Boletín nº1 Enero 2011

France Telecom España SA

Con fecha de 15 de marzo de 2008, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido por D. A.A.A., en el que expone que ha abonado el importe de 174,29 euros, correspondientes a la deuda que mantenía con ORANGE/France Telecom España, S.A., (en lo sucesivo FT o la denunciada). Añade que ha enviado en varias ocasiones a la entidad y a Asnef los justificantes del banco donde abonó dicho importe y sin embargo sigue incluido en el fichero Asnef. Manifiesta que en el momento en que contrajo las deudas con la operadora tenía dos números de teléfono, uno particular y otro de empresa, y que nunca llegó a saber el importe exacto de la deuda. Sin embargo, ingresó el dinero en el número de cuenta que la entidad tenía destinado para abonar las deudas. Pese a esto, comenzó a recibir cartas de Asnef en las que le reclamaban 174,29 euros, importe que había abonado en tres pagos diferentes.

El denunciante ejerció por dos veces ante Asnef Equifax, S.L. el derecho de cancelación de sus datos, mediante escrito que tuvo entrada en Asnef el 25 de febrero de 2008. Asnef Equifax,S.L. respondió, mediante carta de fecha 4 de marzo de 2008, que sus datos habían sido confirmados por la entidad.

F.T. no ha acreditado en ningún caso haber efectuado el preceptivo requerimiento de pago previo al deudor, como tampoco la recepción por el denunciante de tal requerimiento.( el requerimiento ha de realizarse de manera que se tenga constancia de su recepción por los destinatarios, pues la exhibición de una carta, en relación con las cuales no consta no ya su recepción sino, ni siquiera, su envío, no permite tener por cumplida la citada exigencia.)

De lo expuesto se concluye que F.T. incluyó los datos del denunciante con fecha de alta y baja, respectivamente el 3 de enero de 2008 y el 11 de marzo de 2008, sin que conste acreditado que efectuó el preceptivo requerimiento previo de pago al deudor. En consecuencia, los hechos anteriormente expuestos son contrarios al principio de calidad de los datos consagrado en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con el 29.4 de la referida norma.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a la entidad France Telecom España SA, por la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, tipificada como grave, una multa de 60.101,21 €.





D. E.E.E.

Con fecha 23 de abril de 2009, tuvo entrada en la AEPD escrito remitido por la denunciante en el que denuncia que el denunciado, con domicilio en la (C/...............), ha procedido a la instalación de dos cámaras de videovigilancia en su vivienda, una enfocada a la (C/...............) y la segunda instalada en la pared trasera de su vivienda captando imágenes de la denunciante. Adjunto a su denuncia aportó 8 fotografías, en las que se observa la existencia de carteles informativos que indican el detalle de la empresa instaladora de pero sin identificación del responsable

En el presente procedimiento consta acreditado que el sistema de video vigilancia utilizado por la entidad imputada permitía la captación y tratamiento de imágenes, como mínimo, de los clientes y del personal del establecimiento que se encontraran en la zona de la vía pública objeto de enfoque de las cámaras ubicadas en la fachada del local, recogiendo, por lo tanto, información concerniente a personas identificadas o identificables, motivo por el que, la captura de dichas imágenes a través de las dos cámaras de video vigilancia y su posterior visualización a través del monitor emplazado en el local constituyen un tratamiento de datos de carácter personal al amparo de la LOPD y dentro del ámbito de aplicación de la reseñada Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, y, por lo tanto, sometido a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la LOPD.

En las fechas en que acaecieron los hechos probados, la prestación de servicios de seguridad que comporta en el tratamiento de imágenes en ámbitos privados sólo podía realizase por una empresa de seguridad privada autorizada por el Ministerio del Interior. De este modo, la LSP habilitaría que los sujetos previstos en su ámbito de aplicación podían instalar dispositivos de seguridad, entre los que podrían encontrarse las cámaras, siempre con la finalidad descrita en el citado artículo 1.1 de la LSP.

Relacionando las señaladas normativas de protección de datos y de seguridad privada con los hechos objeto del expediente, se constata que el responsable del tratamiento trató los datos de carácter personal procedentes de las imágenes captadas por las cámaras sin disponer de cobertura legal para dicho tratamiento, puesto que se ha acreditado que la instalación se realizó en la vía pública. De este modo, la captación de imágenes por dichas cámaras, comportaba la realización de un tratamiento de datos de carácter personal sin cumplir con lo dispuesto en la normativa reguladora de protección de datos.

Se constata que la persona denunciada trató imágenes de la vía pública o que se encontraban en el exterior de la vivienda del denunciado, procedentes de las cámaras exteriores, lo que supone la realización de un tratamiento de datos de carácter personal sin contar con la cobertura de la LSP a los efectos del principio del consentimiento, toda vez que dicha norma resulta de aplicación únicamente a los espacios y entornos privados. Ha de tenerse en cuenta que la prevención del delito y la garantía de la seguridad en las vías públicas corresponden en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, la regla general es la prohibición de captar imágenes de la calle desde instalaciones privadas.

Es por ello que el tratamiento de imágenes obtenidas de la vía pública por la responsable del tratamiento, en este caso la persona denunciada, comporta la realización de un tratamiento de datos personales de los viandantes. Por lo tanto, independientemente de que el sistema de video vigilancia hubiera sido instalado, o no, conforme a la normativa de seguridad privada, la persona imputada no estaba autorizada a utilizar cámaras de video vigilancia que captasen imágenes de la vía pública.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a la entidad D. E.E.E., por la infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave, una multa de 1.000 €.