Vivimos en la era de las redes sociales. Es un hecho constatado que, cada vez más, la evolución de las nuevas tecnologías, y más concretamente, de las redes sociales, amenazan los derechos personales que, las diferentes normas que conforman el ordenamiento jurídico español nos reconocen. Conscientes de la importancia que esta injerencia supone para nuestra esfera privada e íntima, así como por las constantes noticias que inundan nuestro panorama actual, desde nuestro Blog, ya nos hemos pronunciado en ocasiones anteriores (aquí y aquí) acerca de una problemática, desgraciadamente, cada vez más extendida.

Y es que en una sociedad como la actual, pensamos que en el espacio social de Internet podemos hacer y decir lo que queramos sin que esto tenga repercusión alguna; al fin y al cabo, actuamos dentro de nuestro ámbito privado, o ¿no? Realmente, ¿somos conscientes del impacto y del daño que nuestros actos pueden producir en terceros? O ¿pensamos acerca de las consecuencias de la viralidad de nuestras publicaciones? No olvidemos que nuestros actos pueden desembocar, en ocasiones, en la comisión de un ilícito penal.

Precisamente, una aparente vulneración del derecho al honor, derecho fundamental reconocido y desarrollado en el artículo 18 de la Constitución Española, (en adelante CE), fue lo que aconteció cuando, una empleada de la entidad Arenal Perfumerías S.L, emitió una serie de insultos a la que, por aquel entonces, era su encargada. ¿Cuál es la peculiaridad del presente ilícito? Que dichos insultos fueron publicados en la red social que la entidad tenía en abierto, lo que permitió su difusión entre todos los contactos que la misma tenía.

Estos hechos fueron denunciados, al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y la propia imagen (en adelante, LO 1/1982) por considerar que los insultos proferidos constituían una intromisión y vulneración al derecho al imagen y honor de la demandante. Recordemos, en este punto, que la LO 1/1982 otorga una protección civil al derecho al honor frente a las injerencias o intromisiones que se produzcan contra este derecho en la realidad offline y online.

Y así lo consideró el Juzgado número 6 de Primera Instancia de Burgos quién, tras analizar los hechos, emitió sentencia condenatoria contra la demandada por entender que, con sus actos, había incurrido en una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la propia imagen y al honor de la actora al considerar, los insultos, como una lesión a la dignidad y estima y a un menoscabo de la fama de la demandante.

Esta sentencia fue confirmada, en segunda instancia, por la sala segunda de la Audiencia Provincial de Burgos (en adelante AP), en su STC 327/2019, de 30 de septiembre de 2019 y cuya fundamentación resulta objeto de análisis en el presente artículo.

A la hora de analizar por qué estos órganos judiciales han considerado la existencia de una vulneración del derecho al honor, debemos tener en cuenta que:

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Ya es oficial. Tras dos años de intensos trabajos de elaboración y meses de espera para la aprobación del texto definitivo, el Boletín Oficial del Estado publicó, el pasado 6 de diciembre (BOE núm. 294), la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD), en vigor y con plenos efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín, esto es, desde el viernes 7 de diciembre.

¿Y ahora qué?

Este hecho implica, consecuentemente, y tal y como recoge la disposición derogatoria única de la nueva Ley, la derogación de la LOPD 15/1999, a excepción de sus artículos 22, 23 y 24, que siguen vigentes en tanto en cuanto no sean expresamente modificados, sustituidos o derogados; así como la derogación del Real Decreto Legislativo 5/2018 de medidas urgentes que el Ministerio de Justicia convalidó en el Parlamento, el pasado 27 de julio, para evitar un vacío legislativo hasta que esta nueva Ley se aprobara.

No son pocas las ocasiones en las que hemos indicado que la, ya, Ley Orgánica tiene como finalidad principal la adaptación a la legislación española en materia de protección de datos, de las premisas recogidas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (en adelante, RGPD). Sin embargo, las disposiciones que conforman el nuevo texto normativo van más allá, ya que amplían las obligaciones digitales de las entidades que recojan y lleven a cabo tratamientos de datos de carácter personal con un fin profesional.

¿Por qué motivo se dota de tal importancia a las obligaciones digitales de las entidades?

A día de hoy, es incuestionable el impacto que las nuevas tecnologías tienen en nuestra sociedad en general, y en el ámbito empresarial y educativo en particular, de tal manera que una gran parte de nuestra actividad profesional y privada se desarrolla en la Red. Por ello, y dando respuesta a la imperiosa necesidad de regular, unos derechos digitales, que sean acordes al modelo de vida de la sociedad actual, se crea el Título X denominado “garantía de los Derechos Digitales”.

