El porcentaje de compañías españolas que han inscrito sus ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos alcanza sólo el 16%, a pesar de que se trata de una obligación que han de cumplir todas las empresas. Por ello, el número de sanciones que está imponiendo la Agencia está aumentando en los últimos meses.

El problema radica en que el 66% de las empresas desconoce esta obligación que impone la Ley de Protección de Datos desde 1999.

Las sanciones por no inscribir los ficheros en la Agencia oscilan entre los 600 y los 600.000 euros, en función de su gravedad. España es, de hecho, el país de la Unión Europea con las penalizaciones más cuantiosas por este tema.

Por ello, el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos "se puede convertir en los próximos meses en uno de los principales quebraderos de cabeza de las empresas españolas, dado el mayor control que se está realizando desde la Administración, así como el incremento de denuncias de particulares".

Las exigencias de la Ley de Protección de Datos se vieron reforzadas, además, con la entrada en vigor de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico de 2002. El objetivo de ambas normas es proteger la intimidad de las personas físicas mediante un adecuado tratamiento de sus datos.