Nuestra vida privada no está en juego solamente en las redes sociales. La mayor parte de las empresas de la red trata y acumula datos personales, a veces incluso los vende.
Nombres, números de teléfono, dirección de correo electrónico: para comprar o acceder a servicios en línea, los internautas no tienen más remedio que proporcionar esa información.
Ante los titulares sensacionalistas que hemos podido leer sobre la sentencia de 8 de febrero de 2012 del Tribunal Supremo, que anula el art. 10.2.b del Real Decreto 1720/2007, no está de más realizar algunas aclaraciones. No es cierto que se pueda comerciar libremente con nuestros datos, ni tampoco se mutila la protección de datos, según han dicho algunos medios.

