las sesiones de videoconferencia.
  • Aquellas que están asociadas a las carencias de seguridad de las propias herramientas o servicios de videoconferencia.

Y es en este último punto donde vamos a detenernos. ¿Son seguras las aplicaciones de videoconferencia? El mercado actual ofrece multitud de herramientas y plataformas que ofrecen servicios de videoconferencias: gratuitas o de pago; videoconferencias tradicionales, que utilizan equipos físicos o un software instalado en ordenadores personales; videoconferencias en la nube, etc.

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Desde hace unos años por motivos de comodidad y de reducciones de costes es habitual que las distintas empresas estemos migrando nuestro entorno a aplicaciones en la nube o lo que se denomina Software as a Service (SaaS), esto conlleva entender que ahora no estamos adquiriendo una licencia de una aplicación sino que estamos alquilando la prestación de un servicio que no solo conlleva el software sino además, su alojamiento, mantenimiento, actualización...

Desde el punto de vista de la privacidad y la protección de datos este nuevo paradigma conlleva entender que los datos que carguemos en esa aplicación ya no van a estar bajo nuestro control, sino que van a ser protegidos por un tercero, así se le dará acceso tanto a los datos de nuestros usuarios internos -el personal de nuestra empresa que utiliza la aplicación- como de nuestros clientes que incluimos en nuestro Software, así como toda la información delicada que cargamos en la plataforma.

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