Fuente: Diario de Burgos

Una treintena de burgaleses interpuso denuncia por vulneración de intimidad. Peligro. «El reverso de la sociedad de la información es la sociedad de la vigilancia», advierten desde la Junta Arbirtral de Consumo

Particulares y empresas de Burgos presentaron durante el año pasado 31 denuncias por la vulneración de sus datos personales a la Agencia de Protección de Datos, que tramitó cuatro procedimientos sancionadores según consta en la memoria elaborada por este organismo y que se acaba de hacer pública. Estas reclamaciones, que han registrado un incremento a nivel nacional del 75 por ciento con respecto al año anterior, estaban relacionadas con las redes sociales de internet, la videovigilancia y la inclusión indebida en listas de morosos. En Burgos el aumento es todavía más llamativo, ya que en 2008 sólo se produjeron cuatro denuncias, por lo que se han disparado un 775 por ciento en 2009. Además, hasta un total de once burgaleses solicitaron a este organismo que les prestara asesoramiento y ejerciera la tutela de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos ante otras entidades.

Por otro lado, de las más de 25.000 pequeñas, medianas y grandes empresas de la provincia de Burgos, sólo 5.134 han registrado hasta la fecha en la AGPD sus ficheros (cuyo número asciende a 11.982), a pesar de que desde hace diez años una ley obliga a empresas y entidades a inscribir esos ficheros en el registro de protección de datos, siendo los de telecomunicaciones, entidades financieras, sanidad, seguros y venta a distancia los sectores más infractores, según revela la memoria publicada por este organismo.

«El ascenso del número de denunciantes es solo la punta del gran iceberg de los afectados por los incumplimientos, pero muestra -y esto es lo importante- la negativa del consumidor a soportar que se abra sin su consentimiento la puerta de su intimidad», explica María Jesús Jabato, presidenta de la Junta Arbitral de Consumo de Burgos. El avance imparable de la tecnología y la técnica, señala, han propiciado un escenario «en el que somos especialmente vulnerables. El reverso de la sociedad de la información es la sociedad de la vigilancia: los datos e imágenes alojados en las redes sociales y en internet, las videograbaciones de cámaras de seguridad instaladas en calles y establecimientos comerciales, los rastros de llamadas en los archivos de las teleoperadoras o la cesión de datos con fines comerciales o publicitarios, hacen que la única parcela de intimidad que nos queda sea el pensamiento». Jabato considera que es preciso extremar las precauciones y denunciar los incumplimientos de una ley «cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar».

Las reclamaciones contra operadoras de telefonía registradas en la Junta Arbitral de Consumo de Burgos, apunta su presidenta, muestran el incumplimiento reiterado de la norma de Protección de Datos derivado de esta última causa: «Consumidores que nunca se han relacionado con la empresa que les factura, que no han prestado consentimiento al contrato que se les propone, que se han visto suplantados tras el robo de su documentación, que han sufrido errores de la operadora en la emisión de las facturas o en la domiciliación de los cargos, han sido incluidos en los ficheros de solvencia o no han obtenido la cancelación de los datos tras el pago de sus facturas. La lista de incumplimientos es larga y las reclamaciones ante la Junta Arbitral se multiplican como consecuencia de la extensión en nuestra ciudad de la cultura arbitral, que mueve al consumidor a reclamar para obtener la restitución de sus derechos en cuanto tal. Y es en este punto preciso donde se impone, además, la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos a fin de que se produzca, en su caso, la sanción por la vulneración de la norma».

La Memoria

La Memoria constata que los procedimientos sancionadores resueltos por la AGPD se incrementaron cerca de un 13 por ciento, alcanzando los 709, de los cuales 621 culminaron con la imposición de sanción. Dentro del capítulo de sanciones económicas, las multas impuestas han ascendido hasta los 24,8 millones de euros, lo que supone un incremento que roza el 13 por ciento, siendo 8 de cada 10 graves o muy graves. Los sectores que más sanciones acumularon fueron el de las telecomunicaciones -principalmente por inclusión indebida en ficheros de morosidad y contratación fraudulenta de servicios-, la videovigilancia, el sector financiero -principalmente por inclusión indebida en listas de morosidad, junto con casos de vulneración del deber de seguridad y secreto- y las comunicaciones electrónicas comerciales y spam. De todas, las memoria de la agencia hace especial hincapié en la videovigilancia y la morosidad.