Todo comenzó con motivo de una cena de navidad, el denunciante a principios de diciembre de 2016 realizó una reserva para cenar en el restaurante denunciado, para un día tan señalada como el 31 de diciembre. Tal y como se describe en los antecedentes de la Resolución AEPD /02302/2017 el restaurante denunciado y días previos a la cena creó un grupo de Whatsapp con la identidad de los asistentes, las mesas donde se iban a sentar cada uno y las personas que le acompañaban. Ante este hecho, el denunciante decidió salir de forma voluntaria del grupo al que había sido incluido. Aunque de nada le sirvió, pues fue incluido nuevamente por el administrador y además recibió un mensaje privado donde le indicaban que si salía del grupo se anularía su reserva. 

Recibida la denuncia la AEPD procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, pro todos los intentos de comunicación con el restaurante infractor o sus responsables fueron fallidos. La AEPD siguiendo el procedimiento, acordó someter a trámite de audiencia previa un procedimiento de apercibimiento, tras comprobar que la entidad denunciada no tenía antecedentes de sanciones y apercibimientos precedentes.

¿Qué fundamentos de derecho se dan en el presente supuesto expuesto?

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Una semana más, continuamos analizando la regulación del régimen sancionador en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) y el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos (Anteproyecto). En esta ocasión, nos centraremos en la figura del apercibimiento y la aplicación del régimen sancionador respecto de los organismos públicos.

Comenzando por la figura del apercibimiento, como es sabido, no nos encontramos ante una figura novedosa, puesto que ya aparece contemplada en la actual Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en su artículo 45.6, en el que se establece que el apercibimiento sólo podrá tener lugar cuando las infracciones cometidas sean de carácter leve y grave, nunca muy grave, y siempre que el infractor no haya sido sancionado o apercibido con carácter previo.

Por su parte el RGPD mantiene esta importante figura indicando para ello en su considerando 148 que, si la infracción cometida fuese leve, o si la multa que probablemente se impusiera constituyese una carga desproporcionada para una persona física, las autoridades de control podrán imponer un apercibimiento en lugar de sanción mediante multa.

Además, el artículo 58 en sus letras a y b dice “Cada autoridad de control dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados a continuación: a) sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con una advertencia cuando las operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en el presente Reglamento; b) sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con apercibimiento cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente Reglamento”.

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Tal y como adelantábamos en nuestro anterior artículo, hoy analizaremos las sanciones a imponer, a responsables y encargados de tratamiento, por la comisión de infracciones tipificadas y la regulación que de las mismas hace el Reglamento Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), y el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, Anteproyecto) con respecto a la actual Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante, LOPD)

Las sanciones deberán ser individuales, efectivas, proporcionadas y disuasorias, así lo establece el RGPD en su artículo 83.1. Será la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) a quién corresponderá su imposición (art.48 Anteproyecto en relación con art.58 RGPD), teniendo en cuenta los criterios de graduación (atenuantes y agravantes) que el RGPD recoge en su artículo 83.2:

a. La naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción cometida.
b. La intencionalidad o negligencia a la hora de cometer la infracción.
c. Las medidas tomadas por el responsable para paliar los efectos de la infracción.
d. El grado de responsabilidad del responsable o encargado del tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas y organizativas aplicadas a los tratamientos.
e. Las infracciones anteriormente cometidas por el responsable o encargado del tratamiento.
f. El grado de cooperación con la autoridad de control para poner remedio a la infracción así como para mitigar sus efectos.
g. Las categorías de datos afectados con la infracción.
h. La forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción.
i. El cumplimiento de las medidas establecidas en el artículo 58, apartado 2, del RGPD siempre que estas hayan sido previamente ordenadas contra el responsable o encargado de que se trate en relación con el asunto.
j. La adhesión a Códigos de conducta o mecanismos de certificación aprobados por el RGPD.
k. Demás factores atenuantes o agravantes aplicables a las circunstancias del caso concreto.

Haciendo uso de lo indicado en este último apartado k referido, el legislador español ha incluido otros factores que podrán tenerse en cuenta para graduar las sanciones (art.76.2), esto es:

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Viernes, 15 Enero 2016 13:17

El envío de spam vía WhatsApp

Primera sanción de la AEPD por el envío continuado de publicidad a través de WhatsApp.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 600 euros, a una empresa de ocio de Madrid, por el uso de la plataforma WhatsApp para enviar publicidad a terceros.

La LSSICE define comunicación comercial como: "toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional."

Asimismo, define Servicios de la sociedad de la información como: "todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario."

Una vez más, la AEPD, expone los criterios mantenidos sobre el envío de "spam" así como las consecuencias de realizar esta práctica, en este mismo blog hemos hablado y analizado dichos criterios.

Además, el artículo 21.1 LSSICE prohíbe, expresamente, las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio que, previamente no hayan sido autorizadas por los destinatarios de las mismas.

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