La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en su artículo 18, regula el derecho de acceso a la historia clínica del paciente, derecho que está conectado con el propio derecho de acceso del artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (a partir de ahora, RGPD).

Por lo tanto, además de la información que debe proporcionarse a los pacientes por el hecho de ejercitar su derecho de acceso conforme al RGPD (fines del tratamiento, categoría de datos, destinatarios o categoría de destinatarios a los que se comunican o comunicarán sus datos…), los pacientes tienen derecho a acceder a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella, pero el ejercicio de este derecho por parte de un paciente no implica que se le deba proporcionar íntegramente los documentos de la historia clínica ya que existe determinada información que deberá excluirse.
También sucede que, en determinados casos y para finalidades concretas, otras personas diferentes al paciente o los sanitarios que le asisten pueden tener acceso a la información que contiene la historia clínica.

¿QUÉ PUEDE O NO APARECER EN LA COPIA DE LA HISTORIA CLÍNICA QUE SE PROPORCIONA AL PACIENTE?

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Lunes, 22 Junio 2020 16:57

Wifi-tracking y protección de datos.

Cada vez más, percibimos como algo corriente ser objeto de seguimiento o rastreo mientras navegamos por internet o usamos nuestros dispositivos conectados, con el fin de que diferentes entidades puedan recopilar información acerca de nosotros, y de este modo poder elaborar perfiles, analizar comportamientos, o monetizar la información recopilada, para la posterior realización de acciones de mercadotecnia.

El uso de estos sistemas está más que instaurado desde hace años, y es por ello por lo que, aunque todavía nos genere cierta inquietud la precisión de los anuncios de publicidad en nuestra navegación por internet, la realidad es que ya no sorprende a ningún usuario.

Dentro de los diferentes métodos de seguimiento, tal vez el ámbito más conocido resulte precisamente el de web tracking, como mecanismo de rastreo dirigido a la identificación de dispositivos, navegadores y herramientas que utilizamos comúnmente los usuarios de internet.

Sin embargo, hace ya algunos años que, sin necesidad de navegar en la red, podemos ser objeto de seguimiento o rastreo, con el simple hecho de visitar determinados comercios o tiendas físicas, gracias al wifi-tracking.

Aunque se trata de un método que ya fue empleado por alguna empresa estadounidense en el año 2013 (como la cadena de moda Nordstrom, tal y como se hacía eco ese año el propio New York Times), y en España lleva unos años instaurado, es ahora cuando se ha formulado una consulta ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), acerca de si este sistema de seguimiento de usuarios se encuentra sujeto al ámbito de aplicación de la normativa en materia de protección de datos. La autoridad de control española se ha pronunciado sobre ello en su Informe Jurídico 0017/2019, que ahora analizamos en esta publicación.

Con carácter previo a profundizar en los fundamentos de la AEPD, consideramos conveniente exponer de forma breve, en qué consiste el Wi-Fi tracking.

El Wi-Fi tracking se refiere a los sistemas capaces de detectar las señales que periódicamente emiten los dispositivos electrónicos equipados con tecnología Wi-Fi y utilizar esta información para conocer de forma estadística o agregada la presencia o los flujos de dispositivos en diferentes localizaciones.

Si en un espacio determinado, como puede ser un comercio, se instalan rastreadores Wi-Fi, estos permitirán recoger y registrar la señal única que cada teléfono envía en la búsqueda de una red Wi-Fi (Dirección MAC), y usar esa información para el seguimiento del cliente a través de una zona para construir un perfil en torno a sus hábitos de compra. Por ejemplo, podría registrarse el tiempo que el dispositivo de un cliente ha esperado en la línea de caja, a qué hora ha entrado y salido, o qué zonas de la tienda ha visitado.

Situado ya el funcionamiento de este método de seguimiento, comenzamos con las cuestiones que la AEPD aborda para dar respuesta a la consulta objeto del Informe:

¿Un sistema de Wi-Fi tracking, implica un tratamiento de datos personales?

