El uso de software sin licencia constituye un delito contra la Propiedad Intelectual

Publicado en Blog
by
Miércoles, 14 Octubre 2020
Visto 445 veces

Muchas veces “lo barato sale caro”. Y sino, que se lo digan al dueño de un locutorio donde se ofrecía tanto el servicio de realización de llamadas telefónicas, como el de utilización de ordenadores con acceso a Internet. Dicho locutorio fue intervenido en una inspección realizada por los agentes de la Guardia Civil, al detectarse que los ordenadores que allí se encontraban para prestar sus servicios a los clientes, tenían instalado el sistema operativo Windows XP e incluso alguno de ellos tenía instalada la aplicación ofimática Office, la cual permite el uso de programas como, por ejemplo, Word y Excel; y, que sin embargo, ninguno contaba ni con licencia de explotación comercial ni de uso profesional, habiéndose, en consecuencia, obtenido éstos de forma fraudulenta (“piratas”).

Debemos de partir de la base de que una licencia es el instrumento legal por el cual, el proveedor del servicio concede a los usuarios los derechos de uso o explotación del software, incluyendo una serie de prohibiciones y limitaciones, que tienen como objeto impedir la comercialización del mayor número de copias del software.

En nuestro país es la Ley 1/1996 de la Propiedad Intelectual (LPI), la que reconoce, en los artículos 17 y ss., que corresponde al autor, esto es en este caso al proveedor del software, el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos que prevé la propia LPI.

Además de los derechos anteriormente descritos, que la LPI reconoce al proveedor del software, en su Título VII se determina el régimen jurídico en relación con los derechos de autor sobre los programas de ordenador.

En aplicación de lo expuesto anteriormente y volviendo al hecho concreto que estamos analizando, sobre este caso resolvía el Juzgado de lo Penal nº1 de Cuenca, en noviembre de 2019, condenando al titular de la entidad como autor de un delito contra la propiedad intelectual tipificado en el artículo 270.1 del Código Penal (C.P.) a la pena de seis meses de prisión y una multa de 1800 euros, al entender que se necesita por cada ordenador y cada programa instalado, una licencia de explotación comercial y una licencia de uso profesional.

Así, el artículo 270.1 establece que: Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

El acusado, por su parte, interpuso recurso de apelación contra la mencionada sentencia, sosteniendo un pretendido error en la valoración de la prueba practicada, puesto que, si bien admitía la presencia de ordenadores dotados de programas informáticos no obtenidos de forma lícita, consideraba, a su vez, que faltaban algunos de los elementos que configuran la conducta tipificada en artículo del C.P. anteriormente mencionado, como: no haber sido los programas instalados por él, ya que adquirió el locutorio mediante traspaso y los ordenadores ya formaban parte del anterior negocio, desconocer que esos programas carecían de cobertura legal y mucho menos que fueran destinados al uso comercial por terceros, mediando el ánimo de lucro con su actividad.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Cuenca (APCU), órgano competente para resolver el recurso en segunda instancia, se ha pronunciado recientemente (ver aquí la sentencia), desestimando el recurso y considerando inadmisible el desconocimiento que alega el acusado respecto a la obligatoriedad de solicitar las licencias, cuando se ha demostrado que fue asesorado por un gestor durante el traspaso del locutorio en relación a la idoneidad de comprar las licencias de las que es titular la conocida multinacional Microsoft, y más aún cuando se trata de la adquisición un negocio del que forman parte unos ordenadores puestos a disposición del público, dándoles un aprovechamiento lucrativo.

En este sentido, cabe analizar los elementos objetivos y subjetivos que integran la figura delictiva del artículo 270.1 CP:

Registro de Nombres de Pasajeros (PNR). ¿Tratamiento masivo de datos?

Publicado en Blog
by
Viernes, 02 Octubre 2020
Visto 406 veces

Tras un largo periodo legislativo, numerosos debates parlamentarios y cientos de enmiendas a nivel europeo, este pasado 17 de septiembre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves (en adelante, la Ley) y que nace con la finalidad de garantizar y proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos, respecto de la delincuencia transfronteriza.

En lo relativo a los delitos de terrorismo y delitos graves respecto de los que se pretende proteger a los ciudadanos y que se tratan de evitar y detectar con esta Ley, en el artículo 4 se reflejan todos aquellos cuya pena de prisión sea igual o superior a tres años, y entre los que podemos encontrar: la pertenencia a una organización delictiva, trata de seres humanos, explotación sexual de niños y pornografía infantil, tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, armas, municiones, explosivos, órganos,  tejidos humanos, materiales radioactivos o sustancias nucleares; corrupción, sabotaje, tráfico de vehículos robadosentre otros delitos.