Conscientes de su importancia, mediante el presente artículo, continuaremos con el análisis, ya comenzado hace unas semanas (post, posty post), de este novedoso Titulo, centrándonos, en esta ocasión, en el desarrollo de los derechos a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (artículo 86) y al olvido digital (artículos 93 y 94).

DERECHO A LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES.

Este derecho, se desarrolla en consonancia con el derecho de rectificación en Internet (artículo 85) ya analizado en el presente blog; concretamente con el apartado tercero de dicho artículo que establece que la atención a la solicitud de rectificación dirigida contra un medio de comunicación digital deberá ir acompañada de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo.

En consecuencia, es el artículo 86, el que articula ese derecho personalísimo que tienen los interesados a solicitar, motivadamente, de los medios de comunicación digitales, la inclusión de ese aviso aclaratorio junto a las noticias que le conciernan y siempre que la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual por el acaecimiento de circunstancias posteriores a la fecha de la publicación.

Como bien sabemos, la publicación de una noticia en los medios de prensa, se encuentra amparado en la libertad de expresión regulada en el artículo 20 de la Constitución Española. Sin embargo, es necesario que la información facilitada a través de dichas noticias sea una información veraz. Si a esto le sumamos que en el caso de que dichas informaciones se publiquen en portales web indudablemente conlleva un mayor efecto divulgativo, con su consecuente repercusión en la protección de datos del afectado; el derecho de actualización cobra una importancia todavía mayor.

Para la atención de este derecho, será necesario, tal y como recoge el precepto objeto del presente análisis, que la información reflejada en los medios de comunicación digital, y sobre la que se solicita una aclaración, cause al interesado un perjuicio para su persona.

¿Cuándo tiene especial relevancia la atención de este derecho de actualización?

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Martes, 27 Noviembre 2018 17:49

La nueva LOPD llega con polémica incluida

 

Tras el rechazo en el Pleno del Congreso de los Diputados a las 32 enmiendas planteadas en el Senado al Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales (PLOPD), el pasado 20 de noviembre el Pleno del Senado aprobó por mayoría absoluta la que pasará a ser nuestra nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales (LOPD), que sustituirá a la ya desfasada LOPD 15/1999.

La nueva LOPD se prevé que entre en vigor en los próximos días y muchas han sido las modificaciones que ha sufrido el Proyecto desde su publicación en el BOE en noviembre del pasado año hasta su actual redacción, siendo la más sugerente el propio encabezado de la Ley, reconociendo y vinculando la Garantía de los Derechos Digitales a la Protección de Datos de Carácter Personal.

La configuración final del articulado de la nueva LOPD es el mismo que se preveía en el informe de la ponencia del PLOPD y Garantía de los Derechos Digitales publicado en el BOE el 9 de octubre del presente año, al no haber sido aceptada ninguna de las enmiendas planteadas en el Senado. La estructura de nuestra nueva LOPD, por tanto, va a ser la siguiente:

- Un total de 96 artículos, divididos en 10 títulos, 22 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias y 16 disposiciones finales.

Ya hemos comentado en otras publicaciones de nuestro Blog las principales diferencias entre la primera versión del PLOPD publicado en noviembre del año pasado respecto a la última versión definitiva publicada el 9 de octubre, que será la que finalmente entre en vigor en los próximos días.

Una de las principales novedades que introduce la nueva LOPD es su Título X, donde se reconocen una serie de derechos digitales, que tampoco se han visto exentos de enmiendas por el Senado, así como de críticas por parte de expertos en la materia, quienes no consideran del todo acertado el incorporar los derechos digitales relativos al ámbito laboral en una ley de protección de datos, y no así en legislaciones que regulen de manera específica las relaciones laborales de los trabajadores, como en la negociación colectiva, o en los propios procedimientos internos de las empresas. Entre dichos artículos se reconocen el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, el derecho a la desconexión digital, derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia, grabación en el lugar de trabajo y el uso de sistemas de geolocalización. Aún es pronto para que podamos prever los efectos jurídicos derivados de la incorporación de estos derechos en una normativa de protección de datos, pero lo que sí debemos tener claro es que todos ellos deberán tenerse en consideración en el resto de los ámbitos de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Para finalizar, debemos hacer referencia a la disposición final tercera de la nueva LOPD que no ha dejado indiferente a nadie. El pasado 18 de abril el Grupo Parlamentario Socialista realizó una enmienda de adición a la nueva LOPD del artículo 58 bis a la L.O 15/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), que contempla el uso de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales.

La enmienda, que ha sido adherida el texto definitivo de la nueva LOPD y contaba en un principio con la aprobación de todos los grupos parlamentarios al no haberse realizado ninguna enmienda al respecto, parece contar ahora con más detractores que defensores.

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