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A lo largo de esta última década, es cada vez más común, la proliferación de aplicaciones y plataformas de mensajería rápida, que ha terminado derivándose en la utilización de las mismas para realizar videollamadas debido sobre todo a su comodidad y rapidez, más aún acentuada debido a la situación que vivimos en estos momentos, tanto a nivel profesional como su uso particular. Todas las compañías punteras dentro de las redes sociales tales como Facebook, Instagram, o nuevas startups creadas como partytime, jitsimeet entre otras. Las cuales compiten por ser cada vez más atractivas y por lo tanto más populares con estos fines. Para no perder esa carrera y competitividad, deben ser cada vez más fáciles en su uso, más prácticas, más atractivas y sobre todo y lo más importante más seguras. Y por ello, entre sus funciones principales se debe encontrar la garantizar al usuario que la aplicación o plataforma es inexpugnable.

Objetivos como eliminar las brechas de seguridad, evitar la pérdida de datos, la cesión de datos sin consentimiento entre otros, evitar el acceso a datos de carácter personal no autorizados por el usuario, es el santo grial de las empresas, actualmente no hay ninguna mensajería rápida en este caso que estamos hablando las dedicadas a videollamadas que garantice el 100% de seguridad, con lo cual estamos a expensas de que se realice un seguimiento a las mismas y una rápida respuesta en caso de fallos de seguridad algo de lo que por ejemplo Facebook no puede presumir, pero como todo, a medida que van surgiendo los problemas se van encontrando soluciones, que puede que sea la segunda premisa que valoramos los usuarios en estas empresas, ya que muchas veces no es posible ser proactivo porque en muchos casos es imposible atender a todas las fisuras que pueden darse, pues ser reactivo y dar soluciones rápidas. Para lo cual las aplicaciones para empezar en sus políticas ya van avisando de los datos a los que acceden y a los que no, pues es obligatorio darlo a conocer.

En cuanto a las plataformas más utilizadas, en el ámbito empresarial, aparte de Teams de Windows, se están utilizando otras recientes como Zoom, relativamente nueva y Skype que es la pionera de las plataformas en realización de videollamadas, Slack también considerada una plataforma segura para uso empresarial, muchas de ellas, incluyen opciones para configurar la seguridad, prevenir accesos fraudulentos, bloquear reuniones una vez sus participantes ya estén en ella y así evitar el acceso de intrusos, la configuración de seguridad predeterminada, herramientas para identificar dispositivos de los participantes entre otros.

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El viernes dedicamos nuestra publicación al análisis de las técnicas de proctoring y el conflicto que se puede llegar a crear entre los métodos de control en los exámenes online y la protección de datos de carácter personal.

Justamente ese mismo día, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hizo público el Informe N/REF: 0036/2020 en el que analiza la utilización del reconocimiento facial para realizar exámenes online.

Siendo el criterio plasmado en nuestra publicación se encuentra en la línea de lo expuesto por la AEPD, debemos de tener presente que este es un tema que genera cierta duda y alerta, y es por ello por lo que consideramos oportuno recoger algunos de los principales criterios establecidos por la AEPD en el mencionado Informe, en aras de completar lo ya indicado en nuestra publicación acerca de las técnicas proctoring.

La AEPD, como ya ha hecho en otros informes relacionados con la COVID-19, vuelve a partir de la base fundamental de que el derecho fundamental a la protección de datos personales no ha visto suspendido como consecuencia de la pandemia y de la declaración del estado de alarma,  y por lo tanto, todo tratamiento de datos personales deberá respetar este derecho fundamental ajustándose para ello a la normativa vigente en materia de protección de datos, esto es, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Así, aunque el informe se centra en el análisis jurídico del uso de técnicas de reconocimiento facial en la realización de pruebas de evaluación online, antes desarrollar tal análisis, trata otro tipo de cuestiones respecto de las que la AEPD ya se pronunció en su Informe 36/2019 sobre tratamiento de datos en universidades, como por ejemplo la publicación de las calificaciones de los alumnos. 

Pero ¿cuál es la respuesta que da la AEPD a la consulta planteada?

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En unos meses en los que, con motivo de la declaración del estado de alarma, nos hemos tenido que adaptar a un funcionamiento todavía más telemático que al que estamos habituados en esta sociedad rendida a lo digital, han sido objeto de debate y análisis diferentes herramientas desde un punto de vista de la privacidad, centrado hasta el momento en torno a las plataformas de videollamadas y Apps de control de la COVID 19, y podemos añadir ahora a lista de “más cuestionados”, las técnicas de proctoring.

Se acerca el fin del año académico 2019/2020, y dentro del reto asumido de implementar la actividad académica a distancia y online en tiempo récord, llega el momento de afrontar las evaluaciones.

