EL TS: CONFLICTO DERECHO AL HONOR VS. LIBERTAD DE EXPRESIÓN

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Viernes, 13 Septiembre 2019
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¿Conflicto? Probablemente a nadie le resulte novedoso pues, no en pocas ocasiones, se ha puesto en duda cuál de los dos derechos ha de prevalecer sobre el otro en caso de confrontación. Y lo cierto es que no existe un pronunciamiento absoluto pues, con el paso de los años, la respuesta jurisprudencial que hemos obtenido a esta pregunta no siempre ha sido la misma.

Pues bien, el Tribunal Supremo (en adelante, el TS) se ha vuelto a pronunciar, con su sentencia 429/2019 del pasado 16 de julio, sobre qué derecho tiene una posición preferente respecto del otro, poniendo así, de nuevo, sobre la mesa este histórico conflicto.

Pero antes de entrar en el análisis de la fundamentación esgrimida por el alto tribunal en su sentencia, consideramos necesario recordar:

- Que ambos derechos tienen un carácter fundamental y, cómo tales, se encuentran reconocidos en la Constitución Española (en adelante CE), en los artículos 18.1 (derecho al honor) y 20.1 letras a y d (libertad de expresión).
- Que la libertad de expresión tiene su límite en el respeto al resto de derechos reconocidos en el Título I de la CE, y en los preceptos de las leyes que lo desarrollen, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen (…) (artículo 20.4 CE).

Ambos derechos, en el contexto que nos ocupa, entraron en conflicto en el año 2013, a raíz de unas acusaciones vertidas por un concejal del partido político de la oposición al, por aquel entonces, partido que gobernaba en la localidad malagueña de Torremolinos, y mediante las cuales, se ponía en duda el buen hacer del partido en la alcaldía. En aras de salir al paso de las informaciones publicadas, dicho partido emitió una nota de prensa, que fue publicada en la edición impresa de un periódico local y con una repercusión directa en el canal de televisión también local. Fue en dicha nota de prensa, a la que acompañaba una fotografía del concejal de la oposición ahora demandante, en la que se indicaba su carácter “mentiroso”, “rastrero” y “con desprecio por la verdad.

Estos hechos fueron denunciados en el curso de un procedimiento ordinario, con número 1396/2015,  instado al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por considerarse, los mismos, como constitutivos de una intromisión al derecho al honor del demandante. Vistos los hechos por el juzgado de primera instancia, se emitió sentencia considerando la existencia de una vulneración del derecho al honor del demandante como consecuencia de los insultos proferidos por la parte demandada por considerarlos “(…) innecesarios, excesivos, desproporcionados y, por tanto, no justificables ni siquiera en el contexto de contienda política sobre un asunto de interés general en el que se profirieron (…)”. Esta sentencia fue confirmada, en segunda instancia, por la Audiencia Provincial de Málaga (en adelante AP), en su STC 1224/2016, de 26 de octubre de 2016.

¿Qué dice, entonces, el TS?

EL IMPACTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS SOBRE EL SECTOR DE LOS VIDEOJUEGOS

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Martes, 10 Septiembre 2019
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El sector de los videojuegos se encuadra dentro del sector de la información y comunicación, también conocido como sector TIC. En sentido estricto, el sector TIC se compone de cuatro sectores: edición, medios audiovisuales (cine, música, video y televisión), telecomunicaciones y procesamiento de datos (programación, consultoría informática y servicios de información).

Se puede afirmar que el sector de los videojuegos ha aumentado exponencialmente con el paso del tiempo, especialmente en los último 5 años. Dicha información se puede confirmar en el último informe presentado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) donde viene definir el impacto total sobre la producción del sector del videojuego y su efecto sobre la economía española, produciendo un valor que llegó a superar los 3.000 millones de euros.
Ahora bien, debido a la inmensa cantidad de datos que se mueven dentro de la industria de los videojuegos, en especial dentro de los denominados juegos online o dentro del sector de los esports, es necesario tener en cuenta el impacto de la normativa en materia de Protección de Datos sobre dicho sector.

Para poder analizar el impacto en materia de Protección de Datos, se deberá tener en cuenta la siguiente normativa:

  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en adelante “RGPD”.
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en adelante “LOPDGDD”.

Una vez definida la normativa, las claves a tener en cuenta deben ser las siguientes:

1. Política de Privacidad: deber de informar y consentimiento del interesado.

Cuando la compañía de videojuegos actúe como responsable del tratamiento al recabar datos de los jugadores deberá informar de manera clara, sencilla y concisa sobre las circunstancias relativas al tratamiento de datos del interesado. La manera más habitual de informar al interesado es mediante la aceptación de la Política de Privacidad cuando se registra como usuario. Dentro de dicha Política de Privacidad, la compañía deberá informar de lo siguiente:

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