La videovigilancia en la vía pública y sus requisitos de uso e instalación.

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Lunes, 04 Marzo 2019
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¿Alguna vez te has preguntado cuántas cámaras de vigilancia pueden captar tu imagen de camino a casa? Lo cierto es que, en nuestra sociedad de hoy día, vivimos rodeados de grandes hermanos que “vigilan” cada una de nuestras áreas de actividad personal y laboral: el supermercado, el banco, la farmacia, la calle, el Centro Comercial … etc.

Acostumbrados a ello, o no, las cámaras de videovigilancia son una realidad constatada en nuestra vida. Y no sólo eso, sino que el número de las mismas se ha visto aumentado exponencialmente a lo largo de los últimos años.

En lo que se refiere a la finalidad última perseguida con la instalación de estos dispositivos, esta puede ser muy variada: por seguridad, como medio de obtención de pruebas, para vigilancia o control laboral, como apoyo para la información meteorológica, para la promoción turística o, incluso, para el control y vigilancia del tráfico en nuestras ciudades y carreteras.

Es precisamente respecto a esta última finalidad mencionada, sobre la que centraremos el desarrollo del post de hoy. Para ello, tomaremos como punto de partida un reciente Informe publicado por la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) y en el cual, se aborda la legalidad sobre la instalación de cámaras fijas con fines de control del tráfico ubicadas, concretamente, en semáforos.

Ya lo comentábamos en nuestro post de la semana pasada (ver aquí); los dispositivos de videovigilancia pueden tener un carácter fijo o móvil. Y si bien, en el mencionado post, centrábamos nuestra atención en las cámaras móviles, en esta ocasión nos focalizaremos en las cámaras de videovigilancia fijas. ¿Son estás cámaras acordes a la legislación vigente?, ¿Qué requisitos han de cumplir para ello?

Recordemos que las cámaras que vigilan la vía y espacios públicos sólo pueden ser operadas, con carácter general, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así lo dispone la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos (en adelante, LO 4/1997) y el Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997 (en adelante, RD 596/1999).

Atendiendo a lo establecido en el marco normativo regulatorio descrito, así como en el Informe jurídico de la AEPD objeto de este artículo, las cámaras fijas instaladas deberán cumplir con el principio de proporcionalidad, de modo que el sistema escogido sea tal y como indica el artículo 6 de la LO 4/1997:

- Idóneo para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
- Ponderado o equilibrado por derivarse de su instalación más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre los derechos de honor, propia imagen e intimidad de los ciudadanos afectados.
- Necesario como consecuencia de la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana.

¿Quién será el órgano competente y encargado para instalar dichas cámaras de videovigilancia fijas?

Lo primero que hemos de indicar es que, tal y como recoge el artículo 3 de la LO 4/1997, la instalación de videocámaras de carácter fijo está sujeta al régimen de autorización. Serán las Administraciones públicas con competencia para la regulación del tráfico las que, a través de una resolución, previo informe preceptivo y vinculante de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de la Comunidad Autónoma correspondiente, autorizarán la instalación y el uso de las cámaras de videovigilancia. Así lo establece el artículo 2 de la disposición adicional única del RD 596/1999.  

En lo que se refiere al contenido de dicha resolución, es el propio artículo 3 de la LO 4/1997, el que recoge los requisitos que deberán tener las resoluciones que autoricen las instalaciones fijas:

¿VIDEOCÁMARAS DOMÉSTICAS O TELÉFONOS MÓVILES? No todo es válido para la Policía.

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Viernes, 22 Febrero 2019
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Son incontables las ocasiones en las que hemos podido ver en las redes sociales o también en los medios de comunicación, imágenes de actuaciones policiales, captadas incluso en primera persona por el agente del cuerpo de seguridad que participa en la misma.

El uso de videocámaras móviles como elementos de equipamiento, se ha vuelto casi indispensable para los agentes de la autoridad, debido a la necesidad de estos de mostrar la realidad de sus actuaciones en determinada clase de circunstancias.

Pero, ¿existen límites para realizar estas prácticas?, ¿pueden los agentes grabar a los ciudadanos con cámaras portátiles en cualquier circunstancia?

Estos son algunos de los interrogantes que los ciudadanos se plantean con frecuencia, preocupados por su privacidad, y que en esta publicación trataremos de clarificar.

Para ello, debemos de partir de la base de que es la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos (en adelante Ley Orgánica 4/1997), la que legitima a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para poder utilizar videocámaras con el fin de grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados. Encomienda que se ve favorecida con el uso de sistemas de grabación de imagen y sonido, permitiendo así, entre otras cuestiones, asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública. No nos olvidemos de que estos órganos tienen como cometido garantizar la seguridad ciudadana.

En definitiva, se establece en esta norma el régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades de los interesados, que deberán respetarse en las distintas fases de autorización, grabación y uso de las imágenes y sonidos obtenidos por las videocámaras.

Entonces, ¿cuáles son los requisitos que se han de cumplir para que el uso de videocámaras sea lícito?

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