Siendo el sector educativo uno de los ámbitos más repercutidos en esta situación de crisis sanitaria, en estas últimas semanas, centros escolares, Universidades y otros centros de enseñanzas no universitarias, se enfrentan al desafío de establecer métodos de evaluación que mantengan el equilibrio entre una correcta supervisión del examen o prueba que se realiza de forma online y la identificación del estudiante que realiza la prueba, y la garantía de los derechos de todos los estudiantes. Derechos que, no solamente se refieren a la protección de datos de carácter personal, sino que también afectan al derecho a la educación, que podría verse mermado debido a la posible brecha digital existente entre los estudiantes.

Si bien es cierto que corresponde a las autoridades autonómicas competentes, determinar los criterios relativos al desarrollo de la actividad educativa durante el tercer trimestre escolar y los criterios de evaluación del curso académico 2019/2020, esta cuestión continúa generando cierta preocupación en la comunidad educativa.  

Así, y centrándonos en lo que a la materia de protección de datos se refiere, nos encontramos con una serie de escenarios de evaluación que tienen un diferente impacto en los derechos de los estudiantes, que podríamos clasificar, de forma muy genérica de la siguiente manera.

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A raíz de la situación actual de nuestro país surgen distintas controversias en lo que respecta a la protección de datos. Tras la aprobación de la Orden ministerial SND/297/2020, de 27 de marzo (en adelante Orden ministerial u Orden), se han hecho virales noticias en las que se ha hablado de dos polémicas principalmente: en primer lugar, qué dicha Orden derogaba la normativa en materia de protección de datos durante el estado de alarma y, en segundo lugar, que la APP ASISTENCIACOVID-19 tendría geolocalizados y controlados en todo momento a los ciudadanos españoles. Es por este motivo por lo que hemos considerado necesario dedicar un artículo en nuestro Blog para realizar determinadas aclaraciones al respecto.

¿Qué finalidad tiene la Orden ministerial?

Nos encontramos ante una norma de rango reglamentario que puede emanar de cualquiera de los ministros del Gobierno de España, en este caso en concreto del Ministerio de Sanidad. Tal y como podemos encontrar en la exposición de motivos de la mencionada Orden, su principal finalidad es «proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública».

Para conseguir dicha finalidad lo que se va a intentar es contar con información real sobre la movilidad de las personas en los días de confinamiento que estamos atravesando en la actualidad:

  • El Instituto Nacional de Estadística (INE) está realizando un estudio impulsado por la Orden ministerial con DATAcovid. En relación con este estudio, el escollo a nivel protección de datos, podría surgir en definir cómo y  cuándo se van a tratar estos datos para conseguir información de los ciudadanos, pero en este caso concreto, en la orden se aclara que solamente: emplea datos de posicionamiento de los dispositivos móviles, anónimos y agregados, proporcionados directamente por los operadores y eliminando cualquier información personal, sin identificar ni realizar seguimientos de números de teléfono o titulares de forma individual”.A este respecto, merece la pena recordar que en octubre de 2019 el INE utilizó la misma técnica para realizar un estudio sobre cuántos ciudadanos se mueven de un municipio dormitorio a una ciudad; qué número de personas trabaja en el mismo barrio donde vive o en uno distinto; de dónde viene la gente que trabaja en una zona, o cómo fluctúa la población en un recuadro a lo largo del día. En esta ocasión también fue criticada la utilización del posicionamiento en los teléfonos móviles, pero a posteriori se pudo comprobar que se cumplía con todas las garantías normativas en materia de protección de datos por parte del INE.
  • Asimismo, el gobierno ha impulsado una App denominada AsistenciaCOVID-19, disponible por el momento en las siguientes Comunidades Autónomas: Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Principado de Asturias.Como hemos comentado en la introducción del presente artículo, esta aplicación ha sido muy criticada en los medios de por el uso de la geolocalización de los ciudadanos, diciéndose que el acceso al GPS de los teléfonos móviles sería “conditio sine qua non” para utilizar la App. Valoraremos más adelante este hecho.

¿Cómo puede afectar esto al derecho fundamental a la protección de datos?

