Absolución en el caso "SeriesYonkis"

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Viernes, 12 Julio 2019
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El pasado 21 de junio, la Magistrada de la Sección 4ª del Juzgado de lo Penal de Murcia, dictó sentencia absolutoria en materia de propiedad intelectual para los fundadores de la conocida web de enlaces “SeriesYonkis”.

Muchas son las voces discordantes con dicha resolución, empezando por el Ministerio Fiscal, como acusación particular, quien considera a los cuatro acusados autores de un delito continuado contra la propiedad intelectual, acto previsto y penado en los artículos 270, 271 a) y 74 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante, CP)

Tras la reforma operada por LO 5/2010, de 22 de junio, el artículo 270.2 CP indica lo siguiente:

“La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios".

Queda acreditado, y así lo señala la propia Sentencia, que la página web "SeriesYonkis" objeto de este artículo, contenía enlaces o hipervínculos estructurados, ordenados y clasificados según diferentes criterios: orden alfabético, género, contenido, últimos estrenos, últimas incorporaciones, pudiendo contener asimismo una sinopsis de la obra y de su carátula correspondiente. 

Por lo tanto, la nueva reforma del CP prevé expresamente la tipicidad penal de la conducta realizada por los creadores de la web, consistente en ofrecer listados ordenados y clasificados de enlaces a obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin las autorizaciones pertinentes, obteniendo así un beneficio indirecto (derivado de la publicidad que aparecía en la propia página web, no así del número de descargas del contenido audiovisual), a pesar de no ser los creadores de la web quienes propiamente hubiesen facilitado los enlaces a los contenidos protegidos, sino los propios uploaders.

Asimismo, el artículo 271.a) establece que:

“Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando se cometa el delito del artículo anterior concurriendo alguna de las siguientes circunstancias: a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica”.

Por otra parte, la acusación particular ejercida por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productos Audiovisuales) entiende, además de los preceptos anteriormente citados, vulneración de los apartados b) y c) del propio artículo 271 CP:

  • Art. 271. b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente, el número de obras, o de la transformación, ejecución o interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.
  • Art. 271.c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual.

La Entidad reclama a los creadores de SeriesYonkis una sanción cuyo importe asciende a un total de 546.166.421€ por infracción del artículo 74CP.

FAQs WhatsApp: ¿cómo afectan sus condiciones de uso al envío de comunicaciones a nuestros clientes?

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Martes, 09 Julio 2019
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WhatsApp es una plataforma de mensajería privada que fue originalmente diseñada como una herramienta de uso personal para que las personas enviaran mensajes a sus familiares y seres queridos.

Hoy en día, son muchas las empresas que utilizan WhatsApp como herramienta empresarial en su día a día para ponerse en contacto con sus clientes, en el mantenimiento de las relaciones contractuales existentes.

Recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD), ha archivado las actuaciones en el procedimiento E/01824/2019, en una reclamación presentada contra VODAFONE, por intentar comunicarse con un usuario a través de WhatsApp, procedimiento que no tiene autorizado expresamente.

Pues bien, el artículo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD), dispone que el tratamiento es lícito cuando es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Es por lo que, en este supuesto, el dato del número de teléfono se utiliza dentro de la relación contractual. Dado que en el presente supuesto la actuación de la entidad reclamada se encuadra en el apartado b) del citado artículo, la AEPD resuelve que no existe vulneración en materia de protección de datos.

Si bien es cierto que en esta Resolución la AEPD concluye que es lícito el uso del dato del teléfono para ponernos en contacto con nuestros clientes vía WhatsApp, amparado en la existencia de una relación contractual, en lo que a comunicaciones comerciales por medios electrónicos se refiere, debemos acudir a lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante LSSI) que establece como regla general, la obligación de recabar el consentimiento de forma previa, expresa e informada acerca del tipo de tratamiento de datos y su finalidad, con advertencia sobre el derecho a denegar o retirar el consentimiento.

En este sentido conviene recordar al respecto, un informe jurídico de la AEPD en cuanto al envío de comunicaciones comerciales vía electrónica se refiere:

La remisión de comunicaciones comerciales por medios electrónicos se encuentra regulada por el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, cuyo apartado 1 dispone claramente que:

“Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas”.

No obstante, se permite el envío de comunicaciones comerciales a aquellos usuarios con los que exista una relación contractual previa, en cuyo caso la entidad podrá enviar publicidad sobre productos o servicios similares a los contratados por el cliente.

En todo caso, la entidad deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.

La Ley obliga, además, a las entidades a habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado, así como a facilitar información accesible por vía telemática sobre dichos procedimientos.

De este modo, el citado artículo 21 LSSI opera como límite, al que habrá de estarse en todo caso, cuando las acciones de mercadotecnia o publicidad se lleven a cabo a través de medios electrónicos, al establecerse para estos supuestos la regla general del consentimiento expreso del interesado para su realización, a menos que dichas acciones se refieran a “productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente”.

A estos efectos, señala el informe anteriormente citado, que la Ley 34/2002 constituye una norma especial en relación con estas actividades, por lo que no podría acudirse para resolver la cuestión planteada en este punto a las previsiones del reglamento general de protección de datos, sino que habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en esta norma especial cuando las comunicaciones se lleven a cabo a través de medios electrónicos.

Por tanto, el régimen aplicable a las comunicaciones comerciales por medios electrónicos, en cuanto normativa específica, prevalece frente al régimen general del Reglamento de protección de datos, sin que la aprobación del mismo implique obligaciones adicionales, y sin perjuicio de que deba de procederse a la revisión de la Directiva 2002/58/CE para garantizar su coherencia con el RGPD.

Estas reglas son también aplicables al envío de mensajes publicitarios por otros medios de comunicación electrónica individual equivalente, como el servicio de mensajería de la telefonía móvil (WhatsApp).

¿Pero, como afecta a esta cuestión el reciente anuncio de la plataforma de mensajería?

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