¿Pensando en invertir en Inteligencia Artificial en su empresa? Claves para su adecuación al RGPD Parte I.

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Lunes, 13 Abril 2020
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En un intento por constituir máquinas inteligentes capaces de emular las formas de razonamiento y el comportamiento de los seres humanos, allá por 1956, John McCarthy acuñaría, por primera vez en la historia, el término de Artificial Intelligence o Inteligencia Artificial. En líneas generales, la Inteligencia Artificial (IA) se refiere a un sistema combinado de algoritmos dirigido a la toma de decisiones automáticas y la conformación de secuencias programadas para la resolución de problemas prácticos con un nivel de eficacia superior a toda capacidad humana gracias a la capacidad de procesamiento de los sistemas automatizados en que se fundamenta esta nueva tecnología digital. En suma, consiste en el diseño y ejecución de un sistema de razonamiento lógico que, a partir del potencial de la programación computacional, se planifican respuestas predeterminadas para la resolución de problema de orden práctico en la vida diaria. En esta línea, el Informe de la Comisión Europea Inteligencia Artificial para Europea, ya destacó unos días antes de que fuera de plena aplicación el nuevo Reglamento General de Protección de Datos que la implementación de la IA destaca, entre otros factores, por la diversidad de formas en que puede implementarse esta nueva tecnología, pues puede basarse en el desarrollo de un sistema operativo o software de un determinado producto comercial, hasta consistir en el diseño y ejecución de complejos sistemas hardware a través de dispositivos inteligentes como robots o aplicaciones de dispositivos domésticos que nos acompañan diariamente.

Así, la Inteligencia Artificial en su aplicación al sector empresarial se consolida como una herramienta imprescindible que permite la monitorización de sistemas operativos para la resolución de todo tipo de problemas cotidianos que no por ello resultan de menor complejidad. Concretamente, la implementación de la Inteligencia artificial en la empresa permite, entre otras funciones, el diseño y ejecución de modelos de predicción de la rentabilidad de un sistema o producto; la prevención del fraude y porcentaje de impagos a partir del comportamiento y características de los operadores y clientes, la personalización de líneas de negocio y productos a partir de las características del cliente.

¿Qué supone el Estado de Alarma por lo que se refiere a la gestión procesal y los trámites que se desarrollan en el seno de la Protección de Datos?

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Miércoles, 08 Abril 2020
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El pasado 14 de marzo se aprobó en consejo de ministros el Real Decreto 463/2020 (1), de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Este Real Decreto promulga el Estado de Alarma en todo el territorio español, esta situación se encuentra en el precepto constitucional 116(2) , y la ley orgánica 4/1981(3), que en su artículo 11 concreta las limitaciones de derechos fundamentales que supone este escenario.

Asimismo, el real decreto que ocupa el análisis dispone de diferentes disposiciones adicionales entre ellas las segunda, tercera y cuarta, que prevén la suspensión de plazos procesales, administrativos y de caducidad y prescripción. Estas disposiciones adicionales tienen relevancia para la protección de datos, ya que pueden incidir en los procesos con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), así como otros entes administrativos y judiciales, en relación aquellos trámites, procedimientos y plazos.

Es así, que se deben plantear dos cuestiones diferenciadas relacionadas con el campo que se pretende estudiar.

1. ¿Qué supone a efectos de trámites de la AEPD? ¿Qué supone a los procedimientos iniciados por la AEPD?

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