Pues bien, a pesar de que como indicábamos anteriormente, ha habido noticias en las que se indicaba que esto podría afectar a la normativa en materia de protección de datos y por tanto a nuestro derecho fundamental reconocido en el artículo 18.4 de Constitución Española (CE), en la Orden no se establece ninguna excepción al derecho fundamental ni a la normativa. Tanto es así, que en la propia Orden se indica expresamente que será de aplicación:

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

El hecho de que se haya podido llegar a pensar que se derogaba la normativa en materia de protección de datos, puedehaber sido consecuencia de un error interpretativo/lectura, tanto por la propia denominacion del Reglamento (UE) 2016/679 que deroga la Directiva 95/46/CE, como el no haber un “punto y aparte” ha creado confusión en lecturas rápidas.

Además, el Ministerio de Sanidad ha comunicado que, para hacer cumplir dicha Orden, velará por llevar a cabo los criterios interpretativos dados por la Agencia Española de Protección de Datos. En este sentido, contamos con muchos comunicados en la página web de la AEPD tratando estas cuestiones, pero el más vinculado al tema actual es el Comunicado de la AEPD sobre apps y webs de autoevaluación del Coronavirus.

Deberemos distinguir el análisis del impacto en materia de protección de datos,como derecho fundamental ,en cada uno de los puntos indicados:

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El ser humano es un ser social por naturaleza y, por tanto, tiene la necesidad de comunicarse, de ser escuchado y de interactuar con los demás.

La crisis sanitaria a la que nos enfrentamos en estos momentos nos ha obligado a vivir una situación excepcional sin precedentes en nuestros hábitos y, entre otras cosas, nos obliga a permanecer confinados en nuestros hogares.

Para podernos relacionar con las personas que se encuentran fuera de nuestro entorno, somos muchos los que recurrimos a las nuevas tecnologías y, concretamente, ha habido un notable despunte en el uso de aquellas que permiten que nos veamos y nos escuchemos en tiempo real: las videollamadas y, si se trata de reuniones con grupos de personas, las videoconferencias.

Además de la utilidad que se le está dando en el ámbito doméstico, se extiende el uso de las videollamadas o videoconferencias en el ámbito laboral, puesto que, como ya mencionamos en nuestra anterior publicación (ver aquí), dentro de las medidas excepcionales a adoptar por las empresas, que  se  establecen  en  el Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 , se  encuentra promover la modalidad del  trabajo  a  distancia o teletrabajo en aquellos sectores,  empresas  o  puestos  de  trabajo  en  las  que  no  estuviera aún  prevista.

Las videoconferencias en el marco laboral, sólo precisan de una perfecta coordinación en el tiempo de todos los asistentes, y permiten compartir de forma sencilla conocimientos y diferentes puntos de vista, sin importar la logística ni el lugar en el que se encuentren los trabajadores; permiten discutir los proyectos corporativos en curso, tomar decisiones en grupo, obtener un feedback instantáneo, compartir documentos de trabajo, disponer de herramientas tales como un chat o una pizarra virtual mediante la cual se pueden realizar presentaciones de la misma forma que si estuviésemos en una sala de exposiciones

Igualmente, no sólo sirven para establecer comunicaciones internas, sino que dependiendo del sector en el que nos encontremos, muchas veces se hace necesario contactar por esta vía con clientes, proveedores, socios, alumnos, etc.

En todas ellas, además de seguir las pautas y recomendaciones genéricas para teletrabajar que hemos ido aportando a lo largo de los anteriores capítulos, conviene extremar la seguridad para prevenir la intrusión y garantizar la confidencialidad de las conversaciones y de la información que tratamos en ellas, puesto que en estos días, debido al incremento de usuarios de estos servicios, la red de los hogares se ha convertido en un objetivo más atractivo que antes para los ciberdelincuentes, y, tanto el contenido de las conferencias como las grabaciones de las mismas o las herramientas de apoyo que se utilizan, podrían estar expuestas a las siguientes amenazas:

  • Aquellas que son inherentes a las redes inalámbricas e internet.
  • Aquellas que tienen como causa una configuración descuidada o errónea de las sesiones de videoconferencia.
  • Aquellas que están asociadas a las carencias de seguridad de las propias herramientas o servicios de videoconferencia.

Y es en este último punto donde vamos a detenernos. ¿Son seguras las aplicaciones de videoconferencia? El mercado actual ofrece multitud de herramientas y plataformas que ofrecen servicios de videoconferencias: gratuitas o de pago; videoconferencias tradicionales, que utilizan equipos físicos o un software instalado en ordenadores personales; videoconferencias en la nube, etc.