En cuanto al proceso legislativo hasta la aprobación de la Ley, debemos señalar que se ha tratado de un proceso lento. En el año 2007 la Comisión Europea presentó la Propuesta de Decisión marco del Consejo sobre la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (Passenger Name Record – PNR) con fines represivos, con el fin de recoger y analizar los datos PNR (aquellos datos que figuraban en los expedientes de los pasajeros) de cara a prevenir y luchar contra los atentados terroristas y la delincuencia organizada, a raíz de los incidentes acaecidos el 11 de septiembre del año 2001.  

Con el objetivo de garantizar la seguridad, proteger la vida y seguridad de los ciudadanos de la UE y crear un marco jurídico para la protección y el tratamiento de los datos PNR, se adoptó en el año 2016 la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave.

Los Estados miembros contaban con un plazo de dos años para poder transponer a sus ordenamientos internos todas las disposiciones contenidas en la Directiva. En el mes de febrero de 2018 se publicó en España el Anteproyecto de Ley Orgánica, y dos años después, en marzo de 2020, el Proyecto de Ley Orgánica, para, finalmente, publicar el pasado mes la Ley Orgánica 1/2020, que entrará en vigor el próximo 16 de noviembre, a los dos meses de su publicación en el BOE.

En el presente artículo vamos a intentar dar respuesta a algunos de los interrogantes que se han ido planteando alrededor de esta normativa, la cual no está exenta de crítica. 

En primer lugar, ¿QUIÉNES SON LOS SUJETOS OBLIGADOS Y QUÉ DATOS SE VAN A RECABAR DE LOS PASAJEROS?

A este respecto debemos indicar que los sujetos obligados a recabar tales datos, tal y como se refleja en el artículo 3 de la Ley, serían los siguientes:

  • Compañías aéreas.
  • Entidades de gestión y reservas de vuelos, como operadores turísticos o agencias de viajes.

Ahora bien, si consultamos el Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del desarrollo del sistema de Registro de Nombres de Pasajeros (Proyecto PNR) (en adelante, Pliego de prescripciones), en concreto en la descripción general de las prescripciones técnicas, podemos observar que los datos que se recabarán también provendrán, además de los propios aeropuertos, de los trenes, hoteles, agencias de viajes, líneas de cruceros, tours operadores, sitios web, alquiler de coches y autobuses, así como sistemas de terceros, los Sistemas de Distribución Global (SDG), como Amadeus, Sabré, Galileo o Worldspan, y de las agencias gubernamentales que tengan registrados nuestros nombres.

          

Página 11 de 185

Nuestros Servicios

lopd

Protección de Datos

ver más +
Adec. web

Web, Apps, e-commerce

ver más +
compliance

Compliance

ver más +
mantenimiento

Seguridad de la información

ver más +
formacion

Formación

ver más +
play

prodat securityperson

DPD/DPO EXTERNALIZADO PRODAT EXTERNALIZACION DE LA FIGURA DEL DELEGADO DE PROTECIÓN DE DATOS

Prodat pone a su disposición el servicio de “DPO externalizado”. Prodat DPO realiza todas las funciones de obligado cumplimiento en algunas organizaciones públicas y privadas para que puedan concentrase en su negocio , con la tranquilidad de un servicio especializado...

prodatnou

NUEVA PLATAFORMA DE GESTION DE LA PRIVACIDAD PRODAT PRIVACY COREBOS

Como evolución natural de su anterior plataforma software de privacidad , surge para cumplir con las nuevas exigencias del RGPD Europeo
Con tecnología CoreBos y adaptada a las ventajas de los servicios en la nube. Esta herramienta constituye desde hace más de una década el corazón tecnológico de Prodat...

prodat securityformation

FORMACIÓN LA MEJOR HERRAMIENTA DE CUMPLIMIENTO RGPD

La finalidad esencial de la FORMACIÓN RGPD-PRODAT es difundir entre el personal de su organización la puesta en práctica de las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de lo establecido por la legislación vigente en materia de protección de datos principalmente adaptado a su sector de actividad...

Delegación  Galicia Delegación  Asturias Delegación Cantabria Delegación Euskadi Delegación Navarra Delegación  La Rioja Delegación Aragon Delegación Cataluña Delegación  Valencia Delegación Alicante Delegación Baleares Delegación Murcia Delegación  Castilla y León Delegación  Madrid Delegación  Castilla la Mancha Delegación  Extremadura Delegación Huelva Delegación  Cádiz Delegación Sevilla Delegación Málaga Delegación de Tenerife Delegación Las Palmas Delegación Portugal