Nota de prensa de la Agencia Española de Proteccion de Datos. Mediante una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno a apoyar e impulsar la difusión de los estándares.

• Junto con la iniciativa aprobada por unanimidad el pasado 13 de abril por el Pleno del Congreso, este acuerdo supone un impulso de las Cortes Generales en el reconocimiento de la Resolución de Madrid y la importancia de promover los estándares internacionales
• La moción del GPP en el Senado insta al Gobierno a apoyar institucionalmente la promoción de los estándares, así como a promoverlos en el seno de la UE, Ibero América y en las organizaciones internacionales relevantes
• El GPP considera que no hay mejor momento que este, en el que España ostenta la Presidencia de turno de la UE, para que el Gobierno se implique, además, en la consecución de un convenio a escala mundial
• La Propuesta Conjunta de Estándares Internacionales para la Protección de la Privacidad fue adoptada en noviembre por Autoridades de Protección de 50 países mediante la “Resolución de Madrid”
• Recogen un conjunto de principios que constituyen la base para el desarrollo de un instrumento vinculante a escala internacional, que contribuya a una mayor protección de los derechos y a respetar las necesidades mínimas de privacidad de los ciudadanos de todo el mundo.

               En Madrid, el 28 de abril de 2010 el Pleno del Senado ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) por la que se insta al Gobierno a apoyar institucionalmente las actividades de difusión y promoción de la Propuesta Conjunta de estándares internacionales de privacidad, adoptada en la 31
               Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos, conocida como “Resolución de Madrid”. La moción urge, asimismo, a promover los estándares en el seno de la UE, en la Comunidad Iberoamericana y en las organizaciones internacionales relevantes.
               Este acuerdo, junto con la iniciativa aprobada por unanimidad el pasado 13 de abril por el Pleno del Congreso, supone un impulso de las Cortes Generales en el reconocimiento de la Resolución de Madrid y la importancia de promover los estándares internacionales de privacidad en el contexto internacional.
               La senadora popular proponente, María Rosa Vindel, ha destacado que “no hay mejor momento” que este, en el que España ostenta la Presidencia de turno de la UE, para que el Gobierno se implique en la promoción y difusión de los estándares internacionales de privacidad y, especialmente, en la consecución de un convenio a escala mundial, tarea que ha calificado “tan ambiciosa como apasionante”. Vindel ha puesto de manifiesto que “un derecho vale lo que valen sus garantías”, quien ha recalcado que “lo que estamos haciendo es asegurar el derecho fundamental del artículo 18 de la Constitución”.
               Por su parte, la senadora del Grupo Nacionalista, Miren Lore Leanizbarrutia, se ha mostrado de acuerdo con la propuesta presentada por el GPP y ha puesto de relieve la necesidad de que exista una normativa de ámbito internacional. Asimismo, ha incidido en la importancia de que los niños y adolescentes -que cada vez hacen un uso más temprano de las nuevas tecnologías- tengan acceso a la información relacionada con la protección de datos y la privacidad.
               Miquel Bofill, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), que ha fijado la posición de su grupo votando favorablemente a la moción del GPP, se ha unido a la propuesta de apoyo institucional a los estándares internacionales de privacidad, haciendo hincapié en la importancia de éstos para aquellos países que no tienen legislación en materia de protección de datos, así como para el ámbito de Ibero América.
                Finalmente, en representación del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), Anselmo Francisco Pestana, también se ha mostrado a favor de la moción popular. Pestana ha recordado que el riesgo existente en la actualidad de perder la privacidad y ha confiando en que con la propuesta de estándares internacionales de privacidad, “el reconocimiento de ese derecho esté garantizado”.
Origen
               La Propuesta Conjunta de Estándares Internacionales para la Protección de la Privacidad fue adoptada por las Autoridades de Protección de 50 países reunidas en el marco de la 31 Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad, mediante la adopción de la “Resolución de Madrid”. Se trata de una propuesta de mínimos internacionales que recogen un conjunto de principios y derechos que permitan alcanzar el mayor grado de consenso internacional y que sirvan de referencia a los países que no gozan de un marco legal e institucional de protección de datos.            

                Este documento, elaborado bajo la coordinación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), trata de plasmar los múltiples enfoques que admite la protección de este derecho, integrando legislaciones de los cinco continentes. En este sentido, constituye la base para el desarrollo de un instrumento vinculante a escala internacional, que contribuya a respetar las necesidades mínimas de privacidad de los ciudadanos de todo el mundo.
Contenido de la resolución: articulado y principios básicos
               La propuesta de estándares internacionales tiene por objeto definir un conjunto de principios y derechos que garanticen la efectiva protección de la privacidad a nivel internacional, así como hacer más fácil el flujo internacional de datos personales, imprescindibles en un mundo globalizado. Entre los principios básicos que deben regir la utilización de datos personales e inspiran el documento, se encuentran los de lealtad, legalidad, proporcionalidad, calidad, transparencia y responsabilidad; todos ellos son comunes a los diferentes textos legales existentes en las diversas regulaciones en la materia y cuentan con un amplio consenso en sus respectivos ámbitos geográficos, económicos o legales de aplicación.
               La Propuesta Conjunta de Estándares Internacionales de Privacidad recoge, asimismo, la necesidad de la existencia de autoridades de supervisión, y de que exista una cooperación y coordinación entre los diferentes estados. Además, contempla un conjunto de derechos, como el de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y la forma de ejercitarlos.

               También incluye deberes como el de seguridad de los datospersonales -a través de las medidas que resulten idóneas en cada caso- o el de confidencialidad, que afecta tanto a la persona responsable como a quienes intervengan en cualquier fase en la que se manejen datos personales.

               El texto establece los requisitos que deben cumplirse para la legítima recogida, conservación, utilización, revelación o supresión de datos personales, como por ejemplo, la previa obtención del consentimiento libre, inequívoco e informado por parte de la persona que facilita los datos. El documento se detiene a definir los datos sensibles, como aquellos que afectan a la esfera más íntima de la persona o cuya utilización indebida pueda dar origen a una discriminación ilegal o arbitraria, o conllevar un riesgo grave para la misma.
               Por otra parte, el texto recuerda que, como regla general, podrán realizarse transferencias internacionales de datos personales cuando el Estado al que se transfieran los datos ofrezca, al menos, el nivel de protección previsto en el documento, o cuando quién pretenda transferir los datos, garantice que el destinatario ofrecerá el nivel de protección requerido, por ejemplo, mediante las cláusulas contractuales apropiadas.
              Uno de los capítulos más relevantes del documento es el referido a las medidas proactivas, por el cual se insta a los Estados a promover el mejor cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección de datos, a través de instrumentos como el establecimiento de procedimientos destinados a prevenir y detectar infracciones, o la realización periódica de programas de concienciación, educación y formación.