La nueva LOPD ya está aquí. Los derechos digitales. Parte IV.

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Miércoles, 12 Diciembre 2018
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Ya es oficial. Tras dos años de intensos trabajos de elaboración y meses de espera para la aprobación del texto definitivo, el Boletín Oficial del Estado publicó, el pasado 6 de diciembre (BOE núm. 294), la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD), en vigor y con plenos efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín, esto es, desde el viernes 7 de diciembre.

¿Y ahora qué?

Este hecho implica, consecuentemente, y tal y como recoge la disposición derogatoria única de la nueva Ley, la derogación de la LOPD 15/1999, a excepción de sus artículos 22, 23 y 24, que siguen vigentes en tanto en cuanto no sean expresamente modificados, sustituidos o derogados; así como la derogación del Real Decreto Legislativo 5/2018 de medidas urgentes que el Ministerio de Justicia convalidó en el Parlamento, el pasado 27 de julio, para evitar un vacío legislativo hasta que esta nueva Ley se aprobara.

No son pocas las ocasiones en las que hemos indicado que la, ya, Ley Orgánica tiene como finalidad principal la adaptación a la legislación española en materia de protección de datos, de las premisas recogidas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (en adelante, RGPD). Sin embargo, las disposiciones que conforman el nuevo texto normativo van más allá, ya que amplían las obligaciones digitales de las entidades que recojan y lleven a cabo tratamientos de datos de carácter personal con un fin profesional.

¿Por qué motivo se dota de tal importancia a las obligaciones digitales de las entidades?

A día de hoy, es incuestionable el impacto que las nuevas tecnologías tienen en nuestra sociedad en general, y en el ámbito empresarial y educativo en particular, de tal manera que una gran parte de nuestra actividad profesional y privada se desarrolla en la Red. Por ello, y dando respuesta a la imperiosa necesidad de regular, unos derechos digitales, que sean acordes al modelo de vida de la sociedad actual, se crea el Título X denominado “garantía de los Derechos Digitales”.

Conscientes de su importancia, mediante el presente artículo, continuaremos con el análisis, ya comenzado hace unas semanas (post, posty post), de este novedoso Titulo, centrándonos, en esta ocasión, en el desarrollo de los derechos a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (artículo 86) y al olvido digital (artículos 93 y 94).

DERECHO A LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES.

Este derecho, se desarrolla en consonancia con el derecho de rectificación en Internet (artículo 85) ya analizado en el presente blog; concretamente con el apartado tercero de dicho artículo que establece que la atención a la solicitud de rectificación dirigida contra un medio de comunicación digital deberá ir acompañada de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo.

En consecuencia, es el artículo 86, el que articula ese derecho personalísimo que tienen los interesados a solicitar, motivadamente, de los medios de comunicación digitales, la inclusión de ese aviso aclaratorio junto a las noticias que le conciernan y siempre que la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual por el acaecimiento de circunstancias posteriores a la fecha de la publicación.

Como bien sabemos, la publicación de una noticia en los medios de prensa, se encuentra amparado en la libertad de expresión regulada en el artículo 20 de la Constitución Española. Sin embargo, es necesario que la información facilitada a través de dichas noticias sea una información veraz. Si a esto le sumamos que en el caso de que dichas informaciones se publiquen en portales web indudablemente conlleva un mayor efecto divulgativo, con su consecuente repercusión en la protección de datos del afectado; el derecho de actualización cobra una importancia todavía mayor.

Para la atención de este derecho, será necesario, tal y como recoge el precepto objeto del presente análisis, que la información reflejada en los medios de comunicación digital, y sobre la que se solicita una aclaración, cause al interesado un perjuicio para su persona.

¿Cuándo tiene especial relevancia la atención de este derecho de actualización?

La AEPD considera lícita la difusión a través de RRSS de una sentencia por malos tratos, amparándose en el interés legítimo de la víctima

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Viernes, 07 Diciembre 2018
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El uso de las redes sociales (RRSS), forma parte de nuestro día a día, y, de hecho, los servicios más utilizados en la red se prestan gracias a la información y datos personales que los usuarios aportamos, tanto a empresas como a otros usuarios. Esto requiere que seamos conscientes de los riesgos que puede entrañar tanto para nuestra propia seguridad y privacidad como para la de terceros.

Para abordar este tema, vamos hoy a referirnos al criterio que ha adoptado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en la Resolución del expediente N. º: E/01849/2018, a raíz de la denuncia interpuesta por un hombre (el denunciante) tras la difusión que dio su ex pareja (la denunciada) de la sentencia que le condenaba por incumplir la orden de alejamiento de la víctima que se le había interpuesto como responsable de un delito de violencia de género. (artículo 48 de nuestro Código Penal).

La sentencia completa fue difundida a través de un grupo cerrado de Facebook compuesto por 728 miembros del municipio donde ambos residían y, el fallo de dicha sentencia, a través de su estado de WhatsApp.

Hay que analizar si este supuesto encaja dentro del ámbito de aplicación previsto en la normativa de protección de datos personales:
- El artículo 2.2.a) LOPD 15/1999 dispone que “El régimen de protección de los datos de carácter personal no se aplicará a los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas”.

Además, el artículo 94 de la ya aplicable Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (LOPDGDD), el cual regula el “derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes”, excluye del ejercicio de este derecho, los datos facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas.

- En la misma línea, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) tanto en su Considerando 18 como en su artículo 2, refleja que lo dispuesto en el mismo no es aplicable para el tratamiento de datos que se desarrolle en el curso de actividades exclusivamente personales o domésticas y que, en consecuencia, no guarden conexión con actividades profesionales o comerciales.

Llegado este momento, cabe plantearse dos cuestiones:
1. ¿Qué debemos entender por actividades personales o domésticas en este ámbito?
2. ¿Queda entonces este caso fuera del ámbito de aplicación de la norma?

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