En nuestros últimos posts (aquí y aquí) hemos analizado los cambios que ha sufrido el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante Proyecto) durante su proceso de aprobación, hasta el momento no finalizado, encontrándose actualmente en la fase constitutiva del Procedimiento legislativo ordinario. Todo parece indicar que esta redacción del texto legislativo será la definitiva, pero hasta entonces, seguiremos estudiando el contenido del novedoso Título X que el Proyecto dedica a los Derechos Digitales.

Si hace unas semanas centrábamos la atención en los preceptos que el texto dedica a la protección de los menores, el derecho a la educación digital, y el impacto en las relaciones laborales, en esta publicación trataremos cómo el Proyecto regula el derecho de rectificación en Internet.

Como ya hemos venido indicando en recientes artículos, y la propia Exposición de Motivos del Proyecto pone de manifiesto, mediante la inclusión de estas disposiciones se cumple con la tarea de reconocer y garantizar ciertos derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución Española (en adelante CE). En definitiva, derechos que ya se disfrutan en la realidad offline y que hasta ahora planteaban dudas en el entorno online.

¿Qué supone esta premisa en lo que al derecho de rectificación se refiere?

Todos tienen derecho a la libertad de expresión en internet”. Así comienza el artículo 85 del Proyecto dedicado al derecho de rectificación en Internet, aludiendo al derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, reconocido en el artículo 20.1 de la CE.

Ahora bien, es por todos conocido que el derecho fundamental a la libertad de expresión ya sea aplicado o no al ámbito digital, no es un derecho absoluto e ilimitado, toda vez que atendiendo al caso concreto, es posible que prevalezcan otros derechos fundamentales también garantizados en nuestro texto constitucional, tales como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE).

Una de las limitaciones a este derecho fundamental aplicado a Internet viene ahora dada por el derecho de rectificación regulado en el Proyecto. Si bien el derecho de rectificación en el ámbito de los medios de comunicación social ya se regularizó en La Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación (en adelante Ley 2/1984), y esta norma ha sido aplicada en alguna ocasión a informaciones publicadas en medios de comunicación digitales (como por ejemplo en el asunto analizado en la STS 1615/2018), el Proyecto trata de agilizar y explicitar este derecho de rectificación para los contenidos en redes sociales y servicios equivalentes.

Pero ¿cómo lo hace?

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"España, cada vez más cerca de aprobar su nueva LOPD". Esta noticia, ha sido, a lo largo de estas últimas semanas, una de las cuestiones más comentadas, a nivel nacional, en el ámbito de la protección de datos.

Cómo ya mencionamos en nuestro post de la semana anterior, el pasado 9 de octubre, se alcanzó, por parte de los distintos grupos parlamentarios, un consenso político para la aprobación de la nueva versión de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante, Proyecto) que, actualmente, y siguiendo el orden de las etapas que integran el procedimiento legislativo, se encuentra en fase de tramitación en el Senado, desde que el pasado 18 de octubre el Pleno del Congreso de los Diputados aprobase, por unanimidad, la nueva versión de este Proyecto de Ley.

Por todos es sabido que el Proyecto tiene como finalidad principal la adaptación de la normativa española de protección de datos personales al marco desarrollado por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, clarificando algunos de los puntos más relevantes desarrollados en el mismo. Sin embargo, no hemos de perder de vista, que la protección de datos y el tratamiento de la información personal va evolucionando y modificándose conforme las nuevas tecnologías avanzan. En aras de poder ajustarnos a esa evolución y garantizar la máxima protección a los interesados, este Proyecto busca ampliar a Internet, la exigencia y aplicación de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española y en los Tratados Internacionales tal y como el propio Proyecto recoge en su artículo 79.

¿Cómo lleva a efecto la nueva versión del Proyecto este propósito?

A través de la creación del Título X, denominado “Garantías de los derechos digitales”. Un título, conformado por un total de 19 artículos, que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de este texto normativo, y cuyo objeto principal es reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos.

Parte, este articulado, de la búsqueda de una garantía de acceso universal a Internet para todos los ciudadanos, con independencia de la condición personal, social, económica o geográfica de los mismos y con el fin último de luchar contra las brechas de género, residenciales, generacionales o por razón de la discapacidad (artículo 81).

Asimismo, se establecen obligaciones para los proveedores de servicios que deberán proporcionar una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos, así como informar a los usuarios de sus derechos en materia de seguridad de las comunicaciones (artículo 80).

¿En qué otros ámbitos centra su desarrollo este nuevo título?

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El pasado 9 de octubre se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados el Informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Dicho informe incorpora cambios significativos respecto del Proyecto de Ley inicial. Consideramos relevante analizar dichos cambios y para ello dedicaremos varias publicaciones.

Se trata de un texto definitivo que partía de un Proyecto de ley presentado por el Partido Popular y cuya segunda versión ha tenido un apoyo unánime por todos los grupos parlamentarios.

La primera novedad significativa nos la encontramos en la propia denominación de la futura Ley Orgánica pasando a denominarse “Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales”. Esto es así porque, como analizaremos más adelante, además de perseguirse como objetivo la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento general de protección de datos (RGPD), se persigue ahora también reconocer y garantizar una serie de derechos y libertades digitales a los ciudadanos. Por ello, se ha añadido respecto del texto anterior, un Título más: Título X Garantías de los derechos digitales.

En segundo lugar, llama la atención la cantidad de leyes que se ven modificadas por este texto. Mientras que con la primera versión se modificaban únicamente la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y la Ley 29/198 reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, ahora se introducen modificaciones relevantes en otras diez leyes más: la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información política y buen Gobierno, la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, la Ley 14/1986, General de Sanidad, la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Finalmente vamos a analizar qué otras novedades que aporta la nueva versión del Proyecto en comparación con lo que recogía el texto inicial:  

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