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Cada vez son más las empresas en nuestro país que están empezando a implantar el sistema de teletrabajo, consistente en dotar al empleado de la posibilidad de trabajar en su domicilio o en el lugar elegido libremente por éste, sin la necesidad de acudir de manera presencial al centro de trabajo en la empresa.

Los beneficios que este modo de trabajo puede llegar a proporcionar tanto al empleador como a la propia empresa son numerosos, dotando, por una parte, al trabajador de una mayor flexibilidad de horario, así como permitirle una mejor conciliación de la vida profesional y familiar, y, por otra parte, la empresa podrá ver reducidos sus costes en infraestructuras e instalaciones, así como un mayor acceso a la colaboración con profesionales altamente cualificados que no pudieran aceptar el trabajar diariamente en una oficina.

Si bien es cierto que el sistema de teletrabajo todavía no se encuentra instaurado de manera generalizada en nuestro país, desde el último trimestre del pasado año 2019, las cifras se han visto incrementadas respecto a las de años anteriores, llegando a alcanzar el número de personas ocupadas que realizan teletrabajo un total de 1’5 millones, lo que equivale a un 7’9% de la población total ocupada, según nos indica el informe de “The Adecco Group Institute”

El marco normativo regulador del teletrabajo en nuestro país lo encontramos en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge las siguientes cuestiones:

  • Define el concepto de teletrabajo, indicando que el acuerdo por el que se establezca el mismo deberá formalizarse por escrito.
  • Iguala los derechos de los trabajadores a distancia con los trabajadores que realicen su trabajado en el centro de trabajo de la empresa, salvo excepciones.
  • Determina la obligación del empleador a establecer los medios necesarios para que los trabajadores tengan asegurado el acceso a la formación profesional para el desarrollo efectivo del empleo, con el fin de favorecer su promoción profesional.
  • Indica los derechos de los trabajadores a distancia a una adecuada protección en materia de seguridad, en base a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.

También nos parece importante señalar lo establecido en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral en relación con el teletrabajo, que, si bien no procede a establecer ningún tipo de regulación, sí considera importante darle cabida, con el fin de promover nuevas formas de desarrollar la actividad laboral. Además, entiende que el teletrabajo esuna particular forma de organización del trabajo que encaja perfectamente en el modelo productivo y económico que se persigue, al favorecer la flexibilidad de las empresas en la organización del trabajo, incrementar las oportunidades de empleo y optimizar la relación entre tiempo de trabajo y vida personal y familiar.”

A raíz del estado de alarma ocasionado por la crisis sanitaria en la que nos encontramos actualmente, el Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 también entra a regular en su artículo 5 el trabajo a distancia o teletrabajo, indicando, en primer lugar, su carácter preferente. El mencionado artículo señala una serie de cuestiones que consideramos relevantes destacar:

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El sector de los videojuegos se encuadra dentro del sector de la información y comunicación, también conocido como sector TIC. En sentido estricto, el sector TIC se compone de cuatro sectores: edición, medios audiovisuales (cine, música, video y televisión), telecomunicaciones y procesamiento de datos (programación, consultoría informática y servicios de información).

Se puede afirmar que el sector de los videojuegos ha aumentado exponencialmente con el paso del tiempo, especialmente en los último 5 años. Dicha información se puede confirmar en el último informe presentado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) donde viene definir el impacto total sobre la producción del sector del videojuego y su efecto sobre la economía española, produciendo un valor que llegó a superar los 3.000 millones de euros.
Ahora bien, debido a la inmensa cantidad de datos que se mueven dentro de la industria de los videojuegos, en especial dentro de los denominados juegos online o dentro del sector de los esports, es necesario tener en cuenta el impacto de la normativa en materia de Protección de Datos sobre dicho sector.

Para poder analizar el impacto en materia de Protección de Datos, se deberá tener en cuenta la siguiente normativa:

  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en adelante “RGPD”.
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en adelante “LOPDGDD”.

