¿VIDEOCÁMARAS DOMÉSTICAS O TELÉFONOS MÓVILES? No todo es válido para la Policía.

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Viernes, 22 Febrero 2019
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Son incontables las ocasiones en las que hemos podido ver en las redes sociales o también en los medios de comunicación, imágenes de actuaciones policiales, captadas incluso en primera persona por el agente del cuerpo de seguridad que participa en la misma.

El uso de videocámaras móviles como elementos de equipamiento, se ha vuelto casi indispensable para los agentes de la autoridad, debido a la necesidad de estos de mostrar la realidad de sus actuaciones en determinada clase de circunstancias.

Pero, ¿existen límites para realizar estas prácticas?, ¿pueden los agentes grabar a los ciudadanos con cámaras portátiles en cualquier circunstancia?

Estos son algunos de los interrogantes que los ciudadanos se plantean con frecuencia, preocupados por su privacidad, y que en esta publicación trataremos de clarificar.

Para ello, debemos de partir de la base de que es la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos (en adelante Ley Orgánica 4/1997), la que legitima a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para poder utilizar videocámaras con el fin de grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados. Encomienda que se ve favorecida con el uso de sistemas de grabación de imagen y sonido, permitiendo así, entre otras cuestiones, asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública. No nos olvidemos de que estos órganos tienen como cometido garantizar la seguridad ciudadana.

En definitiva, se establece en esta norma el régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades de los interesados, que deberán respetarse en las distintas fases de autorización, grabación y uso de las imágenes y sonidos obtenidos por las videocámaras.

Entonces, ¿cuáles son los requisitos que se han de cumplir para que el uso de videocámaras sea lícito?

Protección de Datos VS. Derecho a la Información.

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Lunes, 18 Febrero 2019
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Es muy probable que hayas oído hablar del derecho al olvido y te preguntarás, ¿Qué es exactamente? Pues bien, en este artículo nos vamos a centrar en explicar este derecho que todos los ciudadanos tenemos reconocido, como ya hemos hecho en otros artículos de nuestro blog pinchando aquí.

Para comenzar, nos gustaría recordar que el derecho al olvido es un concepto relacionado con el Habeas Data (derecho de control del individuo sobre sus datos o información personal, además de la exclusión de toda injerencia en su vida privada) y la protección de datos personales, el derecho al honor, intimidad e imagen, todos ellos Derechos Fundamentales reconocidos en nuestra Constitución (C.E).

Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):

El “derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano a impedir la difusión de información personal a través de Internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa”.

Además, indica la AEPD que este derecho incluye la posibilidad de limitar la difusión de datos personales, incluso cuando la publicación original sea legítima, cuando refiere que:

“La difusión universal e ilimitada de información que ya no tiene relevancia ni interés público a través de los buscadores causa una lesión a los derechos de las personas”.

Determinado el concepto del derecho al olvido, y si bien esta cuestión ya ha sido analizada en profundidad en nuestro blog (si te interesa este análisis pincha aquí), consideramos necesario mencionar que este derecho, se encuentra regulado por una parte en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de datos (RGPD), y por otra parte, exclusivamente en el ámbito de Internet, en el artículo 93 de la Ley Orgánica de Proteccion de Datos y de Garantías de los Derechos Digitales.

Una vez hemos recordado los conceptos y aspectos que rigen en el derecho al olvido, cabe destacar que la importancia de la reivindicación de este derecho viene ligado a grandes buscadores como puede ser Google, ya que basta con teclear el nombre de una persona, algo tan simple como un “click” para que podamos acceder a información relativa a la misma. Información que, aunque a simple vista parezca inofensiva, en muchos casos puede estar atentando contra los Derechos Fundamentales inherentes a esa persona y a su vez vulnerando los principios que rigen en el Derecho a la Protección de Datos.

A este respecto, consideramos necesario hacer referencia a la reciente Sentencia 12/2019 de 11 Enero, Rec. 5579/2017, del Tribunal Supremo, en la cual se viene a tratar lo siguiente:

La persona afectada por una supuesta lesión del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, está legitimada para fundamentar válidamente una acción de reclamación ante la entidad proveedora de los servicios del motor de búsqueda en internet, o ante la AEPD, cuando los resultados del motor de búsqueda ofrezcan datos sustancialmente erróneos o inexactos que supongan una desvalorización de la imagen reputacional que se revele injustificada por contradecir pronunciamientos formulados en una resolución firme.

En el caso que nos atañe, la persona afectada interpone su acción de reclamación ante Google, reconocida por la Audiencia Nacional mediante Sentencia, pero Google decide recurrir esta Sentencia ante el Tribunal Supremo. ¿Por qué? El gigante tecnológico considera que no está lesionando los derechos del interesado.

Sin embargo, en el fallo de la Sentencia, el Tribunal Supremo estima no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Google, reconociéndole a la persona afectada su Derecho al Olvido.

Este derecho al olvido de la persona afectada se fundamenta del siguiente modo:

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