FUENTE: LA VOZ DE GALICIA
La Agencia Española de Protección de Datos ha dictado un acuerdo de inicio de procedimiento sancionador contra la empresa de seguridad Protese , que, según este expediente, es la responsable de la instalación de un sistema de vigilancia en una vivienda del embajador en el Vaticano y ex alcalde coruñés, Francisco Vázquez, situada en la calle Tabernas , pero con un salida de garaje a la calle Parrote , lugar en el que están las cámaras de seguridad. De confirmarse, la empresa se enfrentaría a una multa de entre 60.000 y 300.000 euros.
El procedimiento se inició tras una denuncia del Movemento Polos Dereitos Civís realizada en agosto del 2007. En ella se hace mención al incumplimiento de la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos, por la ausencia del deber de información (colocación de un distintivo que advierta de la existencia de cámaras en un lugar visible del inmueble) y de notificación de ficheros (comunicar este hecho a la Agencia de Protección de Datos para su inscripción en un registro general).
La agencia, en una inspección realizada el 25 de junio del 2008, constató tanto la ausencia de los distintivos anteriormente mencionados, como la información relativa al procedimiento con el que los ciudadanos pueden ejercitar sus derechos sobre las imágenes que esas cámaras pudieran grabar.
En las indagaciones, se encontró un equipo que el hijo de Francisco Vázquez identificó como el dispositivo que controla la grabación de imágenes, si bien advirtió que no se visualizaban en ningún monitor. Vázquez dijo: «La instalación se hizo siendo yo alcalde de la ciudad y estrictamente por motivos de seguridad». Y añadió: «Se debe a mi situación de amenazado por el terrorismo».
En la documentación aportada al procedimiento se constata que la instalación de las cámaras se regula mediante un contrato con la empresa Protese , con sede en Lugo. Juan Copa, el director de la firma, indica al respecto que la relación contractual que su firma tiene con Vázquez se limita a la recepción de alarmas, su verificación y el aviso en la policía en el caso de que sean fundadas. Copa sostiene que las cámaras no fueron instaladas por su empresa y que esta no tienen ningún tipo de acceso a las imágenes que puedan recoger. |
