Solamente unos días después de que hayamos tenido las últimas elecciones en España, el Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado al respecto del artículo 58 bis apartado 1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales(LOPDGDD), el cual permitía a los partidos políticos recopilar datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos, diciendo textualmente:

“La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas”.

Al respecto de este artículo, el pleno del TC ha aprobado por unanimidad una Sentencia cuyo fallo se ha conocido este mismo miércoles.

En este post vamos a destacar los puntos más importantes, en materia de protección de datos que se disponen en la mencionada Sentencia del TC.

¿Quién y porqué se interpuso este recurso?

El Recurso fue presentado por el Defensor de Pueblo en el mes de marzo, en el que, atendiendo a quejas y solicitudes de diferentes ciudadanos y juristas, se decidió solicitar la anulación del artículo 58.1 bis de la LOREG.

Los motivos de la interposición de este Recurso se fundamentan en la consideración de que se está produciendo la vulneración de los siguientes artículos de la Constitución Española (CE):

  • Principio de seguridad jurídica (Art. 9.3 CE).
  • Derecho a la libertad ideológica (Art. 16 CE).
  • Derecho a la Protección de Datos Personales (Art. 18.4 CE).
  • Derecho de participación política (Art.23.1 CE).
  • Principio de vinculatoriedad, reserva de ley y control constitucional de las leyes de desarrollo. (Art. 53.1 CE).

El Recurso fundamenta esta vulneración en el hecho de que el mencionado artículo permitía algo inédito en nuestro país, como es recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos y utilizar este perfilado de cada persona enviar propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería.

Para poder entender por qué es algo inédito, hemos de tener en cuenta que las opiniones políticas de las personas son consideradas por la normativa de protección de datos como “datos de carácter personal especialmente protegidos” (art.9.2.a LOPDGDD), por lo que como regla general para tratar estos datos necesitaríamos el consentimiento explícito del interesado.

A lo anterior, debemos de añadir que el art 9.1. LOPGDD indica que el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición de tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.

Para anular esta prohibición es precisamente para lo que se realizó la modificación normativa por la que se introdujo el apartado 1 del artículo 58 bis de la LOREG.

Cabe en este punto por tanto traer a colación los tres elementos más importantes de la interposición del recurso:

  • No se ha determinado la finalidad del tratamiento, más allá de la mención al “interés público”.
  • No se ha limitado el tratamiento de esos datos.
  • No se han establecido las garantías adecuadas para proteger los derechos fundamentales de los afectados.

Por lo que, debido a estas insuficiencias, se considera que el precepto impugnado habría incurrido en una doble y simultanea vulneración, por infringir la reserva de ley y por no respetar el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos personales.

Precisamente esta consideración es ahora reafirmada por el TC en su sentencia, al estimar que el derecho fundamental afectado es el de protección de datos personales (Art.18.4 CE), desde una doble perspectiva:

En primer lugar, como derecho autónomo dirigido a controlar el flujo de informaciones concernientes a cada persona.

En segundo lugar, como derecho fundamental instrumental ordenado a la protección del también derecho fundamental a la libertad ideológica.

Una vez sentado esto, el TC enjuicia los tres elementos antes mencionados que conforman la impugnación central:

Publicado en Blog
Martes, 27 Noviembre 2018 17:49

La nueva LOPD llega con polémica incluida

 

Tras el rechazo en el Pleno del Congreso de los Diputados a las 32 enmiendas planteadas en el Senado al Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales (PLOPD), el pasado 20 de noviembre el Pleno del Senado aprobó por mayoría absoluta la que pasará a ser nuestra nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales (LOPD), que sustituirá a la ya desfasada LOPD 15/1999.

La nueva LOPD se prevé que entre en vigor en los próximos días y muchas han sido las modificaciones que ha sufrido el Proyecto desde su publicación en el BOE en noviembre del pasado año hasta su actual redacción, siendo la más sugerente el propio encabezado de la Ley, reconociendo y vinculando la Garantía de los Derechos Digitales a la Protección de Datos de Carácter Personal.

La configuración final del articulado de la nueva LOPD es el mismo que se preveía en el informe de la ponencia del PLOPD y Garantía de los Derechos Digitales publicado en el BOE el 9 de octubre del presente año, al no haber sido aceptada ninguna de las enmiendas planteadas en el Senado. La estructura de nuestra nueva LOPD, por tanto, va a ser la siguiente:

- Un total de 96 artículos, divididos en 10 títulos, 22 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias y 16 disposiciones finales.

Ya hemos comentado en otras publicaciones de nuestro Blog las principales diferencias entre la primera versión del PLOPD publicado en noviembre del año pasado respecto a la última versión definitiva publicada el 9 de octubre, que será la que finalmente entre en vigor en los próximos días.

Una de las principales novedades que introduce la nueva LOPD es su Título X, donde se reconocen una serie de derechos digitales, que tampoco se han visto exentos de enmiendas por el Senado, así como de críticas por parte de expertos en la materia, quienes no consideran del todo acertado el incorporar los derechos digitales relativos al ámbito laboral en una ley de protección de datos, y no así en legislaciones que regulen de manera específica las relaciones laborales de los trabajadores, como en la negociación colectiva, o en los propios procedimientos internos de las empresas. Entre dichos artículos se reconocen el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, el derecho a la desconexión digital, derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia, grabación en el lugar de trabajo y el uso de sistemas de geolocalización. Aún es pronto para que podamos prever los efectos jurídicos derivados de la incorporación de estos derechos en una normativa de protección de datos, pero lo que sí debemos tener claro es que todos ellos deberán tenerse en consideración en el resto de los ámbitos de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Para finalizar, debemos hacer referencia a la disposición final tercera de la nueva LOPD que no ha dejado indiferente a nadie. El pasado 18 de abril el Grupo Parlamentario Socialista realizó una enmienda de adición a la nueva LOPD del artículo 58 bis a la L.O 15/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), que contempla el uso de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales.

La enmienda, que ha sido adherida el texto definitivo de la nueva LOPD y contaba en un principio con la aprobación de todos los grupos parlamentarios al no haberse realizado ninguna enmienda al respecto, parece contar ahora con más detractores que defensores.

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