Fuente: FARO DE VIGO

Los empresarios defienden la legalidad de las cámaras en Príncipe y el Movemento polos Dereitos Civís adelanta que las denunciará.

Visiones diametralmente opuestas. Las cámaras de videovigilancia en zonas comerciales son para el Movemento polos Dereitos Civís de Galicia una intromisión en la intimidad de los ciudadanos, mientras que para los empresarios vigueses representan una garantía de seguridad._"Desde el punto de vista legal, su instalación en Príncipe es perfectamente viable", sostiene Raúl Vázquez, del gabinete Vázquez & Garriga, que representa los intereses del Centro Comercial Aberto de Vigo. En el extremo contrario, Renato Núñez, portavoz del grupo que ya consiguió la retirada de los dispositivos en Compostela por orden del juzgado, sostiene que en el caso de esta concurrida calle viguesa "están injustificadas y supondrían un incumplimiento claro de la Ley de Protección de Datos española". Adelanta que serán denunciadas como ocurrió con las de Santiago.

Su colocación en el corazón comercial de la ciudad está en suspense. Los empresarios defienden la legalidad de los dispositivos, pero reconocen que estudiarán "la necesidad de realizar la inversión precisamente ahora que han descendido notablemente los hurtos en la zona".

Aplazada
No renuncian a echar mano de la tecnología para mejorar la seguridad en la zona a medio plazo, pero no tomarán la decisión hasta que se aclare la situación de las cámaras instaladas en Santiago y se pueda analizar al detalle los defectos de forma y tramitación que pudo cometer el Ayuntamiento compostelano en la solicitud de autorización.

Uno de los principales argumentos a favor que esgrimen letrados y el gerente del Centro Comercial Aberto, Enrique Macías, es la aplicación de videovigilancia en grandes ciudades españolas y en buena parte de Galicia, aunque cabría destacar que casi en su totalidad han sido denunciadas por el Movemento polos Dereitos Civís.

El grupo consiguió retirar las de Santiago, descubrió que las de Lugo tenían el permiso caducado, que carecían de él en el municipio de Ares y también denunció las cámaras del Marco ante la Agencia de Protección de Datos y posteriormente en los juzgados, que aún no se han posicionado sobre su conveniencia, ya que enfocan a la calle.