Una vez definida la normativa, las claves a tener en cuenta deben ser las siguientes:

1. Política de Privacidad: deber de informar y consentimiento del interesado.

Cuando la compañía de videojuegos actúe como responsable del tratamiento al recabar datos de los jugadores deberá informar de manera clara, sencilla y concisa sobre las circunstancias relativas al tratamiento de datos del interesado. La manera más habitual de informar al interesado es mediante la aceptación de la Política de Privacidad cuando se registra como usuario. Dentro de dicha Política de Privacidad, la compañía deberá informar de lo siguiente:

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Disquetes, CDs, discos duros, dispositivos USB …etc. Hablamos de recursos utilizados, durante años, por parte de entidades y organizaciones para el almacenamiento de la información generada como consecuencia de su actividad. Todos estos recursos tenían un gran límite en común: el espacio.

Es, por tanto, lógico que, como consecuencia de la evolución tecnológica, los sistemas de almacenamiento se hayan ido perfeccionando y ajustando a las necesidades de las entidades en cada momento. Por ello, desde hace ya unos años, venimos asistiendo al fenómeno Cloud Computing o almacenamiento en nube.

Pero ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos de este nuevo concepto de almacenamiento? Es un tipo de servicio, utilizado también por aplicaciones, que permite almacenar todo tipo de contenido en un servidor conectado a la red, siendo la principal ventaja de estos sistemas, la flexibilidad que ofrecen que, en la práctica, se traduce en la posibilidad de acceder a la información almacenada desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo, todos los días del año.

Consciente de la importancia de estos nuevos sistemas de almacenamiento, y su incuestionable impacto en la protección de datos de carácter personal, la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, la AEPD) publicó dos guías que son, ahora, objeto de análisis en el presente artículo:

Guía para clientes que contraten servicios de cloud computing que, a pesar de haber sido publicada hace ya unos años, fue actualizada por parte de la AEPD tras la plena exigibilidad del Reglamento Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), en mayo de 2018.

Informe sobre la utilización, por parte de profesores y alumnos, de aplicaciones que almacenan datos en nube, con sistemas ajenos a las plataformas educativas y que surge como resultado de una inspección sectorial que, de oficio, inicia la AEPD sobre servicios de cloud computing en el sector educativo hace unos años.

Es importante recalcar, en este punto, que en la actualidad, no existe un único sistema de almacenamiento en nube. Así, podemos distinguir:

- Nube pública. Cuando el proveedor proporciona sus recursos de forma abierta. Entre sus ventajas más destacadas se encuentra la rapidez para utilizar sus servicios de almacenamiento gratuito.

- Nube privada. En aquellos casos en los que el responsable del tratamiento “compra” un espacio y realiza su propia gestión y administración de la información. Servicio que puede implementarse por la misma entidad que la utiliza o bien, externalizarse con una entidad tercera que actuará bajo supervisión y en función de las necesidades del responsable del tratamiento. Aquí, sus principales ventajas radican en la mayor seguridad que ofrecen así como en el control que, sobre la información, tiene la empresa.

- Otros modelos de nubes, más flexibles y que permiten una mejor adaptación a las necesidades específicas de cada empresa. Así, entre los modelos nos encontramos con soluciones como:

- Nubes híbridas en las que se ofrecen ciertos servicios de forma pública y otros de forma privada.
- Nubes comunitarias cuando dichos servicios son compartidos en una comunidad cerrada.
- Nubes combinadas aquellas que tienen disponibilidad de combinar dos o más nubes sean privadas o públicas que pueden ser administradas por diferentes usuarios o proveedores.

Accesibilidad, disponibilidad y comodidad. Está claro que el uso de servicios de almacenamiento en nube ofrece un gran número de ventajas a los responsables de tratamiento en el desarrollo de su actividad. Sin embargo, no podemos dejar a un lado los riesgos que inciden en la seguridad de los datos de carácter personal almacenados en dichos sistemas. Dichos riesgos recaen, principalmente, en:

1. La falta transparencia en la información sobre las condiciones en las que se presta el servicio. Al ser el proveedor quién conoce todos los detalles del servicio que ofrece, será fundamental que nos facilite información sobre qué, quién, cómo y dónde se lleva a cabo el tratamiento de los datos. A menor información obtenida, mayor será la dificultad para el responsable de evaluar los riesgos y establecer los controles adecuados.

2. La falta de control que el responsable puede llegar a tener sobre el uso y gestión de los datos personales como consecuencia de las dificultades que puede encontrarse a la hora de disponer de los datos en poder del proveedor o de poder obtenerlos en un formato válido, los obstáculos a una gestión efectiva del tratamiento …etc.

¿Cómo se pueden afrontar, entonces, estos riesgos?

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